El 3 de julio de 2014, Misty Mayo subió a un autobús de Greyhound con destino a Los Ángeles. Desesperada por escapar de su ciudad natal, Modesto, en el condado de Stanislaus, a 300 millas al norte, en el Valle Central de California, la mujer de 41 años pensó que los fuegos artificiales del 4 de julio en Los Ángeles serían el antídoto perfecto.
Ni siquiera un atraco en la estación de autobuses de Modesto la disuadió. Cuando llegó a Los Ángeles a la mañana siguiente, con apenas unos dólares en el bolsillo, Misty preguntó de inmediato a un agente de policía cómo llegar al espectáculo de fuegos artificiales. También sabía que tendría que encontrar una farmacia de Target para renovar su receta, pero decidió que podía esperar hasta más tarde.
Más tarde llegó y pasó. Sin dinero y en una ciudad desconocida, Misty encontró demasiado confuso el sistema de autobuses. Cuanto más tiempo pasaba sin su cóctel de antipsicóticos para mantener a raya los peores síntomas de su trastorno esquizoafectivo, más difícil le resultaba recordar que siquiera necesitaba medicación. Bajo el sofocante calor de julio, Misty deambulaba por las calles de Santa Mónica, intentando dormir unos minutos donde pudiera. La mayor parte del tiempo, tenía demasiado miedo para dormir.
El empeoramiento del estado mental de Misty la volvió combativa y paranoica. Apenas recuerda ese período, pero los registros hospitalarios muestran una serie de hospitalizaciones psiquiátricas durante julio y agosto. La arrestaron al menos una vez. Para entonces, Misty ya no reconocía que tenía un problema de salud. No es de extrañar que, al salir del hospital, no tomara sus medicamentos, y el ciclo se repitiera una y otra vez.
De vuelta en Modesto, la preocupación de Linda, la madre de Misty, se convirtió en pánico a medida que pasaban los días sin noticias de su hija. Denunció su desaparición y, la siguiente vez que la policía detuvo a Misty por una nueva infracción, Linda recibió una llamada telefónica. Sin embargo, saber dónde estaba su hija no significaba que pudiera ayudarla, y Linda veía con horror y miedo cómo se deterioraba.
«De verdad, no hay nada que podamos hacer. La única forma de que reciba ayuda es que la ingresen en el hospital, y solo la ingresarán si supone un peligro para sí misma o para los demás», dice Linda. Deambular por las calles y gritar a desconocidos, sin comida ni agua suficientes, no cumplía ese criterio.
Linda creía que Misty necesitaba un programa que la obligara a tomar los medicamentos que la habían ayudado en Modesto, sin tener que ingresarla en el hospital. Una ley de California podía hacerlo posible, pero aún no se había aprobado en el condado de Stanislaus. Conocida como la Ley de Laura, permite que los tribunales ordenen lo que se conoce como tratamiento ambulatorio asistido (AOT, por sus siglas en inglés) para personas con enfermedades mentales graves que cumplan criterios específicos, entre ellos haber estado hospitalizadas o haber sido arrestadas anteriormente, no cumplir con el tratamiento ambulatorio y volverse peligrosas para sí mismas o para los demás.
Sin embargo, la ley también tiene detractores. Los defensores de los derechos civiles sostienen que el Estado no debería tener derecho a privar a alguien de sus libertades mediante un tratamiento forzoso. Algunos psiquiatras afirman que el AOT sencillamente no funciona. La lucha de Linda por lograr que se aprobara la Ley de Laura en Modesto, junto con las experiencias de Misty en Los Ángeles, pone de relieve la batalla de alto riesgo por encontrar las mejores formas de ayudar a las personas con enfermedades mentales graves que, como Misty, quizá no reconozcan su propia afección.
Como destacado neurólogo del Hôpital de la Pitié de París, Joseph Babinski estaba acostumbrado a observar fenómenos de todo tipo. Pero en 1914 hubo dos pacientes que le llamaron la atención. Ambos tenían lesiones en el hemisferio derecho del cerebro, que los habían dejado paralizados del lado izquierdo del cuerpo (cada hemisferio cerebral controla el lado opuesto del cuerpo).
