La pandemia debería servir de impulso para una transición energética justa e inclusiva desde el punto de vista social.
Muchas de las políticas verdes aplicadas hasta ahora benefician a los sectores más acomodados de la sociedad, con el riesgo de agravar la división social.
Un nuevo informe de políticas analiza las promesas y las deficiencias de la agenda para una transición justa.
El plazo para poner en marcha estos planes se está agotando rápidamente.
Las implicaciones de la pandemia de COVID-19 para la gobernanza climática son objeto de un intenso debate. Mientras algunos temen que se produzca una recuperación «sucia», en la que las consecuencias económicas de la pandemia desplacen las preocupaciones relacionadas con el clima, otros han expresado su esperanza de que la crisis marque un punto de inflexión histórico que dé paso a medidas más ambiciosas.
La pandemia es un crudo recordatorio de que el bienestar humano está estrechamente ligado a la salud del planeta. Al igual que el cambio climático, la aparición de enfermedades infecciosas se debe, al menos en parte, a nuestros sistemas económicos adictos al crecimiento, y el riesgo de que surjan nuevas pandemias se ve agravado por el calentamiento global y la degradación ambiental.
Además de compartir factores causales que se refuerzan mutuamente, la COVID-19 y el cambio climático también presentan inquietantes paralelismos en cuanto a su impacto: ambos afectan de manera desproporcionada a comunidades ya desfavorecidas, mientras que los costes de las medidas de mitigación rara vez recaen sobre quienes más pueden asumirlos. La pandemia podría —y debería— servir de poderoso impulso para redoblar los esfuerzos en favor de una agenda de transición climática justa que garantice que las estrategias de descarbonización sean sostenibles desde el punto de vista ecológico e inclusivas desde el punto de vista social.
La COVID-19 ha demostrado contundentemente que las perturbaciones sistémicas globales sin gestionar tienden a agravar las desigualdades socioeconómicas y sanitarias. Las minorías étnicas, las comunidades pobres, así como otros grupos vulnerables, no solo corren mayor riesgo de morir a causa del virus, sino que también se han visto afectados de manera desproporcionada por las medidas de confinamiento aplicadas precipitadamente, que han provocado importantes pérdidas de empleo y dificultades económicas. Las mujeres, en particular, se han visto muy golpeadas por la pandemia: han asumido una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar y, en general, han tenido menos acceso al empleo remunerado. El impacto desigual de la pandemia es aún más evidente a escala mundial: en cuestión de semanas se eliminaron décadas de avances en materia de desarrollo.
Como era de esperar, las comunidades más vulnerables a los riesgos sanitarios de la pandemia y a sus efectos secundarios también suelen ser las más afectadas negativamente por el cambio climático o las políticas de descarbonización. Entre estas últimas figuran, por ejemplo, los mineros del carbón y quienes trabajan en aeropuertos y, en general, en el sector de la aviación. Mientras tanto, muchas de las políticas verdes adoptadas durante la pandemia, desde los barrios con poco tráfico hasta los programas de inversión verde, se han inclinado a beneficiar a las comunidades más acomodadas, lo que amenaza con profundizar las divisiones sociales y polarizar aún más el debate sobre las respuestas políticas tanto a la pandemia como a la emergencia climática. Cabe destacar que las comunidades desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico suelen estar políticamente marginadas, lo que reduce las posibilidades de que quienes las integran sean escuchados por los responsables de formular políticas.
En lo que respecta al cambio climático, la pandemia de COVID-19 es el canario en la mina. La transición a una economía mundial poscarbono, a la escala necesaria, será inevitablemente muy perturbadora y, por este motivo, tendrá que ser inclusiva para garantizar un apoyo sostenido de la población en general. Un nuevo informe de políticas, elaborado por la Red Universitaria COP26, analiza las promesas y las deficiencias de la agenda para una transición justa con vistas a lograr un futuro ecológicamente sostenible y más equitativo desde el punto de vista social.
