Hace unos años, diagnosticaron cáncer a un amigo mío.
Tenía dos opciones. Podía recibir tratamiento, pero eso le costaría la mayor parte o todo el dinero que había reservado para el futuro de su familia.
O podía renunciar al tratamiento, dejar que la enfermedad siguiera su curso y morir sabiendo que su familia tendría una vida más cómoda, aunque él no estuviera allí para disfrutarla con ellos.
Eligió la segunda opción.
Eligió morir porque no podía pagar el tratamiento que podría haberlo mantenido con vida.
Esto es indignante. Nadie debería tener que elegir entre morir y sufrir dificultades económicas.
Pero la impactante verdad es que esta es la realidad de millones de personas cada año. Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial revelan que al menos la mitad de los 7.300 millones de personas del mundo aún no tiene acceso a servicios de salud esenciales, como la asistencia de personal cualificado durante el parto, la vacunación infantil o el tratamiento del VIH.
Como resultado, más de 1.000 millones de personas viven con hipertensión no controlada, que puede causar la muerte si no se trata. Cada día, más de 800 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Y, como casi 20 millones de bebés no reciben las vacunas que necesitan, corren el riesgo de morir por enfermedades como la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión.
Incluso cuando los servicios de salud están disponibles, utilizarlos puede llevar a la ruina económica. Cada año, los gastos de salud empujan a 100 millones de personas a la pobreza, y 179 millones de personas destinan más de una cuarta parte del presupuesto de su hogar a la atención sanitaria: un nivel que consideramos «gasto sanitario catastrófico».
Hace casi 70 años, se fundó la OMS con la convicción de que la salud es un derecho humano, no un privilegio. Comparto esa convicción. Nadie debería enfermar y morir por ser pobre o por no poder acceder a los servicios de salud que necesita.
¿Por qué debería morir un niño por beber agua no potable?
¿Por qué debería morir una mujer por complicaciones del parto que se tratan fácilmente incluso en la mayoría de los países de ingreso mediano?
¿Por qué debería una familia tener que elegir entre comprar alimentos y comprar medicamentos?
La cobertura sanitaria universal (CSU) es la expresión práctica del derecho a la salud. Significa que todas las personas, incluidas las más desfavorecidas, pueden acceder a los servicios de salud de calidad que necesitan, cuando y donde los necesitan, sin afrontar dificultades económicas.
Pero la CSU va más allá del seguro de salud o de tratar a las personas enfermas: consiste en proteger a quienes están sanos mediante la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades.
El poder de la CSU reside en que no solo mejora la salud. También reduce la pobreza al eliminar una de sus causas; crea empleos para el personal sanitario y de cuidados; impulsa un crecimiento económico inclusivo al garantizar que las personas estén sanas y puedan trabajar; promueve la igualdad de género, porque a menudo son las mujeres quienes se quedan sin servicios de salud; y protege a las personas frente a las epidemias al garantizar que los brotes se prevengan, se detecten pronto y se contengan.
La CSU no es una idea nueva. Pero su inclusión entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha dado un nuevo impulso político al movimiento mundial que lleva varios años cobrando fuerza. También es la única meta que, si se alcanza, catalizará el avance hacia todas las demás metas de salud y muchas de las otras metas.
Lejos de ser un lujo que solo los países ricos pueden permitirse, la CSU es viable y asequible para todos los países, cualquiera que sea su nivel de ingresos.
Por ejemplo, Senegal avanza hacia un sistema de seguro de salud financiado con fondos públicos.
En Vietnam, más del 60% de la población y el 90% de las personas pobres cuentan ahora con seguro social de salud subvencionado por el Estado. Es seis veces más que hace 20 años.
En Perú, el seguro de salud financiado con el presupuesto público para las personas pobres y quienes no trabajan en el sector formal ha mejorado considerablemente la salud de las mujeres y los niños, y ha reducido en gran medida las muertes de recién nacidos y bebés.
Se pueden contar historias similares en países tan diversos como la República Checa, Indonesia y Ruanda.
Un estudio de la OMS publicado a principios de este año pronosticó que, entre 67 países de ingreso bajo y mediano que representan el 75% de la población mundial, el 85% de los costos para alcanzar las metas de salud de los ODS de aquí a 2030 podría cubrirse con recursos nacionales.
Sí, algunos de los países más frágiles seguirán necesitando asistencia externa. Pero, para la mayoría de los países, la CSU es asequible y viable.
En última instancia, es una cuestión de voluntad política.
Los gobiernos que tengan la determinación, el valor y la previsión para invertir en el fortalecimiento de sus sistemas de salud con miras a la CSU cosecharán los beneficios durante mucho tiempo.
Esta es nuestra visión. La respaldamos con pruebas sólidas, conocimientos técnicos y lecciones de todo el mundo sobre lo que funciona y lo que no.
Esta semana, en el Foro sobre la CSU de Tokio, más países se comprometen a realizar inversiones en un futuro más saludable, seguro y justo para sus ciudadanos.
El informe de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, Seguimiento de la cobertura sanitaria universal: Informe de seguimiento mundial de 2017, está disponible aquí.
