El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirma en Davos que el auge de las plataformas de redes sociales ha concentrado el poder y la riqueza en manos de unos pocos.
Sánchez cree que las redes sociales son un «recurso común de la humanidad» que debe «protegerse y gestionarse en consecuencia» para proteger la democracia.
En su discurso especial, instó a los líderes a hacer frente directamente a esta amenaza para luchar por la salud, la seguridad y la libertad de las generaciones venideras.
Tenía previsto aprovechar este discurso para destacar los excelentes resultados económicos, sociales y medioambientales de mi país, España.
En los últimos años, España se ha convertido no solo en una de las economías y generadoras de empleo de más rápido crecimiento de Occidente, sino también en uno de los países que más ha reducido la desigualdad y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nos estamos convirtiendo en la prueba de que la socialdemocracia funciona de verdad. De que un país puede ganar competitividad y, al mismo tiempo, fomentar la justicia social, proteger la naturaleza y apoyar un orden mundial basado en la apertura y el multilateralismo.
Tenemos los resultados, los hechos que lo demuestran. Quienes defienden el modelo opuesto no tienen nada. Solo palabras y promesas envueltas en medidas radicales que nos llevaron al caos en el pasado y volverán a hacerlo si no actuamos.
Por eso he decidido cambiar el tema de mi discurso y hablarles de una de las principales herramientas que se utilizan para sembrar este caos: las redes sociales.
A principios de la década de 2000, las redes sociales empezaron a prosperar con una promesa. Sus fundadores nos dijeron que unirían a las personas y fortalecerían nuestras democracias. Con nuevas ideas. Con más pluralismo. Con una mayor rendición de cuentas de quienes tienen poder.
Y, basándonos en esa promesa, todos nos sumamos. Instituciones públicas, gobiernos, empresas, personas… alrededor de 5.000 millones de usuarios. Es decir, más del 60 % de la población mundial.
En los años siguientes, se cumplió parte de aquella promesa fundacional. Al menos durante un tiempo. Las redes sociales sí cambiaron nuestra forma de trabajar, informarnos e interactuar. Tendieron puentes entre personas con ideas afines que se encontraban físicamente lejos y ampliaron el alcance del debate público al permitir que la ciudadanía compartiera sus opiniones más allá de las limitaciones impuestas por los gobiernos y los medios de comunicación tradicionales. Movimientos por la justicia y el cambio como «Me Too» o «Fridays for Future» no habrían sido posibles sin ellas.
Pero todos esos avances también trajeron enormes desventajas, ocultas en las entrañas de los algoritmos, como invasores escondidos en el vientre de un caballo de Troya.
Entonces no nos dimos cuenta. Pero ahora sí.
Ahora sabemos que la conectividad fluida y gratuita que ofrecen las redes sociales también vino acompañada de ciberacoso, discursos de odio, delitos sexuales, violaciones de la privacidad y un terrible aumento de la ansiedad, la violencia y la soledad.
Ahora sabemos que, lejos de unir a la humanidad y «empoderar al pueblo», estas plataformas han concentrado el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Todo ello a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias.
Así que abramos los ojos. La investigación académica y los indicios políticos están al alcance de cualquiera que quiera verlos: las principales redes sociales están perjudicando el orden liberal y el sistema democrático de al menos tres maneras contundentes que ya no podemos seguir ignorando.
En primer lugar, las redes sociales simplifican en exceso y polarizan el debate público. Doscientos ochenta caracteres —o un vídeo de 30 segundos— no bastan para explicar casi nada importante.
El traslado del debate político de las instituciones, los periódicos y las cafeterías a las redes sociales nos está llevando a sustituir el rigor por la inmediatez y la complejidad por la brevedad.
Nos impide explicar bien las cosas, reconocer que las decisiones suelen implicar contrapartidas y mantener conversaciones sustanciales con quienes piensan de otra manera.
En cambio, nos hace centrarnos en crear eslóganes para conseguir «me gusta» y «compartidos» en nuestras propias cámaras de eco. Y esto, a su vez, nos está convirtiendo en una sociedad cada vez más dividida y fácil de manipular.
Esta deriva no es en absoluto fruto de la casualidad. Al contrario, está estrechamente relacionada con la segunda forma en que las redes sociales erosionan nuestras democracias: al fomentar la desinformación.
Cada día, nuestros muros y las publicaciones que vemos se llenan de imágenes manipuladas, datos erróneos y noticias falsas que distorsionan nuestra percepción de la realidad.