Para un neurólogo experimentado como Babinski, aquello no tenía nada de extraordinario. Lo que sí le sorprendió fue que ambos pacientes insistieran en que estaban perfectamente bien. No eran conscientes de que algo les pasaba. En un artículo de una revista médica de 1914, Babinski explicó que, cuando recomendó electroterapia a una de estas pacientes, ella respondió: «¿Por qué quiere electrocutarme? No estoy paralizada». Acuñó una nueva palabra para describir este síntoma: anosognosia, que literalmente significa «sin conocimiento».
A diferencia de la negación, en la que una persona sabe que algo va mal pero insiste en que está bien, Babinski creía que sus pacientes no mentían ni estaban confundidos: realmente no concebían que la mitad de su cuerpo estuviera paralizada. Algo en sus cerebros —no podía decir qué— estaba dañado. Durante las ocho décadas siguientes, la anosognosia apareció exclusivamente en la literatura neurológica, asociada a afecciones físicas. No fue hasta mediados de la década de 1990 cuando algunos psiquiatras empezaron a intentar aplicar también el término a sus pacientes. La reacción en contra llegó casi de inmediato.
La idea de que algunas personas con enfermedades mentales carecen de conciencia de su afección no era nueva. Se había codificado en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (o DSM, la biblia de la psiquiatría) para varias enfermedades, entre ellas la esquizofrenia y la anorexia nerviosa. Pero usar la palabra anosognosia era otra cuestión, afirma Dinah Miller, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
«Es una palabra con carga política», afirma. «Cuando alguien la usa, por extensión, ha llegado a significar que apoya leyes que faciliten tratar a pacientes contra su voluntad. En lugar de ser una cuestión de tratamiento médico, se convierte en una cuestión de derechos civiles».
Pero para Linda Mayo, el derecho de su hija a rechazar el tratamiento debe sopesarse frente a su derecho a tener un techo y comida en la mesa. Cuando no toma sus medicamentos, acaba en la cárcel, lo que también le quita sus derechos civiles.
En un acogedor rancho de Modesto, a unas pocas calles de donde crió a su familia, Linda saca un montón de fotografías. Con las piernas recogidas bajo su falda larga y vaporosa, va pasando una foto tras otra de lo que podría ser una familia típicamente estadounidense. Encima hay fotos descoloridas de Misty de bebé, de la década de 1970, con el pelo rubio y rizado recogido en coletas. Luego, clases de baile, trajes de lentejuelas y amplias sonrisas. La escuela secundaria, con el pelo cada vez más castaño, y después la graduación del instituto.
La primera señal de que algo iba mal apareció cuando Misty empezó la universidad. Su salud mental se desplomó. Se volvió paranoica y combativa, convencida de que la gente abusaba de ella. Sufría delirios, que los psicólogos definen como creencias inamovibles pese a las abrumadoras pruebas en contra. Los delirios de Misty consistían en creer que la habían violado o que le habían practicado algún procedimiento médico mientras estaba inconsciente. Además, le resultaba imposible mantener una conversación y parloteaba de forma incoherente. Son síntomas característicos de la esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta a una de cada 100 personas. También puede causar dificultades sociales y cognitivas.
Pese al caos inicial de sus primeros veinte años, a Misty le fue bien después del diagnóstico y de empezar a tomar medicación. Casi el 90 % de las personas con esquizofreniano pueden trabajar, pero Misty fue peluquera durante casi 20 años.
Las cosas empezaron a desmoronarse de nuevo en la fiesta del 60.º cumpleaños de Linda, en el verano de 2010. Aquel día fue el punto culminante de su vida, la última vez que todo estuvo bien. Saca otra foto. «Eso es», dice. «Es la última foto familiar que tenemos».
Misty dejó poco a poco de responder a la medicación. Le redujeron las horas en una cadena de peluquerías, por lo que dejó de tener derecho al seguro médico de la empresa y no pudo pagar un nuevo cóctel de medicamentos que quizá habría mantenido sus síntomas bajo control. Las fotos del fondo del montón de Linda contrastan dramáticamente con las sonrisas del principio. Los antipsicóticos provocaron un aumento de peso considerable. Misty se tiñó el pelo de negro azabache y sus ojos perdieron el brillo. Al final, empezó a rechazar el tratamiento ambulatorio.
«Llegó al punto de decir: “No quiero estar aquí. No necesito estos servicios”», cuenta Linda.
Misty tuvo encontronazos con la policía y la llevaron al hospital, pero no recibió el tratamiento intensivo que necesitaba. Su repentina marcha a Los Ángeles hizo que la situación fuera aún más precaria.
