El exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, advierte que una congelación generalizada del pago de la deuda podría resultar contraproducente para las economías emergentes.
En cambio, sostiene que los bancos centrales deberían reestructurar la deuda de acuerdo con la liquidez mundial disponible y las crecientes necesidades de financiación de estos países.
Muchos piden una moratoria temporal de todos los pagos de deuda de las economías en desarrollo y emergentes, para evitar que la pandemia de COVID-19 desencadene una avalancha de impagos soberanos. Según este argumento, en vez de esperar pasivamente a que los deudores dejen de cumplir sus obligaciones, a los acreedores les convendría más acordar ahora la suspensión de los pagos durante un tiempo.
Pero, aunque una congelación generalizada del pago de la deuda podría ayudar a muchos países de bajos ingresos que carecen de una opción mejor, podría resultar contraproducente para las economías emergentes que aún tienen acceso a los mercados financieros. Lo que estos países necesitan ahora son mayores entradas de capital, no restricciones a las salidas.
Las suspensiones de pagos plantean dos problemas. En primer lugar, las economías emergentes necesitan nueva financiación neta; en otras palabras, más recursos de los que se liberarían al congelar sus obligaciones de servicio de la deuda. En segundo lugar, los países que participen en una suspensión de pagos se enfrentarán a acciones legales de algunos tenedores de bonos, lo que comprometería su acceso futuro a los mercados de capitales.
Una suspensión de pagos de la deuda sería especialmente problemática para los países con una inversión extranjera considerable en sus mercados de capitales en moneda local. Una estampida de inversores extranjeros hacia la salida presionaría aún más las monedas de los mercados emergentes, elevando así la inflación y limitando la liquidez disponible para mitigar las consecuencias económicas de la COVID-19. Imponer controles de capital para impedir las salidas financieras es igual de desacertado: el capital saldría de todos modos y causaría estragos al marcharse.
Aunque una moratoria de la deuda perjudicaría más de lo que beneficiaría a los mercados emergentes, sería poco realista esperar que el capital privado aportara la financiación que estos países necesitan ahora.
Es cierto que varias economías emergentes acudieron en abril a los mercados de bonos soberanos en condiciones razonables: México colocó deuda por valor de 6.000 millones de dólares, Israel emitió 5.000 millones, Indonesia captó 4.300 millones, Perú 3.000 millones y Paraguay 1.000 millones, mientras que Panamá y Guatemala captaron cantidades menores (además, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita emitieron deuda por un total de 24.000 millones de dólares). Pero estas sumas son pequeñas en relación con la necesidad de las economías emergentes de una financiaciónestimada en2,5 billones de dólares este año y el próximo.
Además, no hay garantía de que las futuras emisiones de bonos tengan éxito. Es poco probable que las economías emergentes experimenten una recuperación en forma de V, lo que empeorará sus perfiles crediticios. La recuperación llevará tiempo y, al igual que el virus, llegará en oleadas, generando aún más incertidumbre. Y a medida que los datos económicos mundiales decepcionen, los inversores optarán cada vez más por activos más seguros y reducirán su exposición a las economías emergentes.
Si no parecen aconsejables ni una moratoria temporal ni la dependencia del capital privado, ¿qué se debe hacer?
La respuesta habitual sería que las economías emergentes buscaran apoyo adicional del Fondo Monetario Internacional y de los bancos multilaterales (y regionales) de desarrollo (BMD). Pero estas instituciones no pueden proporcionar los recursos necesarios. El FMI dispone, como máximo, de una capacidad financiera de 1 billón de dólares, mientras que los BMD pueden aportar apenas unos cientos de miles de millones de dólares más, lo que refleja la insuficiencia de capital de estas instituciones y su temor a perder sus calificaciones crediticias AAA. Además, reponer su capital llevará años debido a varios obstáculos, entre ellos el Congreso de Estados Unidos, mientras que los fondos se necesitan ahora.
La solución está en manos de los bancos centrales que emiten monedas de reserva y que, por tanto, deberían preocuparse de verdad por la salud de la economía mundial. En coordinación con el FMI y los BMD, deberían establecer un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) que sirviera de puente entre la enorme liquidez mundial actualmente disponible y las crecientes necesidades de financiación de las economías emergentes.
En concreto, el SPV emitiría bonos que los principales bancos centrales comprarían en el marco de sus propios programas de expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), y luego prestaría los fondos obtenidos a las economías emergentes. Con algunas mejoras crediticias, estos préstamos podrían titulizarse y negociarse como otros activos financieros. El SPV necesitaría algo de capital propio para alcanzar la calificación crediticia mínima exigida por los bancos centrales que comprarían sus bonos; podrían aportarlo los BMD, así como los gobiernos nacionales.
Los BMD se encargarían de estructurar, supervisar y administrar los nuevos préstamos, que podrían sindicarse entre el SPV y los BMD. Sin embargo, la parte de los préstamos correspondiente al SPV, por supuesto, no se contabilizaría en los balances de los BMD y, por tanto, no afectaría a sus calificaciones crediticias. Además, los préstamos del SPV deberían utilizarse únicamente para hacer frente a la emergencia de la COVID-19, incluida la recuperación.
Los bancos centrales que financien el mecanismo decidirían qué países podrían acceder a él. Por ejemplo, probablemente la Reserva Federal de Estados Unidos no estaría dispuesta a proporcionar liquidez a un SPV que beneficiara a un país cuyos principales acreedores fueran chinos. Para que eso ocurriera, China también tendría que financiar el mecanismo.
Además, el SPV podría servir como instrumento de mitigación de riesgos para atraer más capital privado a las economías emergentes. Por ejemplo, podría ofrecer garantías de capital para la inversión extranjera directa en asociaciones público-privadas durante la fase de recuperación posterior a la pandemia.
Por último, los BMD deberían utilizar sus propios balances de forma más eficaz para apoyar la recuperación económica. Pueden y deben hacer mucho, empezando por mejorar su acceso a fuentes alternativas de liquidez para aumentar su apalancamiento.
El SPV propuesto podría proporcionar el respaldo de liquidez que actualmente les falta a los BMD. De hecho, el Grupo de Personas Eminentes del G20 recomendó precisamente esto en uninforme, en el que estimó que un mecanismo de este tipo permitiría al Banco Mundial ampliar sus préstamos al menos un 10%, y a los BMD regionales, en una proporción considerablemente mayor.
En estos tiempos extraordinarios, en vez de crear una nueva arquitectura financiera internacional, los responsables de formular políticas deberían centrarse en adaptar el sistema existente. Además, establecer un SPV será más sencillo y rápido que las opciones alternativas que requieren medidas legislativas.
Por supuesto, un mecanismo mundial de préstamo adicional no resolvería todos los problemas que afrontan hoy las economías emergentes. Pero les proporcionaría nuevas herramientas. Para establecerlo se necesitarán decisión y coordinación internacional, los mismos principios que nos ayudarán a derrotar al propio virus.