Noticias falsas que hicieron creer a muchas personas que el virus de la COVID-19 no existía, que las minorías étnicas y culturales que viven en nuestros países son la causa de todos nuestros problemas y que el Estado es una estafa que actúa contra los intereses de la ciudadanía.
Cada día consumimos millones de noticias falsas, que tienen un 70 % más de probabilidades de compartirse que las verdaderas. Y los propietarios de las grandes empresas de redes sociales han decidido no ponerles freno.
No porque sea difícil ni porque hayan leído a Dérrida, sino porque les conviene para sus negocios. Porque generan más clics y atraen a anunciantes. Y porque contribuyen a impulsar su agenda política.
Esta es la tercera y más terrible manera en que las redes sociales están dañando nuestras democracias: al convertirse en herramientas para sustituir los votos por los «me gusta». Nos dijeron que estas plataformas ayudarían a nivelar el terreno de juego. Pero, en cambio, lo han vuelto aún más desigual.
Los datos indican que alrededor de un tercio de los perfiles de redes sociales son en realidad bots y que estos generan casi la mitad de todo el tráfico de internet. Los servicios publicitarios y las técnicas para potenciar contenidos sesgan por completo las búsquedas. Y los algoritmos de los feeds —lejos de promover la equidad— están diseñados para ocultar ciertas opiniones políticas y favorecer otras.
Lo que debía ser un espacio para el debate constructivo y el libre intercambio de ideas se ha convertido en un campo de batalla amañado, lleno de manipulación, censura y falsedades.
Y seamos claros: esto no ocurrió por accidente. Se ha impulsado de forma sistemática.
Por potencias extranjeras —como Rusia— que quieren debilitar nuestras instituciones y alterar nuestros procesos democráticos.
Por fuerzas políticas antisistema que quieren sembrar el caos en nuestras sociedades y aprovecharlo para hacerse con el poder, como hicieron los fascistas en el pasado.
Y por los propios propietarios de las grandes redes sociales. Un pequeño grupo de tecnomultimillonarios que ya no se conforma con ostentar un poder económico casi total: ahora también quiere ejercer poder político de una forma que socava nuestras instituciones democráticas.
Y ni siquiera ocultan ese objetivo. Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de sus principales ideólogos, reconoció abiertamente en una entrevista que los tecnomultimillonarios quieren derrocar la democracia porque —y cito— «han dejado de creer que la libertad y la democracia sean compatibles».
Y deberíamos preguntarnos: ¿la «libertad» de quién, exactamente? Porque la democracia no solo es compatible con la libertad del pueblo, sino que es su condición previa necesaria.
Lo que realmente limita la democracia es el poder de las élites. Es el poder de quienes creen que, por ser ricos, están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, amigos míos, los tecnomultimillonarios quieren derrocar la democracia.
Esto, señoras y señores, es la verdad y la terrible amenaza a la que nos enfrentamos. La tecnología que debía liberarnos se ha convertido en un instrumento de nuestra propia opresión. Las redes sociales que debían traer unidad, claridad y democracia han traído división, mentiras y una agenda reaccionaria.
Han empezado a competir deslealmente con sectores estratégicos de nuestras economías, como la banca, el comercio minorista y los medios de comunicación. Y han acabado en manos de un grupo reducido de hombres —por cierto, solo hombres— cuya riqueza conjunta triplica todo el presupuesto de la UE.
En este contexto, muchas figuras públicas y medios de comunicación han decidido rendirse y abandonar estas plataformas sociales. Es una decisión que, por supuesto, entiendo y respeto plenamente. De hecho, yo mismo me he planteado hacer lo mismo. Porque, francamente, mi vida sería mucho más fácil.
Sin embargo, también creo que las redes sociales han trascendido lo que eran. Creo que son demasiado importantes —sobre todo para las generaciones más jóvenes— como para seguir considerándolas simples negocios, propiedad de alguien que puede gestionarlas a su antojo. Creo que ahora son un recurso común de la humanidad. Como los océanos. Y que deben protegerse y gestionarse en consecuencia.
Porque, a mi juicio, la promesa original sobre la que se construyeron las redes sociales todavía puede cumplirse. Si corregimos tantos errores y hacemos las cosas bien, aún podemos convertir estas plataformas en un espacio de diálogo, participación y libertad que mejore nuestras sociedades y fortalezca nuestras democracias. El hecho de que tantas personas las utilicen con ese fin lo demuestra.
