La falta de atención médica hace que la llegada de la COVID-19 a las zonas de conflicto sea aterradora.
La Cruz Roja está reforzando las medidas de control de infecciones en los países vulnerables.
Es necesario que haya excepciones a las restricciones de viaje para el trabajo sanitario y humanitario.
Si la primera víctima de la guerra es la verdad, como dice el refrán, la segunda bien podría ser algo que el mundo entero valora muy alto en este momento: la atención sanitaria de calidad.
Las familias que huyen del conflicto o que se encuentran en su línea de fuego saben que la asistencia médica es un privilegio escaso y valioso en las zonas de guerra. En medio del terror de las bombas y las balas, un centro médico que funciona es un oasis que salva vidas, pero es casi seguro que el personal sanitario estará sobrecargado de trabajo y escaso de suministros.
Esta falta de atención médica es lo que hace que la marcha implacable de la COVID-19 hacia las zonas de conflicto resulte tan aterradora: supone una amenaza dramática para la vida en lugares donde las personas suelen ser vistas como otros sin nombre ni rostro. Pero mi organización ayuda y conoce a personas reales, a familias reales que ahora se enfrentan a una tormenta violenta.
Como presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), he llegado a conocer las escenas más duras que deben afrontar las víctimas de la guerra. Alimentamos a personas con desnutrición grave. Escuchamos a los supervivientes de agresiones sexuales. Reunimos a familias desgarradas y suturamos heridas de guerra espantosas.
En definitiva, vemos el mundo en su peor cara, y por eso quiero que los líderes mundiales y los gobiernos escuchen con atención: tengo miedo.
Tengo miedo porque la COVID-19 está desbordando las capacidades médicas de la avanzada infraestructura sanitaria de las naciones occidentales.
Tengo miedo de cuando la COVID-19 llegue a las prisiones con pocos recursos del mundo, donde la ya frágil salud y la escasa capacidad médica se combinarán para provocar enfermedades generalizadas.
Tengo miedo de cuando la COVID-19 llegue a los abarrotados campamentos de refugiados y a los precarios refugios provisionales del mundo, donde el distanciamiento social es imposible y los recursos médicos son escasos.
Los niños, los padres y, especialmente, los abuelos que se encuentran allí quedarán pronto a merced de la COVID-19, y por eso insto a los gobiernos y a los grupos humanitarios como el mío a hacer todo lo posible por ayudar a estas personas más vulnerables.
Esto lleva mucho tiempo siendo una necesidad. Hoy en día, ayudar a quienes menos capacidad tienen para defenderse de la enfermedad es un imperativo moral y político, incluso –o sobre todo– durante los efectos sociales y económicos paralizantes de una crisis sanitaria mundial. Podemos y debemos reducir el sufrimiento que esta enfermedad causará a quienes menos capacidad tienen para afrontarla.
La Corporación RAND constató en un estudio de 2016 que Afganistán, Haití, Yemen y 22 países de África constituyen los 25 países más vulnerables a los brotes de enfermedades infecciosas. La mayoría de los 10 países más vulnerables eran zonas de conflicto.
El CICR está llevando a cabo actualmente una importante reorientación de sus actividades de asistencia, adaptando nuestra labor existente a la realidad actual. En los centros médicos que apoyamos, como en Siria, Somalia e Irak, estamos aumentando las existencias de suministros esenciales y reforzando las medidas de prevención y control de infecciones.
En centros de detención de más de 50 países, el CICR trabaja con las autoridades para reforzar los exámenes médicos y las medidas de prevención para los recién llegados, los visitantes, los guardias y el personal de reparto. También apoyamos las medidas de desinfección y distribuimos material de higiene. Hemos visto cómo estas medidas impiden la propagación del cólera y el ébola en lugares de detención de Guinea, Liberia y la República Democrática del Congo. Debemos hacer lo mismo con la COVID-19.
Estos son pasos fundamentales en este momento. Pero aquí hay otro paso fundamental: el CICR y otros deben seguir realizando trabajos no relacionados con la COVID-19. Por ejemplo, los hospitales que apoyamos en Sudán del Sur han recibido más de 145 pacientes con heridas de bala en las últimas semanas. También ellos deben recibir ayuda.
La triste realidad es que, para las personas en conflicto, la COVID-19 puede ser solo una amenaza mortal más. Hay una buena razón por la que el secretario general de la ONU ha pedido un alto el fuego mundial: los agentes humanitarios necesitan todo el espacio posible para responder a la pandemia actual.
Nuestra doble respuesta al conflicto y a la COVID-19 es especialmente difícil debido a las medidas vitales adoptadas para contener la pandemia. Las restricciones de viaje impiden la recogida de asistencia humanitaria y bloquean la entrada de nuestros equipos en los países o la entrega de suministros. Trabajaremos para superar estos desafíos, pero pedimos a los responsables de la toma de decisiones que hagan excepciones para el trabajo sanitario y humanitario.
Si ayudar es un imperativo moral, los gobiernos y otros actores armados en las zonas de conflicto deben proteger un espacio humanitario neutral e imparcial, sin sobrecargarlo con regulaciones y restricciones; todos deben proteger la dignidad humana, sin marginar, excluir ni estigmatizar.
Temo que el ataque de la COVID-19 contra los más vulnerables del mundo sea brutal. El tiempo ya es escaso, pero debemos trabajar juntos ahora para reducir todo el sufrimiento futuro que podamos. Los gobiernos, quienes participan en conflictos y las autoridades deben cambiar su comportamiento. Los virus no conocen fronteras; el impacto de la falta de respuesta y de recursos para detenidos y refugiados podría perseguir al mundo entero.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha lanzado un llamamiento por 800 millones de francos suizos (688 millones de libras) para ayudar a los más vulnerables del mundo en la lucha contra la COVID-19.
