Primera regla de la gestión de crisis: cuando te encuentres en un hoyo, lo primero es dejar de cavar.
En medio del frenesí por el brote de COVID-19, varios países están considerando enormes paquetes de estímulo fiscal y la impresión de dinero para mitigar las crisis simultáneas en curso: la pandemia y la depresión económica que se está desatando.
Estos planes son esenciales, pero deben ser estratégicos y sostenibles. Al abordar las crisis actuales, debemos evitar sembrar las semillas de otras nuevas, pues hay muchísimo en juego.
Ha llegado el momento de añadir un nuevo elemento a los paquetes de medidas que están introduciendo los gobiernos: uno que conocemos, pero que hemos abandonado: la renta básica universal (RBU). Es necesaria como parte del paquete que nos ayudará a salir de este profundo hoyo.
Quienes se oponen, y son muchos, señalarán que no funcionará porque ningún país puede permitirse repartir dinero periódicamente a todos sus ciudadanos. Sostendrán que incurriremos en déficits insostenibles que no podrán financiarse.
Es una preocupación válida. Pero la alternativa —no abordar con firmeza las repercusiones de la COVID-19— provocará un aumento aún mayor de la desigualdad y de las tensiones sociales, que costarían todavía más a los gobiernos y expondrían a los países a un riesgo más elevado de conflicto social.
La pandemia que comenzó en China se ha extendido con fuerza por Asia y más allá, dejando al descubierto las desigualdades y vulnerabilidades de enormes poblaciones de la región. Entre ellas están los trabajadores informales: se calcula que son 1.300 millones de personas, o dos tercios de la fuerza laboral de Asia y el Pacífico; también están los migrantes, de los cuales casi 100 millones se han visto desplazados solo en la India. Si una gran parte de toda una generación pierde sus medios de vida sin una red de protección social que la sostenga, los costes sociales serán insoportablemente altos. La inestabilidad económica seguirá al estallido de las tensiones sociales.
En estos momentos, cuando necesitamos reactivar economías que apenas avanzan, los beneficios de la estabilidad social serían enormes, lo que reforzaría aún más el argumento a favor de la RBU.
De esta crisis debe surgir un nuevo contrato social que reequilibre las profundas desigualdades presentes en las sociedades. Dicho sin rodeos: la pregunta ya no debería ser si es posible encontrar recursos para una protección social eficaz, sino cómo encontrarlos. La RBU promete ser un elemento útil de ese marco.
Países como Estados Unidos y Canadá ya están elaborando planes de este tipo. De hecho, Alaska lleva décadas realizando pagos anuales similares a una RBU a todos los residentes del estado. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se comprometió a pagar 2.000 CAD$ al mes, durante los próximos cuatro meses, a los trabajadores que han perdido ingresos debido a la pandemia: una forma de RBU a corto plazo. Ahora debemos ampliarla y hacer que funcione a largo plazo, y podemos hacerlo.
Debemos abordarla de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. No deberíamos verla como una dádiva ni como una solución provisional que se añade a los sistemas existentes. En cambio, deberíamos aprovechar las dos crisis actuales para reevaluar dónde seguimos «cavando».
Para que la RBU despegue, necesitaremos una fiscalidad justa. Los países tendrán que colaborar e intercambiar datos a través de las fronteras para impedir que personas y empresas evadan impuestos. En pocas palabras, todos debemos pagar lo que nos corresponde. Ya no podemos, con la conciencia tranquila, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Después, hay que eliminar las subvenciones, en particular las destinadas a los combustibles fósiles, que obstaculizan el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente las metas relativas al cambio climático. Esto nos beneficiaría a todos y generaría recursos financieros no solo para la RBU, sino también para apoyar a las empresas de combustibles fósiles afectadas.
Warren Buffet y Bill Gates, dos de las personas más ricas del planeta, han defendido que los ricos paguen más impuestos; la falta de estos ha provocado una disparidad cada vez mayor y enorme. Según el Informe sobre la riqueza mundial de Credit Suisse de 2018, el 10 % más rico del mundo posee el 85 % de la riqueza mundial.
Las multinacionales tampoco pagan lo que les corresponde. Apple, Amazon, Google y Walmart, por nombrar solo algunas, generan beneficios asombrosos y pagan pocos impuestos, aprovechando todas las lagunas de los sistemas fiscales. Si se gravara de forma justa a las 1.000 mayores empresas del mundo, sería posible distribuir una RBU modesta de manera rigurosa y razonable en países de todo el mundo.
Algo está claramente mal y roto cuando se priva a los gobiernos de fondos que legítimamente deberían tener para construir un Estado mejor.
Para que quienes se oponen no piensen que esta es una teoría de izquierdas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva años abordando la idea de la competencia fiscal. Entre sus miembros figuran Estados Unidos, Canadá y países de Europa occidental.
Esto es lo que dicen sus expertos en política fiscal: «Para funcionar eficazmente, una economía global necesita algunas reglas básicas aceptables que orienten a los gobiernos y a las empresas. Ese marco puede ayudar a las empresas a trasladar capital a lugares donde puedan optimizar su rendimiento, sin impedir que los gobiernos nacionales atiendan las legítimas expectativas de sus ciudadanos de recibir una parte justa de los beneficios y los costes de la globalización».
Lograr unas «reglas básicas aceptables» y «una parte justa de los beneficios y los costes» exigirá coordinación mundial, porque si un país empieza a gravar de este modo, el capital, que tiene gran movilidad, huirá a países que no lo hagan.
No cabe duda de que será difícil poner en marcha la RBU. Es importante sopesar con imparcialidad sus ventajas y desventajas, las razones por las que todavía no se ha aplicado a gran escala y las modalidades que permitirían hacerla viable.
Un factor clave que complica la implementación de la RBU, más allá de su coste fiscal, es que no se implantaría en el vacío. Tendría que encajar en el conjunto de programas sociales existentes y complementarlo, tanto los basados en seguros como los basados en las necesidades. También harían falta reglas para evitar cobrar prestaciones por duplicado.
La transición a un sistema de este tipo tendría que garantizar que se mantengan los incentivos para tener un empleo. Es relativamente sencillo: la RBU debería bastar para sostener a una persona con un mínimo modesto y dejar suficientes incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.
Por último, hay buenos argumentos a favor de establecer condiciones muy selectivas; por ejemplo, algunas relacionadas con los bienes públicos, como vacunar a todos los niños y garantizar que asistan a la escuela. Estas condiciones selectivas no socavarían el objetivo principal de erradicar la pobreza y permitirían que las personas con bajos ingresos asumieran riesgos calculados para intentar salir de ella.
La alternativa a no contar con una RBU es peor: aumentaría la probabilidad de malestar social, conflictos, migración masiva incontrolable y proliferación de grupos extremistas que se aprovechan del descontento social y lo avivan. En este contexto, debemos considerar seriamente la implementación de una RBU bien diseñada, para que puedan producirse perturbaciones, pero no nos destruyan.