Pero para lograrlo tendremos que actuar con rapidez y decisión. Necesitamos crear un frente común que una a todos los que creen en la democracia —independientemente de su ideología política— y tomar medidas audaces para hacer frente a esta grave amenaza.
Hoy quisiera proponer tres ideas. Tres medidas que presentaré a todos los líderes europeos en la próxima reunión formal del Consejo, que tendrá lugar en Bruselas.
En primer lugar, propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, nadie puede caminar por la calle con la cara cubierta ni conducir un coche sin matrícula. Nadie puede enviar paquetes sin mostrar un documento de identidad ni comprar un arma de caza sin dar su nombre.
Y, sin embargo, permitimos que la gente se mueva libremente por las redes sociales sin vincular sus perfiles a una identidad real. Esto allana el camino a la desinformación, los discursos de odio y el ciberacoso. Facilita el uso de bots y permite que las personas actúen sin rendir cuentas por sus actos.
Esta anomalía no puede continuar. En una democracia, la ciudadanía tiene derecho a la privacidad, no al anonimato ni a la impunidad. Porque con esas dos cosas la convivencia social sería imposible.
Por eso creo que debemos impulsar el principio de la «seudonimidad» como elemento operativo de las redes sociales y obligar a todas estas plataformas a vincular cada cuenta de usuario a un monedero europeo de identidad digital.
Así, la ciudadanía podría usar seudónimos si lo desea, pero, en caso de delito, las autoridades públicas podrían vincularlos con personas reales y exigirles responsabilidades. Porque la rendición de cuentas no es un obstáculo a la libertad de expresión; es un complemento esencial de esta.
Un usuario de redes sociales, una identidad real. Es la única manera de garantizar de verdad que los menores no accedan a contenidos inapropiados, que quienes cometan delitos sean expulsados de las redes sociales o procesados y que se eliminen los millones de perfiles falsos que existen e influyen en la conversación pública.
Mi segunda propuesta es abrir de una vez por todas la caja negra de los algoritmos de las redes sociales. Los valores de la Unión Europea no están en venta. Salvaguardias como la moderación de contenidos y la verificación de datos son requisitos legales y morales que todos deben cumplir.
Por eso creo que debemos aplicar plenamente la Ley de Servicios Digitales, dejando claro a las grandes empresas que sus disposiciones no son negociables y endureciendo las sanciones para quienes no las cumplan.
Del mismo modo, creo que también debemos reforzar las capacidades y competencias del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, para que pueda inspeccionar sin limitaciones el funcionamiento de las redes sociales. Y crear financiación específica para convertir este asunto en una de las principales prioridades de investigación de la UE. Debemos poner a trabajar en ello a nuestras mentes más brillantes. Igual que hacen los enemigos de la democracia.
Por supuesto, no tiene sentido exigir responsabilidades a los usuarios y empleados de las redes sociales si no se las exigimos también a sus propietarios. Sobre todo, teniendo en cuenta que están entre las personas más ricas y poderosas del mundo.
Además, la mayor multa impuesta hasta ahora por la Comisión Europea a una empresa tecnológica equivalía al 0,6 % de sus beneficios anuales. O, dicho de otro modo, a lo que esa empresa ganó en menos de un día.
Así pues, mi tercera y última propuesta es que nos aseguremos de que los directores ejecutivos de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas, como ocurre en otros sectores. Por ejemplo, el propietario de un pequeño restaurante es responsable si su comida intoxica a sus clientes. Los magnates de las redes sociales deben asumir responsabilidades si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad.
En resumen, señoras y señores, lo que propongo es que entremos en la lucha. Que hagamos frente directamente a esta amenaza. Porque nuestra capacidad para hacerlo probablemente determinará la salud, la seguridad y la libertad de nuestros hijos y de las generaciones venideras.
Recuperemos el control. Devolvamos a las plataformas digitales su propósito original y convirtámoslas en espacios seguros y justos para conversar. Y detengamos a quienes quieren convertirlas en un arma para desmantelar nuestras democracias. En pocas palabras, hagamos que las redes sociales vuelvan a ser grandes.
Sé que no será fácil. Lo sé. Todos tenemos miedo. Porque las personas a las que nos enfrentamos son extremadamente poderosas. Tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados y aliados muy peligrosos. Y juegan sucio porque no siguen nuestras normas morales y viven en un mundo sin consecuencias.
Pero sé que podemos ganar esta batalla. Porque tenemos razón. Porque somos más. Y porque ya lo hemos hecho antes.
Muchas gracias.
