Las sanciones y los controles a las exportaciones se están convirtiendo en las principales herramientas de los responsables de formular políticas en un paradigma que prioriza la seguridad.
A pesar de su prevalencia, estas medidas suelen generar presiones inflacionarias y su eficacia histórica ha sido limitada.
Para abordar desafíos mundiales como la transición energética y la gobernanza de la inteligencia artificial se requiere una cooperación internacional sin precedentes.
La multipolaridad geopolítica es, en muchos sentidos, la democratización o descentralización de la hegemonía. Aunque podría considerarse moralmente encomiable, el cambio que estamos presenciando también conlleva riesgos profundos en distintas regiones y sectores.
A los responsables de formular políticas y a las empresas les cuesta encontrar su lugar en un terreno político que cambia a cada paso. En los últimos tiempos, las fuerzas seculares de la desglobalización han desgarrado el tejido de la economía mundial y han dejado a Estados y empresas expuestos a estos cambios abruptos.
A medida que se implanta el nuevo paradigma mundial de marcos que priorizan la seguridad, sus efectos en cascada obstaculizarán la cooperación multilateral, especialmente en ámbitos donde la cooperación mundial es fundamental, como una transición energética coordinada y la gobernanza de la IA.
Seguridad, sanciones e inflación
El paradigma que prioriza la seguridad incorpora una serie de herramientas de política que son inflacionarias por naturaleza. Entre ellas figuran principalmente las sanciones, las sanciones secundarias y los controles a las exportaciones.
En los últimos 20 años, Estados Unidos ha impuesto más sanciones que las Naciones Unidas, la Unión Europea y Canadá juntos. Esta tendencia no está disminuyendo; de hecho, se está acelerando.
Entre 2017 y 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sometió a más de 3.900 personas y empresas a sanciones. Esto contrasta marcadamente con el presidente estadounidense George W. Bush, quien impuso 3.484 sanciones a entidades y personas en ocho años. Sin embargo, no es una cuestión exclusiva de los partidos políticos. El presidente estadounidense Joe Biden también ha impuesto una serie de controles a las exportaciones y sanciones durante su mandato, y aún podría firmar más.
Como escribe, la autora y experta en geoeconomía Agathe Demarais: «Las sanciones son una política de bajo costo con grandes réditos políticos: los funcionarios públicos que las imponen suelen aumentar sus índices de aprobación. Además, la carga de las sanciones no recae en los responsables de formular políticas, sino en las empresas multinacionales y los bancos que deben cumplirlas».
Estas medidas se aplican en el marco de políticas que priorizan la seguridad, adoptadas por Estados nación que buscan hacer valer sus salvaguardias soberanas en un nuevo clima político de mayor hostilidad y desconfianza. Por tanto, los repuntes inflacionarios en distintas regiones y sectores son una consecuencia natural, y la internacionalización de las tensiones geopolíticas implica que sus efectos se propaguen por todo el mundo.
A medida que se implanta el nuevo paradigma mundial de marcos que priorizan la seguridad, sus efectos en cascada obstaculizarán la cooperación multilateral, especialmente en ámbitos donde la cooperación mundial es fundamental.
La fragmentación del poder implica estandarización: los protocolos transfronterizos para el comercio y los datos se fragmentan mientras cada Estado compite por implantar y mantener primero su modelo.
Sin embargo, pese a estos riesgos, los controles a las exportaciones y las sanciones primarias y secundarias se afianzarán como modus operandi de los responsables de formular políticas. Esto ocurre a pesar de las pruebas contundentes de que, históricamente, las sanciones no han sido muy eficaces y, en algunos casos, han causado más daño que beneficio.
Un análisis exhaustivo de los programas de sanciones de Estados Unidos desde 1970 revela que solo el 13% de los países objetivo modificó sus acciones de la manera que pretendía Estados Unidos.
Cooperación a regañadientes
No se pueden ignorar las legítimas preocupaciones de seguridad nacional de cada país, aunque quizá se necesite un marco más flexible para alcanzar objetivos mundiales. Dos temas de gran importancia son la transición energética y la gobernanza de la IA. Ambos requieren cooperación mundial, pues su ausencia casi con toda seguridad provocará inseguridad macroeconómica o política.
La rivalidad entre Estados Unidos y China está en el centro de estos dos temas. Como las dos economías más grandes del mundo, sus relaciones bilaterales no se limitan a una dinámica dicotómica, sino que repercuten en todo el planeta. China desempeña un papel clave en la cadena de suministro mundial de minerales críticos, en particular de tierras raras. El gigante asiático también contribuye de manera importante a la transición energética.
China domina el mercado de los vehículos eléctricos (VE): en 2023, el gigante asiático representó aproximadamente el 60% de las ventas mundiales totales de VE, con cerca de 11,5 millones de unidades vendidas al año. En comparación, Estados Unidos vendió alrededor de 1,4 millones de unidades, un aumento de más del 40% respecto del año anterior, pero apenas cerca del 10,2% de las ventas mundiales de VE.
También en el caso de los paneles solares, el sol brilla con fuerza sobre Pekín. En 2023, China instaló 170 gigavatios (GW) de nueva capacidad solar, lo que representó cerca del 43% del total mundial de aproximadamente 400 GW. Estados Unidos, por su parte, añadió unos 20 GW de nueva capacidad solar ese mismo año, lo que supuso alrededor del 5% de las instalaciones solares mundiales.
Funcionarios estadounidenses han señalado riesgos de seguridad relacionados con los VE chinos y, hasta que se investiguen y resuelvan, es poco probable que se integren en la economía estadounidense. Ambos países están aplicando políticas industriales específicas para hacer que sus productos de VE sean más competitivos a escala mundial. También se están incorporando subsidios y apoyos estatales asimétricos al modelo de seguridad económica, lo que deja a los responsables de formular políticas en un punto muerto.
Pero la regulación mundial de la gobernanza de la IA es igual de importante, si no más. Aunque la implementación nacional puede diferir y estar sujeta a distintos parámetros regulatorios, hay ámbitos en los que se puede y se debe alcanzar un consenso internacional. Esto se aplica principalmente al ámbito militar, donde la niebla de la guerra, o la posibilidad de que se produzca, no debería dejarse en manos de la IA.
Al igual que los Convenios de Ginebra, un marco mundial para el uso de la IA en contextos militares probablemente ayudaría a los Estados a evitar caer en una especie de «trampa de Tucídides» y, en el contexto del avance tecnológico y la IA, en lo que llamo una «trampa prometeica».
En concreto, los países con rivalidades estratégicas participan en una carrera armamentista tecnológica con altas probabilidades de desembocar en un conflicto. Cabe establecer un paralelismo con la Guerra Fría y la consiguiente proliferación de armas nucleares.
Antes de que las relaciones empezaran a deteriorarse, China y Estados Unidos colaboraban más estrechamente en materia de IA que cualquier otro grupo de países. Aunque deben tenerse en cuenta las preocupaciones de seguridad y protegerse la información estratégica, hay ámbitos de cooperación propicios para la colaboración, en particular la gobernanza de la IA en relación con la guerra y su uso en escenarios nucleares.
La guerra no es inevitable, pero si las tensiones siguen aumentando, deben establecerse límites tecnológicos para evitar un conflicto terrible, en el que los seres humanos sean quienes ejerzan el control principal y no un algoritmo.
