El éxito de la democracia al estilo occidental después de la Segunda Guerra Mundial se basó en contratos sociales nacionales: los ciudadanos pagaban impuestos y el Estado proporcionaba las condiciones para un progreso económico sostenido, además de empleos seguros, una red de protección social y políticas redistributivas que reducían la brecha de ingresos entre propietarios y trabajadores. Aunque el grado de redistribución y la disponibilidad de empleos seguros variaban de un país a otro, la inmensa mayoría de los ciudadanos aceptaba ese acuerdo.
En las últimas décadas, sin embargo, la globalización ha erosionado el contrato social de la posguerra al debilitar el Estado nación. El aumento del comercio mundial y de los flujos financieros ha contribuido a la prosperidad, pero también ha creado perdedores. La desigualdad de ingresos se ha ampliado en muchos países y la concentración de la riqueza en la cúspide ya no parece tolerable. Además, la crisis financiera mundial de 2008 minó la confianza pública en el progreso económico sostenido.
Los gobiernos democráticos afrontan ahora dos desafíos principales al intentar renovar los contratos sociales de sus países. Deben garantizar una red de protección sólida y eficiente, adaptando las políticas sociales y laborales al nuevo mundo del trabajo. También deben dar pasos concretos para proporcionar bienes públicos globales —como combatir el cambio climático—, procurando el apoyo interno a la cooperación internacional.
Eso no será fácil. La disrupción económica, junto con las inquietudes relacionadas con la migración y los refugiados, ha contribuido a llevar al poder a populistas neonacionalistas en varios países. El desprecio del presidente estadounidense Donald Trump por las normas mundiales y las instituciones multilaterales, por ejemplo, agrava las dificultades de otros gobiernos nacionales para avanzar en asuntos económicos y de seguridad.
Aunque el desempleo ha disminuido en general, las nuevas tecnologías y la creciente competencia de China han generado una fuerte sensación de inseguridad en las economías avanzadas. Es cierto que la economía digital encierra grandes promesas. Pero también es disruptiva y está cambiando la naturaleza del trabajo: hace que los empleos sean menos seguros y aumenta la necesidad de formación continua. Esto también ocurre en los países emergentes.
Por tanto, la primera prioridad de los gobiernos debe ser actualizar sus políticas sociales y laborales para reflejar estos cambios digitales. En particular, las prestaciones sociales deben ser plenamente transferibles y pertenecer a los trabajadores, en lugar de estar vinculadas a un empleo específico.
Algunos abogan por renovar el contrato social mediante una renta básica universal (RBU) que el Estado pagaría a todos los ciudadanos adultos. Sus defensores a menudo no especifican claramente qué cuantía de la RBU proponen ni qué debería sustituir exactamente, pero los planes para otorgarla a todos los ciudadanos, incluso a los más acomodados, son simplemente inasumibles. En Estados Unidos, por ejemplo, una RBU de 1.000 dólares al mes costaría tanto como todo el presupuesto federal.
Una opción mejor sería un impuesto negativo sobre la renta generoso, o una «renta básica garantizada». A diferencia de una RBU, una renta básica garantizada podría ser más asequible y ofrecería a las personas con ingresos por debajo de cierto nivel un incentivo para trabajar, al tiempo que tendría un efecto redistributivo.
Además, los empleados podrían tener cuentas digitales individuales en las que acumular puntos con el tiempo para destinarlos a la reconversión profesional y a ampliar su formación. Este sistema ya existe en Francia y podría ampliarse para incluir el seguro de desempleo, los permisos personales e incluso las prestaciones de jubilación. Por ejemplo, el centro de estudios francés Terra Nova propone un sistema integral de puntos que permitiría a los ciudadanos elegir un conjunto de prestaciones sociales adaptado a sus circunstancias personales.
Un sistema de este tipo requeriría salvaguardias para proteger la privacidad individual e impedir que la información personal se utilizara con fines políticos. Y aunque la posibilidad de elegir individualmente es uno de sus principales atractivos, también convendría proteger a las personas frente a decisiones imprudentes. Con estas salvedades, un sistema de puntos con prestaciones plenamente transferibles encajaría en el nuevo mundo del trabajo y podría convertirse en un pilar de un contrato social renovado.
La segunda prioridad de las sociedades es incluir en los contratos sociales renovados elementos que faciliten la provisión de bienes públicos globales e impidan las políticas de «empobrecer al vecino», que generan beneficios internos a corto plazo perjudicando a otros e incitan a represalias. Aunque la mayoría de las políticas tienen efectos principalmente internos, la globalización ha llegado a una etapa en la que algunos resultados solo pueden lograrse mediante la cooperación internacional.
Estos bienes públicos globales pueden ser del tipo del «eslabón más débil»: el incumplimiento de uno o unos pocos países podría socavar los esfuerzos mundiales para abordar un problema que afecta a todos. Algunos ejemplos son prepararse para las epidemias, impedir la proliferación nuclear y evitar una carrera a la baja de los tipos impositivos nacionales. Otros bienes públicos son «aditivos». La protección climática eficaz, por ejemplo, depende de la suma de los esfuerzos de todos los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Proporcionar bienes públicos globales es un enorme desafío, porque, naturalmente, no puede haber un contrato social entre los ciudadanos y una autoridad mundial inexistente. Sin embargo, para que esos bienes se proporcionen adecuadamente es necesario que los gobiernos nacionalesrindan cuentas del alcance y el éxito de su cooperación internacional para proporcionarlos.
Estamos viendo los inicios de ese vínculo entre lo nacional y lo global en la protección del clima. En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, millones de ciudadanos votaron por partidos verdes que han convertido la lucha contra el calentamiento global en su máxima prioridad. Líderes como el presidente francés Emmanuel Macron se han comprometido a cooperar a escala internacional para combatir el cambio climático, asumiendo ese compromiso en el ámbito nacional. Esto sugiere que la cooperación para proporcionar un bien público global puede formar parte de un contrato social nacional.
No debe subestimarse la dificultad de construir un nuevo contrato social basado en estos dos pilares. Los contribuyentes podrían resistirse al costo de proporcionar políticas sociales integrales y flexibles para la era digital. Y esperar que los ciudadanos exijan a sus gobiernos una mayor cooperación internacional puede parecer ingenuo, dada la aparente expansión del neonacionalismo.
Pero un contrato social renovado que responda a la nueva naturaleza del trabajo y a la globalización es esencial para reducir la inseguridad y el enojo generalizados actuales y garantizar el futuro de la democracia. En ese sentido, el apoyo de los jóvenes votantes de todo el mundo a programas políticos que incorporan ambos pilares ofrece un sólido motivo para la esperanza.