Linda sabía que Misty estaba sin hogar y no tomaba medicación, pero no tenía forma de ponerse en contacto con ella. Aunque hubiera podido, la insistencia de Misty en que estaba bien ataba las manos a todos, pues la ley exige que una persona suponga una amenaza inmediata para sí misma o para los demás antes de poder ingresarla contra su voluntad en un centro para recibir tratamiento hospitalario.
Al final, los arrestos reiterados de Misty acabarían salvándola. La enviaron a tratamiento ambulatorio ordenado por el tribunal como parte de su libertad condicional. Por primera vez en casi una década, Misty estaba estable, tomaba medicación y participaba en el tratamiento. A Linda no le parecía lógico el orden de los encuentros de su hija con la justicia (primero la cárcel y luego el tratamiento ordenado por el tribunal). Lo que quería era un primer paso nuevo que evitara esas dificultades.
Mientras desahogaba sus frustraciones en un grupo de apoyo local organizado por la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, otra madre le preguntó: «¿Has oído hablar de la Ley de Laura?».
Con el desarrollo de antipsicóticos eficaces en las décadas de 1950 y 1960, muchos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos y de otros países, incluido el Reino Unido, empezaron a cerrar sus puertas. Un anuncio de clorpromazinaen una revista psiquiátrica estadounidense alardeaba: «Más pacientes recibirán el alta tras períodos de hospitalización más breves y menos pacientes necesitarán volver a ser hospitalizados. Más pacientes podrán tratarse en la comunidad, en clínicas o en el consultorio del psiquiatra, sin ser hospitalizados en absoluto». El cambio se presentó como una forma más eficaz y humana de tratar a las personas con enfermedades mentales, con la ventaja añadida de que la atención comunitaria costaba mucho menos que la institucionalización.
Los antipsicóticos fueron solo uno de los factores del giro hacia la desinstitucionalización, que también incluyó una creciente conciencia de los abusos contra los derechos civiles y humanos que a menudo ocurrían dentro de los hospitales psiquiátricos. En 1967, el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, promulgó la Ley Lanterman-Petris-Short, una ley histórica destinada a poner fin al «ingreso inapropiado, indefinido e involuntario de personas con trastornos de salud mental, discapacidades del desarrollo y alcoholismo crónico». La ley sentó las bases de buena parte de la legislación psiquiátrica del resto de Estados Unidos.
El resultado no fue solo un alejamiento de las hospitalizaciones psiquiátricas de larga duración, sino también un mayor control de los pacientes sobre su propio tratamiento, incluida la decisión de recibirlo o no.
En muchos sentidos, esta transición ha sido positiva para las personas con enfermedades mentales, afirma Carol Stanchfield, directora de programas de Turning Point Community Programs, en el condado de Nevada, al noreste de California. Significa que no se despoja a los pacientes de sus derechos sin el debido proceso y les da la oportunidad de vivir en comunidad, junto a sus amistades y familiares.
Pero un problema importante era que el tratamiento ambulatorio sencillamente no estaba tan disponible como hacía falta, y muchos pacientes quedaban desatendidos. Al restringirse con nuevas leyes los criterios para ingresar a los pacientes de forma involuntaria, muchas personas afectadas por enfermedades mentales quedaron abandonadas a su suerte. Las amenazas reiteradas de violencia dejaron de ser motivo de ingreso. Como resultado, muchas de las personas con enfermedades mentales más graves quedaron a su suerte en las calles. En la década de 1980, un observador señalóque los derechos básicos de los pacientes «se ejercían en un vacío, sin los apoyos ni los sistemas de respaldo necesarios para hacerlos viables». En lugar de acabar en hospitales, muchos terminaban en la cárcel, arrestados por delitos de alteración del orden público. Como resultado, las prisiones del país han ocupado el lugar de las antiguas instituciones para enfermos mentales.
En aquella época, muchos psiquiatras no apreciaban el impacto que la falta de conciencia de una persona sobre su afección tenía en su capacidad para aceptar el tratamiento. Pero, si no crees que estás enfermo, ¿por qué ibas a ir al médico y pagar medicamentos, a menudo caros, que conllevan toda una serie de efectos secundarios molestos y potencialmente peligrosos?
«La mayor barrera para que estas personas busquen y mantengan el tratamiento es la anosognosia», afirma Stanchfield. «No reconocen que tienen una enfermedad. Claro que, si no son conscientes de su propio trastorno de salud mental, no pueden ver con precisión la necesidad de recibir tratamiento».
