Mientras la guerra en Ucrania dispara los precios de los alimentos y la energía, muchos gobiernos han intentado limitar el aumento de los precios internos mediante recortes de impuestos o subsidios directos a los precios.
En cambio, los responsables de formular políticas deberían permitir que los altos precios mundiales se trasladen a la economía nacional, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables, el FMI afirma.
Los economistas creen que, en última instancia, resulta menos costoso que mantener artificialmente bajos los precios para todos.
Los gobiernos deberían centrarse en invertir en redes de protección social y reformar los subsidios existentes para mejorar la resiliencia futura ante los altos precios mundiales.
Los países deberían permitir que los precios internacionales se trasladen a los precios internos, protegiendo a los hogares que más lo necesitan.
Los gobiernos afrontan difíciles decisiones de política mientras intentan proteger a la población de los precios récord de los alimentos y del aumento vertiginoso de los costos de la energía, impulsados al alza por la guerra en Ucrania.
Los países introdujeron diversas medidas de política en respuesta a este aumento sin precedentes de los precios de los productos básicos más esenciales. Nuestro análisis de las medidas anunciadas por los países miembros muestra que muchos gobiernos intentaron limitar el aumento de los precios internos a medida que subían los precios internacionales, ya fuera mediante recortes de impuestos o subsidios directos a los precios. Sin embargo, estas medidas de apoyo generan a su vez nuevas presiones sobre unos presupuestos ya afectados por la pandemia.
Limitar el traslado de los precios no siempre es el mejor enfoque. Según una nueva nota del FMI, los responsables de formular políticas deberían permitir que los altos precios mundiales se trasladen a la economía nacional, protegiendo a los hogares vulnerables afectados por las subidas. En última instancia, esto resulta menos costoso que mantener artificialmente bajos los precios para todos, independientemente de su capacidad de pago.
No todos los países pueden seguir el mismo camino. Allí donde existen subsidios, el ritmo de los ajustes de precios y el grado de utilización de las redes de protección social variarán de un país a otro. Por eso, nuestra nota ofrece recomendaciones de política matizadas según las circunstancias de cada país, como la solidez de la red de protección social, el nivel de los subsidios existentes a los alimentos y los combustibles, y la disponibilidad de margen fiscal.
Altos precios mundiales
La invasión rusa de Ucrania se produjo tras las fuertes subidas registradas el año pasado en los mercados de productos básicos, lo que llevó los precios de los alimentos a niveles récord y los del gas natural a máximos históricos. Los precios del trigo, un alimento básico del que Rusia y Ucrania representan conjuntamente cerca de una cuarta parte de las exportaciones mundiales, han subido un 54 por ciento respecto al año anterior. La interrupción de las importaciones de alimentos y energía procedentes de estos países expone a los demás a costos elevados e incertidumbre sobre el suministro.
La población de los países de bajos ingresos es la más vulnerable al aumento de los precios, porque los alimentos representan en promedio el 44 por ciento del consumo, frente al 28 por ciento en las economías de mercados emergentes y al 16 por ciento en las economías avanzadas. Los precios del petróleo también han subido considerablemente, lo que impone cargas distintas a los consumidores. Los hogares de mayores ingresos tienden a consumir más combustible que los de menores ingresos y usan más gasolina que los hogares más pobres, que en muchos países en desarrollo suelen consumir más queroseno. Las políticas gubernamentales para mitigar el impacto social del aumento de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y garantizar que la carga no recaiga de manera desproporcionada sobre las personas pobres.
Respuestas de política ante los altos precios mundiales
El traslado de los precios internacionales de los combustibles a los consumidores nacionales fue menor durante los primeros cuatro meses de este año que durante el mismo período del año pasado. Además, el traslado fue mayor en las economías avanzadas y menor en los países emergentes y en desarrollo exportadores de petróleo. Los subsidios a los combustibles, frecuentes en muchos países exportadores de petróleo de Oriente Medio, el norte de África y el África subsahariana, explican en gran medida por qué los consumidores de esas regiones pueden sentir menos el impacto en el surtidor, aunque a costa de un aumento de los costos fiscales y, por tanto, en muchos casos, de futuros recortes en otros servicios públicos.
