• Lograr un equilibrio entre el acceso a los datos y la privacidad es complicado.
• Los distintos enfoques del problema pueden reforzar o corregir los desequilibrios de poder existentes.
• Los debates avanzan sobre las instituciones necesarias para alcanzar derechos sobre los datos equilibrados.
2020 fue un año como ningún otro. Entre otras muchas lecciones, las crisis del último año demostraron de una vez por todas que la forma en que gestionamos y utilizamos los datos puede tanto salvar como destruir vidas.
Como fundador de la Carta de Datos Abiertos, llevo una década defendiendo un equilibrio más justo de los derechos sobre los datos. No siempre ha sido fácil convencer a los gobiernos de que las decisiones relativas a cómo se recopilan, comparten y utilizan los datos tienen consecuencias humanas considerables. ¿Por qué deberíamos dedicar tiempo a publicar toda esta información intangible, preguntan, cuando tenemos problemas más urgentes que abordar, como las recesiones y las emergencias climáticas?
Ahora escucho otras preguntas. Por ejemplo: ¿cómo obtenemos datos oportunos sobre la pandemia de otras fuentes, en un formato que podamos comprender, utilizar y compartir rápidamente? ¿Cómo logramos el equilibrio entre utilizar los datos para respaldar iniciativas urgentes que pueden salvar vidas y, al mismo tiempo, proteger la privacidad?
No existen respuestas absolutamente correctas. Algunos gobiernos han utilizado con éxito los datos para comprender y explicar a su ciudadanía qué están haciendo y por qué, y han disipado preocupaciones bien fundadas sobre lo que ocurrirá con estos datos en el futuro. En Nueva Zelanda, el gobierno central ha desarrollado un panel sencillo que reúne datos de fuentes públicas y privadas para hacer un seguimiento y comunicar el impacto de la pandemia en una serie de indicadores económicos y sociales. Ciudades como Wellington utilizaron después la información para desarrollar mapas interactivos que muestran qué servicios de apoyo están disponibles a nivel local, mientras que particulares han desarrollado sus propias visualizaciones que ayudan a los neozelandeses a comprender lo que está ocurriendo.
En otros lugares, otros casos demuestran que lograr un equilibrio justo entre derechos es complicado. Por ejemplo, Singapur y Corea del Sur publicaron datos personales detallados de cada paciente de coronavirus, incluidos el lugar de trabajo y de residencia y si habían tenido contacto con otras personas. Esto les ayudó a mantener bajas las tasas de infección y mortalidad, pero suscitó preocupación por la posibilidad de que las personas fueran objeto de seguimiento y perjuicios, o por un exceso de control gubernamental con la entrega de los datos a la policía. De forma similar, Tailandia ha tenido dificultades para lograr que suficientes ciudadanos utilicen su aplicación de rastreo de contactos para que resulte eficaz, principalmente por la preocupación por la privacidad. Y potencias mundiales como el Reino Unido y Estados Unidos se han visto obstaculizados por la falta de consenso sobre la mejor forma de recopilar y utilizar los datos, especialmente cuando se trabaja a través de fronteras, jurisdicciones y diferencias políticas.
No es solo la COVID la que demuestra que debemos esforzarnos para hacerlo bien. El movimiento Black Lives Matter dejó al descubierto cómo los datos pueden revelar patrones de racismo institucional o ser utilizados por la policía para elaborar perfiles por raza y consolidar la discriminación. Y cada vez vemos con más claridad cómo el acceso al tipo adecuado de datos puede marcar la diferencia en los esfuerzos de los países por supervisar y abordar cuestiones como las consecuencias económicas de las brechas salariales de género y la contaminación atmosférica debida al cambio climático.
Ahora podemos ver que los derechos sobre los datos están estrechamente relacionados con algunas de las cuestiones de derechos humanos más urgentes de nuestra época. Nuestro enfoque puede reforzar o corregir los desequilibrios de poder y las injusticias. Mientras reconstruimos tras la pandemia, los gobiernos tienen una oportunidad única para aplicar políticas más sofisticadas y justas en este ámbito. Esta ventana no permanecerá abierta para siempre.
No existe una solución sencilla válida para todos. Algunos datos deberían ser abiertos por defecto, otros mantenerse cerrados y otros compartirse de forma prudente. Debemos encontrar un equilibrio entre la apertura y la privacidad, que proteja tanto los derechos individuales como el conjunto de la sociedad. Las leyes y reglamentos deberían definir y proteger este equilibrio, creando y dotando de recursos a instituciones sólidas para gobernarlo de forma inteligente y responsable, y trabajando con una amplia gama de comunidades para comprender cómo varían los riesgos y los beneficios según la situación. Lograrlo es una faceta clave del deber de cuidado de un gobierno hacia su ciudadanía en la era digital.
Esto no ocurrirá por sí solo. Requerirá instituciones y normas cuyos principios organizativos se basen en la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad, que reflejen las necesidades de las personas y las comunidades de todo el mundo y puedan adaptarse a contextos específicos. En la Carta de Datos Abiertos vivimos una versión en miniatura de este proceso a principios de 2020. Trabajamos con una amplia gama de grupos para establecer principios comunes que equilibraran la apertura y la privacidad, y señalamos la necesidad de prácticas radicalmente democráticas. Cuando estalló la crisis de la COVID-19, pudimos trabajar con la Unidad de Gobierno Digital y Datos de la OCDE para identificar conjuntamente los tipos de datos necesarios para mejorar la preparación ante la pandemia, la respuesta a ella y la recuperación tras ella. El trabajo previo nos permitió equilibrar rápidamente los beneficios inmediatos de los datos abiertos en la lucha contra la pandemia con la necesidad de establecer salvaguardas que protejan la privacidad y la seguridad de las personas a largo plazo.
Cada vez se presta más atención a estas cuestiones. Una apretada agenda mundial de debates sobre cómo utilizar los datos abiertos para abordar desafíos locales en nuestro reciente Día de los Datos Abiertos muestra la diversidad de cuestiones que abarca. Nosotros mismos impulsaremos trabajos centrados en la apertura de datos para cerrar las brechas salariales de género junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hemos publicado recientemente una investigación con el World Resources Institute, que muestra cómo las lecciones del uso de datos abiertos en Chile y Uruguay pueden orientar los esfuerzos para abordar el cambio climático.
¿Qué hace el Foro Económico Mundial en materia de privacidad de los datos sanitarios?
Los gobiernos y su ciudadanía ya no pueden eludir estas cuestiones, mientras trabajamos juntos para hacer frente al cambio climático, la injusticia racial, la desigualdad de género y otros desafíos decisivos de nuestra época. Debemos establecer políticas y prácticas que muestren cómo gobernar los datos en favor del bien público, al tiempo que se controla a quienes ostentan el poder. Este tipo de compromiso puede ayudar a restaurar la confianza pública y maximizar los beneficios, desde cerrar las brechas de género y raciales hasta hacer frente con eficacia a futuras pandemias. No será fácil, pero valdrá la pena.