El consultorio de Stanchfield está al final del pasillo del lugar al que, el 10 de enero de 2001, Scott Thorpe entró y disparó a tres personas en el Departamento de Salud Conductual del condado de Nevada. Sus vecinos lo describían como «paranoico y retraído». Thorpe recibía servicios de salud mental del condado de forma intermitente, pero había rechazado los intentos de su familia y de los trabajadores sociales de ingresarlo en el hospital. Como no se lo consideró un peligro inmediato para los demás, nadie podía obligarlo a ir.
Una de las personas que Thorpe mató fue Laura Wilcox, de 19 años. En medio del dolor, sus padres buscaron algo que ayudara a prevenir tragedias similares. Encontraron la Ley de Kendra, llamada así por Kendra Webdale, una mujer de 31 años que murió en enero de 1999 después de que un hombre con esquizofrenia sin tratar la empujara delante de un tren. Esta ley del estado de Nueva York permite que los jueces ordenen a pacientes psiquiátricos con antecedentes de hospitalizaciones, incumplimiento del tratamiento y deterioro grave que asistan a tratamiento ambulatorio como condición para seguir viviendo en la comunidad.
Inspirados por la Ley de Kendra, los Wilcox presionaron para que se aprobara la Ley de Laura en California. Mientras el estado aún estaba conmocionado por la tragedia del condado de Nevada, la legislatura de California aprobó la Ley de Laura en 2002. Una condición era que cada uno de los 58 condados de California debía aprobarla individualmente antes de que pudiera entrar en vigor en su jurisdicción.
El condado de Nevada fue el primero, en 2008. Pero solo unos pocos condados más siguieron su ejemplo. En Modesto, Linda Mayo quería que el condado de Stanislaus se sumara a la lista. Con la esperanza de que la ley aliviara aunque fuera una pequeña parte de la preocupación que había sentido como madre de una hija con una enfermedad mental grave, Linda se convirtió en una máquina de comunicación de una sola mujer. Escribió innumerables editoriales para el periódico local y se unió a grupos de Facebook para promover su causa. Otras familias que luchaban contra enfermedades mentales se sumaron a ella y compartieron relatos de familiares que habían sufrido y muerto por estar demasiado enfermos para reconocer que necesitaban ayuda.
Con una población sin hogar cada vez mayor, muchas de cuyas personas padecían enfermedades mentales graves, y en un contexto de tiroteos masivos interminables por todo el país que se vinculaban (con razón o sin ella) a las enfermedades mentales, la Junta de Supervisores del condado de Stanislaus tenía motivos de sobra para actuar. Y el 15 de agosto de 2017 lo hizo: aprobó un estudio piloto de tres años de la Ley de Laura y se convirtió en el 18.º condado de California en aprobarla.
Pero para quienes se oponían al tratamiento psiquiátrico obligatorio, la aprobación de la Ley de Laura en el condado de Stanislaus distaba mucho de ser una victoria.
La noche antes de graduarse de la Universidad de Pensilvania, Emily Cutler ya no pudo luchar contra la desesperación que la embargaba. Aunque no quería morir, tampoco estaba segura de poder seguir viviendo.
Cutler tomó el doble de su dosis habitual de Xanax para intentar pasar la noche. El medicamento extra le dificultó caminar y hablar, y acabó en urgencias. Los médicos le preguntaron si tenía tendencias suicidas y ella insistió en que no. Sí, estaba deprimida y angustiada, y aunque deseaba que la atropellara un autobús, no tenía ningún plan para hacerse daño. Los médicos no quedaron convencidos y la mantuvieron durante 10 horas en una habitación acristalada antes de ingresarla contra su voluntad en un hospital psiquiátrico local.
Durante las 48 horas siguientes, después de registrarla desnuda y obligarla a tomar medicamentos, Cutler permaneció bajo observación en el hospital. Finalmente, los psiquiatras coincidieron en que no suponía un peligro para sí misma y le dieron el alta. Para Cutler, la experiencia del tratamiento forzoso fue un trauma insoportable.
