¿Qué tipo de sistema económico favorece más el bienestar humano? Esa pregunta se ha convertido en el eje de la época actual, porque, tras 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos y otras economías avanzadas, sabemos lo que no funciona.
El experimento neoliberal —menos impuestos para los ricos, desregulación de los mercados de trabajo y de productos, financiarización y globalización— ha sido un fracaso espectacular. El crecimiento es menor que en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la mayor parte de este ha ido a parar a la cúspide de la escala de ingresos. Tras décadas de estancamiento o incluso caída de los ingresos de quienes se encuentran por debajo de ellos, el neoliberalismo debe darse por muerto y enterrado.1
Compitiendo por sucederlo hay al menos tres alternativas políticas principales: el nacionalismo de extrema derecha, el reformismo de centroizquierda y la izquierda progresista (mientras que la centroderecha representa el fracaso neoliberal). Sin embargo, con la excepción de la izquierda progresista, estas alternativas siguen supeditadas a alguna forma de la ideología que ha expirado (o que debería haber expirado).
La centroizquierda, por ejemplo, representa el neoliberalismo con rostro humano. Su objetivo es llevar al siglo XXI las políticas del expresidente estadounidense Bill Clinton y del exprimer ministro británico Tony Blair, introduciendo solo ligeras revisiones en las modalidades predominantes de financiarización y globalización. Mientras tanto, la derecha nacionalista reniega de la globalización y culpa a los migrantes y a los extranjeros de todos los problemas actuales. Sin embargo, como ha demostrado la presidencia de Donald Trump, no es menos partidaria —al menos en su variante estadounidense— de las rebajas fiscales para los ricos, la desregulación y la reducción o eliminación de los programas sociales.
En cambio, el tercer bando defiende lo que yo llamo capitalismo progresista, que propone una agenda económica radicalmente distinta, basada en cuatro prioridades. La primera consiste en restablecer el equilibrio entre los mercados, el Estado y la sociedad civil. El lento crecimiento económico, la creciente desigualdad, la inestabilidad financiera y la degradación ambiental son problemas originados por el mercado y, por tanto, no pueden ser ni serán superados por el mercado por sí solo. Los gobiernos tienen el deber de limitar y dar forma a los mercados mediante la regulación ambiental, sanitaria, de seguridad laboral y de otros tipos. También corresponde al Gobierno hacer lo que el mercado no puede o no quiere hacer, como invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y salud de sus ciudadanos.2
La segunda prioridad consiste en reconocer que la “riqueza de las naciones” es el resultado de la indagación científica —el conocimiento del mundo que nos rodea— y de una organización social que permite a grandes grupos de personas trabajar juntas por el bien común. Los mercados siguen desempeñando un papel crucial al facilitar la cooperación social, pero solo cumplen esa función si están gobernados por el Estado de derecho y sujetos a controles democráticos. De lo contrario, las personas pueden enriquecerse explotando a otras, extrayendo riqueza mediante la búsqueda de rentas en lugar de crearla mediante un ingenio genuino. Muchos de los ricos actuales llegaron a donde están por la vía de la explotación. Se han beneficiado enormemente de las políticas de Trump, que han fomentado la búsqueda de rentas mientras destruyen las fuentes subyacentes de la creación de riqueza. El capitalismo progresista pretende hacer precisamente lo contrario.
Esto nos lleva a la tercera prioridad: abordar el creciente problema de la concentración del poder de mercado. Explotando las ventajas informativas, adquiriendo a competidores potenciales y creando barreras de entrada, las empresas dominantes pueden dedicarse a la búsqueda de rentas a gran escala en detrimento de todos los demás. El aumento del poder de mercado de las empresas, combinado con la pérdida de poder de negociación de los trabajadores, explica en buena medida por qué la desigualdad es tan elevada y el crecimiento tan débil. Si el Gobierno no adopta un papel más activo del que prescribe el neoliberalismo, es probable que estos problemas empeoren considerablemente, debido a los avances en la robotización y la inteligencia artificial.5
La cuarta prioridad clave de la agenda progresista es romper el vínculo entre el poder económico y la influencia política. El poder económico y la influencia política se refuerzan mutuamente y se perpetúan a sí mismos, sobre todo allí donde, como en Estados Unidos, los individuos adinerados y las empresas pueden gastar sin límite en las elecciones. A medida que Estados Unidos se acerca cada vez más a un sistema fundamentalmente antidemocrático de “un dólar, un voto”, es probable que el sistema de contrapesos tan necesario para la democracia no pueda sostenerse: nada podrá limitar el poder de los ricos. Esto no es solo un problema moral y político: las economías con menos desigualdad, de hecho, rinden mejor. Por tanto, las reformas del capitalismo progresista deben empezar por frenar la influencia del dinero en la política y reducir la desigualdad de la riqueza.
No existe una solución milagrosa que pueda revertir el daño causado por décadas de neoliberalismo. Pero una agenda integral como la esbozada anteriormente sí puede lograrlo. Mucho dependerá de si los reformistas son tan resueltos a la hora de combatir problemas como el excesivo poder de mercado y la desigualdad como lo es el sector privado al generarlos.
Una agenda integral debe centrarse en la educación, la investigación y las demás verdaderas fuentes de riqueza. Debe proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático con la misma vigilancia que los defensores del Green New Deal en Estados Unidos y Extinction Rebellion en el Reino Unido. Y debe ofrecer programas públicos que garanticen que ningún ciudadano se vea privado de los requisitos básicos de una vida digna. Entre ellos se incluyen la seguridad económica, el acceso al trabajo y a un salario digno, la atención sanitaria y una vivienda adecuada, una jubilación segura y una educación de calidad para los hijos.
Esta agenda es sumamente asequible; de hecho, no podemos permitirnos no aplicarla. Las alternativas que ofrecen los nacionalistas y los neoliberales garantizarían más estancamiento, desigualdad, degradación ambiental y acritud política, lo que podría conducir a resultados que ni siquiera queremos imaginar.
El capitalismo progresista no es una contradicción en los términos. Más bien, es la alternativa más viable y vital a una ideología que claramente ha fracasado. Como tal, representa la mejor oportunidad que tenemos de escapar de nuestro malestar económico y político actual.