Más de la mitad de los 134 países encuestados habían anunciado al menos una medida en respuesta a los altos precios mundiales de la energía y los alimentos. Las economías emergentes y en desarrollo anunciaron menos medidas nuevas de política, probablemente porque siguen dependiendo de los subsidios existentes a la energía y los alimentos y limitando —o evitando— los ajustes de los precios internos.
También podrían tener menos margen fiscal para responder o más dificultades para ampliar rápidamente sus redes de protección social. En las economías avanzadas, la mayor cantidad de países anunció transferencias en efectivo y cuasien efectivo (incluidos vales y descuentos en las facturas de servicios públicos). En las economías emergentes y en desarrollo, las reducciones de los impuestos al consumo fueron las medidas anunciadas con mayor frecuencia.
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Consideraciones sobre las redes de protección social
Aunque la mayoría de los países está limitando el traslado de los precios internacionales, no es aconsejable. Las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los altos precios mundiales animan a las personas a usar la energía de manera más eficiente. Por otro lado, los precios subsidiados fomentan un mayor consumo y ejercen más presión sobre los precios de la energía. Al mismo tiempo, los países deberían proporcionar transferencias temporales y focalizadas a los hogares más vulnerables.
La respuesta de la demanda puede ser considerable en el caso de la energía, pero mucho menor en el de los alimentos, porque las personas necesitan comer más o menos la misma cantidad. Aun así, los países deberían evitar impedir que los precios internos se ajusten, porque esas medidas, que dan lugar a subsidios, no protegen eficazmente a las personas más vulnerables. También son costosas, desplazan gastos más productivos y reducen los incentivos para productores y distribuidores. Recomendamos permitir que los altos precios mundiales de los alimentos se trasladen a los precios internos, siempre que se proteja a las personas vulnerables y no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria.
También destacamos que, al definir sus políticas, los países deberían tener en cuenta la solidez de las redes de protección social:
Los países con redes de protección social sólidas podrían recurrir a transferencias monetarias temporales y focalizadas para reducir el impacto sobre las personas vulnerables. Estos países pueden proporcionar transferencias focalizadas apoyándose en los programas sociales existentes.
Los países cuyas redes de protección social no sean lo bastante sólidas para apoyar a las personas más vulnerables pueden ampliar sus programas existentes más eficientes, aumentando los niveles de las prestaciones y la cobertura según sea necesario. Por ejemplo, se pueden utilizar herramientas digitales para registrar a los beneficiarios y entregarles las prestaciones.
Los países que ya cuentan con subsidios a la energía o los alimentos deberían trasladar gradualmente los altos precios mundiales a los consumidores y comprometerse a eliminar los subsidios en los próximos años. El ritmo de este traslado debe calibrarse cuidadosamente en función de la brecha entre los precios minoristas e internacionales, el margen fiscal disponible y la capacidad de aplicar medidas para proteger a las personas vulnerables.
En los países donde la seguridad alimentaria es motivo de preocupación y se han agotado todas las demás opciones, los gobiernos pueden considerar otras medidas temporales, como subsidios a los precios o impuestos a las importaciones con cláusulas de expiración claras para los alimentos básicos. Los gobiernos también deberían intentar aumentar la oferta de alimentos apoyando la producción, evitando el acaparamiento y utilizando las reservas alimentarias cuando estén disponibles. Cuando la seguridad alimentaria esté en riesgo, puede ser necesario distribuir directamente alimentos básicos.
Durante los próximos dos o tres años, los gobiernos deberían centrarse en invertir en redes de protección social y reformar los subsidios existentes. Estas reformas ayudarán a los países a mejorar su resiliencia y promover un gasto más productivo que apoye el crecimiento inclusivo.