Tras esa experiencia, Cutler fundó un grupo llamado Southern California Against Forced Treatment, que se opone a la Ley de Laura y a cualquier tipo de tratamiento psiquiátrico forzoso. Su objetivo es apoyar a las personas traumatizadas por el AOT y los ingresos hospitalarios involuntarios, y ha seguido de cerca la expansión de la Ley de Laura al condado de Stanislaus. Cutler aclara que su grupo no está en contra de la psiquiatría; se opone únicamente al tratamiento involuntario. Señala lo que llama el doble rasero de la psiquiatría: «Cuando dije que no quería que me encerraran, cuando dije que no quería recibir tratamiento, la respuesta fue al instante: “Vaya, está tan enferma que ni siquiera es consciente de que necesita tratamiento”», cuenta Cutler.
«Ante cualquier otro problema que alguien pueda tener, si no quiere cierto tipo de ayuda o no quiere tomar cierta medida, normalmente no usamos eso para justificar aún más: “Mira, ahora sí que necesita tratamiento y podemos obligarla a recibirlo”».
Nicolas Badre, psiquiatra forense de San Diego, coincide en que esto puede causar problemas: «A veces tenemos la impresión de que las personas no son conscientes de su situación, como cuando parecen hacer afirmaciones o tomar decisiones que claramente contradicen lo que nosotros vemos como realidad. Es un camino distinto, porque entonces uno tiende a asumir que todo lo que dice el paciente [que] no concuerda con uno se debe a una falta de conciencia o a la anosognosia. Y eso le da carta blanca para no escuchar al paciente. Ese es el verdadero peligro».
En última instancia, afirma Badre, lo que dificulta la anosognosia en psiquiatría es la falta de datos neurocientíficos sobre el tema. «No creo que tengamos pruebas de que la esquizofrenia provoque por sí misma este problema en el cerebro».
Quizá no, sostiene DJ Jaffe, fundador del centro de estudios Mental Illness Policy Org y defensor de las personas con enfermedades mentales graves, pero diversos datos de neuroimagen muestran que el cerebro de una persona con esquizofrenia funciona de manera diferente al de una persona neurotípica.
«Yo lo describo así: cuando ves a alguien caminando por la calle [que cree] que tiene un transmisor en la cabeza, no es que crea que tiene un transmisor en la cabeza. Lo sabe. Su enfermedad se lo dice. Y este es el grupo que no acepta el tratamiento, y el tratamiento puede devolverles el libre albedrío. Tener psicosis no es ejercer el libre albedrío. Es la incapacidad de ejercerlo».
Diagnosticar anosognosia no confiere a ningún tribunal ni médico el derecho inherente a obligar a alguien a recibir tratamiento. Según Jaffe, la anosognosia ofrece un término sencillo, aunque difícil de pronunciar, para explicar por qué tantas personas con esquizofrenia y enfermedades similares suelen comportarse como si no fueran conscientes de que su forma de pensar y actuar es tan radicalmente distinta.
Igualmente importante, afirma, es que el AOT funciona. Seis años después de que se implantara la Ley de Kendra en Nueva York, las autoridades habían registrado una reducción del 77 % en las hospitalizaciones psiquiátricas y del 74 % en la falta de vivienda entre las personas incluidas en el programa AOT; los encarcelamientos habían disminuido un 87 %. En 2015, siete años después de la implantación de la Ley de Laura, el condado de Nevada informó que las personas que habían completado el programa AOT pasaron un 43 % menos de tiempo en el hospital, un 52 % menos en prisión y un 54 % menos sin hogar que antes de recibir tratamiento.
En Carolina del Norte, el psiquiatra Marvin Swartz, de la Universidad Duke, asignó aleatoriamente a personas que cumplían los criterios de AOT a recibir AOT o lo que denominó «tratamiento comunitario intensivo», el servicio ambulatorio público de mayor nivel, que incluye servicios sociales —como ayuda con la vivienda, la alimentación y el transporte—, además de servicios psicológicos y psiquiátricos. El AOT salió vencedor y, aunque no fue una victoria tan contundente como quizá esperaban sus defensores, los datos de Swartz mostraron que las órdenes judiciales más largas, de hasta nueve meses de tratamiento regular, se asociaban con mejores resultados que las órdenes de tres meses y el tratamiento menos intensivo.
«La orden judicial tiene un efecto porque emite advertencias y recordatorios al paciente sobre la importancia de seguir el tratamiento, pero además los proveedores de servicios hacen un esfuerzo más enérgico para asegurarse de que la persona reciba el plan de tratamiento previsto», afirma.
