Los activistas están siendo atacados en India. Columnas como esta sobre cómo un activismo equivocado ha creado «un caos (que) llevará algún tiempo resolver» no son infrecuentes hoy en día en la prensa popular. En parte, esto se debe a que los periodistas de los medios generalistas intentan comprender un ámbito en el que resulta difícil descifrar las motivaciones e incentivos de los actores principales. Es mucho más fácil presentar a todos como perturbadores y reaccionarios.
Yo no soy activista. Sin embargo, me importa el espacio para el activismo constructivo en India. Por ello, intentaré presentar un argumento contrario, en favor de un mayor espacio para el activismo en India.
Sigue estando de moda presentar el crecimiento y el desarrollo como una dicotomía. Esto ocurre en un momento en que la desigualdad de ingresos constituye quizá la mayor amenaza para el futuro de India. Como aspirante a superpotencia mundial, tenemos la nada envidiable carga de ocultar literalmente a nuestros pobres tras pantallas improvisadas cada vez que organizamos un acto internacional o nos visita una personalidad importante. Muchas de las personas excluidas de la historia del crecimiento también padecen simultáneamente una posición social desfavorable y carecen de capacidades básicas, debido a la imposibilidad de acceder a una educación, una atención sanitaria y otros servicios de calidad. La experiencia de las últimas siete décadas ha demostrado que ni el Estado ni el mercado, por sí solos, pueden empoderar a los ciudadanos para que ejerzan «preferencias individuales» que los saquen del círculo vicioso de la pobreza.
En este contexto, una sociedad civil heterogénea y dinámica ofrece a las personas desfavorecidas una plataforma para relacionarse tanto con el Estado como con el mercado desde una posición de fuerza colectiva. Los activistas son una parte importante de la sociedad civil, pues se centran en cuestionar políticas —ya sean estatales o del mercado— que desatienden los intereses de los pobres. A veces, este cuestionamiento adopta la forma de protestas dispersas contra presas o proyectos industriales y, en otras ocasiones, la de una lucha sostenida por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, a menudo se malinterpreta a los activistas e incluso se cuestiona su legitimidad en una democracia electoral. Sí, es cierto que los activistas suelen ser actores no gubernamentales y que a menudo no se presentan a las elecciones ni las ganan, pero utilizar ese argumento para cuestionar la legitimidad del activismo refleja una visión miope de la democracia. El espacio para los activistas, así como el conjunto más amplio de actores de la sociedad civil, es esencial para la salud de un sistema de controles y contrapesos que contribuye a la buena gobernanza al profundizar la participación ciudadana más allá del rito democrático periódico de las elecciones.
Muchas de las causas que defienden los activistas en India se tachan ahora de reaccionarias, derrochadoras y contrarias al crecimiento. Los críticos siguen arremetiendo contra el proyecto de ley de adquisición de tierras, haciendo caso omiso de las pruebas que muestran que no se ha asignado a ninguna actividad industrial el 45 % de los terrenos en manos de las corporaciones estatales de desarrollo industrial. Quienes califican el proyecto de ley nacional de seguridad alimentaria de iniciativa derrochadora ignoran las pruebas de que toneladas de cereales se pudren en nuestros almacenes públicos. A los opositores a MGNREGA no les preocupan las pruebas incómodas que muestran que se han producido una serie de mejoras que han reducido las fugas o que el programa es muy inclusivo cuando se aplica correctamente.
Por último, está la cuestión de la implementación. Los activistas serían los primeros en reconocer las graves limitaciones de capacidad administrativa del sistema. Estas limitaciones de capacidad acaban perjudicando a los mismos ciudadanos en cuyo nombre se ponen en marcha muchos programas de bienestar. Atrapados en una espiral descendente de pobreza y privaciones, y dependientes de una maquinaria gubernamental de implementación con fugas, siguen recibiendo las mismas promesas año tras año. Por tanto, la lucha a largo plazo no consiste solo en garantizar más derechos a los ciudadanos, sino también, al mismo tiempo, en fortalecer nuestras instituciones para que regulen, resuelvan litigios e implementen las políticas con mayor eficacia. Por ello, el espacio para el activismo, en todas sus diversas formas, no solo debe protegerse, sino ampliarse mientras el Estado sea incapaz o no esté dispuesto a proteger los intereses de sus ciudadanos
Este artículo se publica en colaboración con el blog People, Spaces and Deliberation del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Como profesional del desarrollo en el Banco Mundial, Suvojit Chattopadhyay está interesado en trabajar en cuestiones de gobernanza y práctica del desarrollo.
Imagen: Un pasajero juega con su hijo mientras espera para entrar en una estación de tren abarrotada antes del festival religioso hindú «Chhat Puja», en Nueva Delhi, el 24 de octubre de 2014. REUTERS/Anindito Mukherjee.
