Vea aquí la sesión «¿Qué Europa ahora?» de la Reunión Anual 2017 del Foro Económico Mundial aquí.
Un año más, otra amenaza para la supervivencia de la Unión Europea. La buena noticia es que la mayor perturbación de 2016, el voto del Reino Unido a favor de salir de la UE, parece manejable. La mala noticia es que tanto Francia como Italia se enfrentan este año a la posibilidad de una toma del poder político por parte de los populistas. Cualquiera de esos desenlaces bien podría significar el fin de la UE.
Últimamente, la UE se ha convertido en un objetivo primordial para los populistas. El fenómeno se afianzó primero en Grecia, cuando el partido izquierdista Syriza llegó al poder en enero de 2015. Pero Syriza no intentaba sacar a Grecia de la UE; más bien, quería un acuerdo mejor con los acreedores del país, que habían impuesto devastadoras medidas de austeridad a los ciudadanos griegos.
El enfoque de Syriza reflejaba en gran medida la voluntad del pueblo. En un referéndum celebrado en junio de 2015, los votantes rechazaron de forma abrumadora un acuerdo propuesto por los acreedores de Grecia que habría supuesto aún más austeridad. Sin embargo, la aceptación por parte del Gobierno de un acuerdo prácticamente sin cambios apenas unos días después recibió un amplio apoyo. Los votantes griegos entendían que unas condiciones mejores no compensaban perder la pertenencia a la eurozona.
Desde luego, no todo el mundo consideraba que pertenecer a la UE valiera el sacrificio. Pero la crítica popular a la UE tenía un aire pragmático y se centraba, en gran medida, en lo que hacía la UE hacía, sobre todo en el ámbito económico. Por eso, las críticas han sido más intensas en los países más afectados por la crisis del euro, en los que afrontaron la austeridad o, más recientemente, en los que sintieron que los acuerdos comerciales los dejaban atrás.
Ya no es así. El populismo de derechas ha ganado terreno en economías sólidas (Austria) y en países donde los beneficios de pertenecer a la UE son palpables (Hungría y Polonia). En Francia nunca hubo austeridad impuesta por la UE; incluso el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admitió que las reglas presupuestarias de la UE no pueden imponerse realmente a Francia, «porque es Francia».
Ahora, los populistas no se centran en lo que la UE hace, sino en lo que representa. En vez de preguntarse si la UE hace a la gente más rica o más pobre, los populistas se centran en una pregunta más fundamental y poderosa: «¿Quiénes somos?».
En un momento de inmigración a gran escala, este cambio no sorprende. Las sociedades que durante mucho tiempo se han definido por sus orígenes y cultura compartidos ahora deben lidiar con las implicaciones del multiculturalismo. Por eso, la mayoría de quienes observan a los partidos populistas, en especial a los de derecha, se han centrado en las actitudes hacia los extranjeros y las minorías.
El giro hacia la política de la identidad —un terreno poco propicio para el compromiso— ha venido acompañado de un cambio en las actitudes hacia las instituciones democráticas. Los líderes populistas parten de la premisa de que la voluntad del «pueblo» —tal como la define el populista— no debe estar sujeta a límites institucionales. Esto contradice la premisa fundamental de la democracia liberal: que el poder de la mayoría debe limitarse, entre otras cosas, para proteger a las minorías, tanto electorales como de otro tipo.
Los límites al poder de la mayoría del momento suelen establecerse mediante lo que los estadounidenses llaman «frenos y contrapesos», que incluyen, por ejemplo, un poder judicial independiente y requisitos de mayoría cualificada para modificar elementos fundamentales del sistema político. Y esos límites suelen funcionar, al menos en gran medida. En el Reino Unido, por ejemplo, tres jueces del Tribunal Superior dictaminaron que solo el Parlamento —y no el Gobierno— puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el procedimiento formal para abandonar la UE.
Pero los políticos populistas se resienten de esas restricciones. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no solo ha declarado abiertamente que prefiere una democracia «iliberal»; también ha trabajado para desmantelar los controles al poder de su Gobierno. Lo mismo ocurre con el Gobierno populista de Polonia, cuyo líder de facto, Jarosław Kaczyński, ni siquiera ocupa un cargo formal en la administración.
Dado su desprecio por las instituciones independientes, no es difícil entender por qué los populistas se oponen a la UE, que, en cierto sentido, es la democracia liberal por excelencia: se rige por normas impersonales, en lugar de por la mayoría del momento, y la mayoría de las decisiones requieren una mayoría cualificada o unanimidad. Para los populistas, la UE representa restricciones adicionales importantes, aún más difíciles de sortear que los controles internos. Eso la convierte en un problema.
Sin embargo, desde otro punto de vista, la UE adolece de un déficit democrático: como señalan habitualmente los líderes populistas, sus dirigentes en Bruselas no son elegidos. (Los populistas emplean argumentos similares para negar la legitimidad de, por ejemplo, los tribunales nacionales.)
La realidad, por supuesto, es que los gobiernos y parlamentos elegidos democráticamente nombran a los dirigentes, funcionarios y jueces independientes de la UE precisamente para poner límites a la mayoría del momento y a los gobiernos futuros. Pero los populistas reformulan la manera en que sus seguidores entienden este sistema, al afirmar que esos funcionarios forman parte de la «élite» y que sus pares los eligieron para frustrar la voluntad del pueblo.
Los políticos tradicionales, y menos aún los funcionarios de la UE, poco pueden hacer para contrarrestar este relato. Algunos políticos nacionales ceden a la presión popular y adoptan la retórica —e incluso el programa— de sus adversarios populistas. Pero la UE no puede hacer lo mismo sin acelerar, en la práctica, su propia desaparición.
Cuando el problema era lo que hacía la UE, había una solución posible: la UE podía cambiar de rumbo en materia económica. Y, de hecho, la Comisión ha de factoabandonado la austeridad. Asimismo, el nuevo acuerdo comercial de la UE con Canadá, firmado en octubre, solo se concluyó después de elaborar complejos compromisos.
Pero la UE no puede cambiar lo que representa. No puede aceptar, y mucho menos promover, la idea de que los frenos y contrapesos son obstáculos al progreso o de que los extranjeros amenazan el modo de vida europeo. No puede ofrecer las soluciones radicales, imposibles o iliberales que los populistas utilizan para ganarse el apoyo. La UE debe seguir siendo un baluarte de la democracia liberal, con todas sus normas y procedimientos poco atractivos, pero necesarios.
En el entorno actual, esta pesada encarnación de una democracia multinivel y una economía abierta no puede competir con las elevadas promesas de los populistas. Sin embargo, cuando los populistas no cumplen, el público vuelve corriendo a la UE. Solo cabe esperar que todavía haya una UE esperándolos.