Sin embargo, cuando el psiquiatra británico Tom Burns realizó un ensayo de AOT en el Reino Unido, obtuvo resultados distintos. El equivalente británico del AOT se conoce como orden de tratamiento comunitario, aunque suele utilizarse como paso de salida de la atención hospitalaria y no como una orden independiente. (Los ingresos hospitalarios involuntarios en el Reino Unido se rigen por las secciones de la Ley de Salud Mental de 1983; estar internado en un hospital psiquiátrico y recibir tratamiento contra la propia voluntad se conoce comúnmente como «quedar ingresado en virtud de una sección de la ley»).
Burns descubrió que las órdenes de tratamiento comunitario no tenían efecto en la evolución de los pacientes. No reducían las hospitalizaciones ni mostraban más signos de recuperación. Esto, sumado a un metaanálisis de programas del Reino Unido y Estados Unidos que mostró resultados equivalentes, convirtió a Burns, antes un firme partidario del AOT, en un crítico abierto.
«Me di cuenta de que esta intervención que me había entusiasmado durante 20 años, si uno examinaba las pruebas con frialdad, en realidad no era una buena intervención», afirma.
Ambas partes citan los estudios que respaldan sus posturas y critican los que no lo hacen. Jaffe dice que no se pueden comparar los resultados del Reino Unido con lo que AOT intenta hacer en Estados Unidos, porque las órdenes de tratamiento comunitario y AOT son fundamentalmente diferentes. Burns, por su parte, dice que, como los pacientes de California y Nueva York no son asignados aleatoriamente a AOT, es imposible saber si están mejorando porque reciben mejores servicios o por la orden judicial. Es poco probable que se repitan ensayos controlados aleatorizados como el de Carolina del Norte, lo que significa que ambas partes seguirán defendiendo sus argumentos con datos imperfectos.
Tras el tratamiento, la capacidad de comprender la propia situación, que suele perderse durante una enfermedad mental grave, puede volver, aunque en distintos grados. Un número considerable de pacientes no recuerda nada de su enfermedad en su momento más álgido. Otros admiten que estaban realmente enfermos, aunque quizá alberguen dudas secretas sobre si sus síntomas eran de verdad tan graves. Muchos, como Misty Mayo, se sitúan en algún punto intermedio, con recuerdos desordenados y confusos. Reconoce que algo ocurría, pero no siempre recuerda qué ni hasta qué punto llegó a agravarse.
Conozco a Misty en San Pedro, al sur de Los Ángeles. Vive en una residencia colectiva donde recibe ayuda para las actividades cotidianas, como tomar la medicación, cocinar y hacer otras tareas. En una mañana luminosa y fresca de principios de primavera, recorremos en coche las pocas manzanas que separan su destartalado edificio de apartamentos de adobe de dos plantas, situado en una zona igualmente descuidada de la ciudad, de la playa de Cabrillo. Con la brisa salada en la cara, nos sentamos a observar a los patinadores y a quienes hacen pícnic. Misty vuelve el rostro hacia el sol y se relaja visiblemente. Conversamos durante casi una hora sobre sus primeros años, su diagnóstico y cómo acabó en Los Ángeles. Por último, le pregunto qué opina del internamiento ambulatorio involuntario.
Misty saca de su bolso una bolsa de tabaco y se lía un cigarrillo. Después de encenderlo, da una larga calada y dice: «Estoy muy agradecida de haber tenido que recibir tratamiento».
Misty tiende a divagar y a saltar de un tema a otro sin pausa, aunque no queda claro de inmediato si esto se debe a una enfermedad mental o simplemente a la soledad. Tiene terapeuta y un equipo de atención, y suele enviar mensajes a su madre; tiene un novio que se preocupa de verdad por ella. Aun así, su vida no es perfecta. Su apartamento es pequeño y sus ingresos por discapacidad, limitados. Sigue convencida de que ha sufrido abusos y violaciones, y de que la han operado sin su conocimiento ni consentimiento. Si creyera que me habían ocurrido cosas parecidas, creo que yo también tendría miedo y estaría paranoica.
A pesar de todo, Misty está bastante bien. Sigue tomando los medicamentos que le han recetado todos los días, aunque nadie sabe si lo seguiría haciendo sin supervisión.
La libertad condicional de Misty —y el tratamiento ordenado por el tribunal que esta exige— terminará pronto. La fecha ocupa un lugar destacado en la mente de Linda Mayo. Espera que Misty siga el tratamiento por voluntad propia, pero también conserva la esperanza de que la Ley de Laura esté vigente para ayudarla si en el futuro Misty alguna vez deja de ser capaz de continuar el tratamiento.
