La desigualdad social, el cambio climático, los cambios demográficos, la migración global y la transformación digital son los mayores desafíos que afrontan los gobiernos de los Estados de la UE y la OCDE. ¿Hasta qué punto sus respuestas están preparadas para el futuro? ¿Cómo afectan a la formulación de políticas la creciente polarización política y el populismo nacionalista?
Las perspectivas de una formulación sostenible de políticas nacionales y de soluciones políticas coordinadas a escala internacional se han deteriorado recientemente hasta un grado peligroso, según reveló este año el informe Indicadores de Gobernanza Sostenible (SGI) de la Fundación Bertelsmann. Esta herramienta internacional de seguimiento arroja luz sobre la viabilidad futura de los 41 países de la OCDE y la UE. Evaluamos las acciones y reformas de los gobiernos con base en 136 indicadores, con la participación de más de 100 expertos internacionales.
El desempeño de los Estados siempre presenta amplias diferencias. Sin embargo, estas han aumentado, dada la disparidad con que los Estados han gestionado las consecuencias de la crisis financiera mundial y el grado en que lo han hecho de manera social y ecológicamente sostenible. La cooperación internacional también está estancada, especialmente en materia de protección del clima. De manera alarmante, nuestros indicadores muestran que los Estados se distancian aún más en la calidad de su democracia y en el desarrollo del Estado de derecho.
Los países nórdicos, encabezados por Suecia, siguen estando mejor preparados para el futuro. Pero incluso ellos afrontan toda una serie de tareas difíciles, como el rápido aumento de la desigualdad de ingresos y la integración continua de las personas refugiadas en el mercado laboral. Además, Finlandia tiene dificultades con un mercado laboral debilitado. Sus cifras de desempleo la sitúan ahora en el puesto 31 entre los 41 países de la OCDE y la UE. Entre las mayores economías, solo Alemania y el Reino Unido siguen ocupando puestos entre los diez primeros en la clasificación del desempeño de las políticas.
Las políticas de empleo de los Estados arrojan resultados dispares
Durante el período que abarca el informe, la mayoría de los países de la OCDE y la UE siguieron recuperándose económicamente de las consecuencias de la crisis económica y financiera. Esto es especialmente cierto en el caso de los que antes se llamaban «países en crisis» —Estados Unidos, Irlanda, Italia, España y Portugal—, donde las reformas estructurales de la política económica introducidas en los últimos años están teniendo ahora un efecto positivo en el mercado laboral.
En particular, Irlanda ha protagonizado una impresionante recuperación económica desde 2015. Su ratio de deuda respecto del PIB se redujo del 120 % en 2013 al 76 % en 2016. El sólido crecimiento económico hizo que el desempleo descendiera al 7,2 % en diciembre de 2016 y propició un aumento del empleo, especialmente entre los trabajadores altamente cualificados.
En cambio, la evolución reciente de los mercados laborales austríaco y francés ha sido muy insatisfactoria. En respuesta, el presidente francés Emmanuel Macron ha emprendido una serie de reformas estructurales. Además, recientemente pronunció un discurso de fondo a favor de una reforma fundamental de la UE, con el objetivo de profundizar la integración europea en materia de política económica y social.
Por su parte, el nuevo canciller de Austria, Sebastian Kurz, sigue el camino opuesto y adopta un tono euroescéptico y nacionalista. Al parecer, se centra en limitar la integración europea en lugar de profundizarla.
Pocos avances en sostenibilidad social
Los países han avanzado relativamente poco a la hora de ofrecer a más personas un mejor acceso al mercado laboral y una participación duradera en la próxima expansión económica. En materia de sostenibilidad social, la gran mayoría de los países industrializados se mantiene estancada o solo logra avances moderados. Este estancamiento ha sido especialmente persistente en ámbitos como la atención sanitaria sostenible y la seguridad de las pensiones de vejez preparada para el futuro. Se trata de una evolución extremadamente alarmante, dado que la generación del «baby boom» se jubilará en muchos países durante los próximos años.
Además, la sostenibilidad social está estancada o incluso retrocede en países como Polonia, Estados Unidos, México, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Hungría. Estos países ya obtenían malos resultados en este ámbito, y sus panoramas políticos se han caracterizado recientemente por una fuerte polarización o por el avance del populismo nacionalista. Estas tendencias negativas son más evidentes en ámbitos críticos como el acceso a una educación universal de alta calidad y la política familiar. Esta evolución amplía aún más la brecha en política social entre estos países y el grupo líder de los países nórdicos.
Pocos cambios en la cooperación internacional
También existe una profunda brecha en las políticas de sostenibilidad ecológica. Países que ya tenían un balance deficiente en política medioambiental, como Estados Unidos, México, Polonia, Australia, Corea del Sur, Israel, Turquía y Grecia, han empeorado aún más o no han mejorado lo suficiente. También se ha afianzado la brecha entre los países con un alto grado de compromiso internacional y aquellos que optan únicamente por una participación aislada y descoordinada.
Mientras que Francia y Alemania han ampliado aún más su compromiso en este ámbito, la mayoría de los países industrializados han reducido todavía más su compromiso con la política climática como consecuencia de la crisis económica y financiera. Canadá constituye una honrosa excepción: ha introducido impuestos medioambientales, creado nuevos empleos en el sector de las energías renovables y defendido el Acuerdo de París sobre el clima.
Aumentan las diferencias entre países en el desarrollo de la democracia
Los Estados incluidos en el estudio han aplicado los procesos y estándares democráticos en distinto grado. En Polonia, Hungría, Turquía y México se han producido acontecimientos muy alarmantes. Turquía y Hungría, en particular, se han distanciado significativamente del resto de la comunidad de la OCDE durante el período de estudio.
Observadores de ambos países han señalado tendencias sumamente preocupantes en cuanto al respaldo del Gobierno al Estado de derecho; entre los principios esenciales más afectados se encuentran la independencia judicial, la libertad de prensa y la protección efectiva de las minorías. Las sociedades de ambos países ya no pueden dar por sentado que podrán limitar eficazmente el poder de sus gobiernos a través de los medios de comunicación, los grupos sociales o el parlamento.