Las cuestiones relativas a una transición justa han cobrado relevancia tras la adopción del Acuerdo de París de 2015, que refleja el reconocimiento de que los objetivos climáticos mundiales deben alcanzarse de manera «rápida y justa». En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha liderado la elaboración de marcos y directrices para aplicar los principios de una transición justa. El Pacto Verde Europeo podría establecer los primeros mecanismos de apoyo financiero supranacionales para las regiones con menor capacidad de adaptación a un futuro poscarbono.
Sin embargo, las políticas de transición justa corren el riesgo de centrarse demasiado en la creación de empleo, sin considerar debidamente qué tipo de puestos se generan, cuán estables son y quiénes pueden acceder a ellos. La pandemia ha recordado que no todos los empleos son iguales. Muchos trabajadores que han demostrado ser esenciales durante la crisis de la COVID-19 tienen empleos precarios, mal pagados, poco cualificados y de escaso prestigio. Aunque los sectores de la energía limpia y renovable generan nuevas oportunidades laborales para un futuro poscarbono, es importante reconocer que no todos los empleos verdes son empleos dignos y que el empleo en estos sectores tiende a reflejar las desigualdades existentes en función de la clase social, la raza y el género.
Centrarse estrechamente en el empleo también puede promover una visión simplista de «empleo frente a clima», enfrentando entre sí a quienes ganan y quienes pierden con la transición y posiblemente avivando temores —similares a los expresados durante la pandemia de COVID-19— de que «el remedio sea peor que la enfermedad». Por el contrario, presentar la descarbonización como un proyecto inclusivo en el que todos ganan amenaza con despolitizar la transición y silenciar a quienes más sufren sus efectos negativos.
El informe de la Red Universitaria COP26 aboga por un enfoque más amplio y matizado para facilitar transiciones justas, que combine perspectivas de la justicia climática, energética y ambiental y tenga también en cuenta las dimensiones de economía política global de los procesos de transición. En última instancia, esta comprensión más amplia de lo que implica una transición justa entraña el compromiso de «vivir en un tipo de sociedad diferente, no simplemente en una versión baja en carbono de la actual».
Entonces, ¿cómo llegamos a ese futuro? Aunque no existe una solución milagrosa para trazar vías de descarbonización ambiciosas e inclusivas desde el punto de vista social, el informe identifica varios mecanismos de política pública necesarios para garantizar que los costes y beneficios de la acción climática se distribuyan de manera justa y equitativa. Esto incluye intervenciones específicas de los gobiernos y del sector privado para apoyar, capacitar de nuevo y reubicar a los trabajadores afectados, así como, por ejemplo, descentralizar y democratizar los sistemas energéticos. Es fundamental esforzarse por mejorar la transparencia y la inclusión en los procesos de formulación de políticas, también mediante plataformas concebidas específicamente para dar a las comunidades más afectadas un acceso real a dichos procesos.
Las agendas para una transición justa también deben incorporar una perspectiva global que abarque toda la economía y tenga en cuenta las interdependencias entre los objetivos de las políticas —como abordar el cambio climático y los brotes de enfermedades infecciosas—, sin perder de vista los posibles conflictos y las consecuencias imprevistas. Cabe destacar que, aunque los efectos negativos del cambio climático y de las medidas de mitigación se experimentan a nivel local, las diferencias en la vulnerabilidad a esos efectos suelen tener un origen global. Al igual que la COVID-19, el cambio climático es un problema global y sistémico por excelencia, y una respuesta eficaz requerirá niveles de colaboración internacional sin precedentes.
Lamentablemente, la pandemia ha desencadenado una oleada de repliegue nacionalista, en lugar de impulsar un mayor sentido de responsabilidad colectiva y solidaridad. Como comunidad global, tenemos la oportunidad de aprender de los aciertos, pero también de los fracasos, las deficiencias y las consecuencias imprevistas de las respuestas locales, nacionales y globales a la COVID-19. Sin embargo, a la hora de aplicar esas lecciones para evitar un calentamiento global catastrófico, el plazo para actuar con decisión se está agotando rápidamente.
