«Ese diamante que llevas en el dedo, dime, ¿cómo llegó a ser tuyo?», pregunta Shakespeare en Cimbelino. «Me torturarás», responde el malvado Iachimo, «si no digo aquello que, al decirlo, te torturaría». La historia que hay detrás de ciertas partes del comercio mundial de recursos naturales actual, se cuente o no, no es menos angustiosa.
Los recursos naturales deberían contribuir de manera importante al desarrollo de algunos de los países que más lo necesitan. Y, sin embargo, en algunos de los Estados más pobres y frágiles del mundo, producen justo lo contrario. En muchos de esos países, el comercio de recursos naturales impulsa, financia y prolonga los conflictos y las graves violaciones de los derechos humanos. Grupos armados violentos extraen, introducen de contrabando y gravan ilegalmente recursos como diamantes, oro, tungsteno, tantalio y estaño, y estos proporcionan financiación extrapresupuestaria a fuerzas armadas y servicios de seguridad abusivos.
Basta con considerar cuatro países africanos: Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. En conjunto, estos países ricos en recursos representan poco más del 13 % de la población del África subsahariana, pero alrededor del 55 % de las personas desplazadas dentro de la región (y una de cada cinco en todo el mundo) a causa de conflictos. Sin embargo, el problema es global, con patrones similares en algunas zonas de países como Colombia, Myanmar y Afganistán.
El mortífero comercio de recursos vinculados a conflictos se ve facilitado por cadenas de suministro que abastecen a grandes mercados de consumo, como la Unión Europea y Estados Unidos, mientras el dinero fluye en sentido contrario. Recursos naturales como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro —minerales que en algunas partes del mundo se han vinculado a conflictos y violaciones de los derechos humanos— están presentes en nuestras joyas, automóviles, teléfonos móviles, videoconsolas, equipos médicos y muchos otros productos de uso cotidiano.
Los consumidores demandan claramente información que ayude a los compradores a asegurarse de que sus adquisiciones no los impliquen en abusos atroces. Pero la responsabilidad de conciliar el comercio mundial con la protección de los derechos humanos fundamentales no recae ante todo en los consumidores. La prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos son principalmente responsabilidad de los Estados, y cada vez se reconoce más que las empresas también deben poner de su parte.
De hecho, nos encontramos en un momento decisivo de lo que se ha convertido en un movimiento mundial para que las prácticas empresariales irresponsables dejen de considerarse normales. Desde 2010, las empresas que operan en zonas de conflicto cuentan con una norma mundial a su disposición. La OCDE ofrece orientación sobre cómo abastecerse de minerales de manera responsable. Elaborada en estrecha colaboración con el sector, ofrece «recomendaciones detalladas para ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y a evitar contribuir a los conflictos mediante sus decisiones y prácticas de compra de minerales».
Las Naciones Unidas también han respaldado requisitos similares. En 2011, la ONU publicó un conjunto de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, según los cuales las empresas cuyos «contextos operativos entrañen riesgos de impactos graves sobre los derechos humanos deben informar formalmente sobre cómo los abordan».
Y, sin embargo, salvo unos pocos líderes progresistas del sector, pocas empresas han respondido a estas orientaciones voluntarias. En 2013, investigadores neerlandeses encuestaron a 186 empresas que cotizan en bolsas europeas y utilizan minerales de conflicto. Más del 80 % no mencionó en sus sitios web qué medidas había tomado para evitar financiar conflictos o violaciones de los derechos humanos. De manera similar, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea constató que solo el 7 % de 153 empresas de la UE alude a una política de diligencia debida sobre minerales de conflicto en sus informes anuales o sitios web.
Estados Unidos ya ha dado el siguiente paso lógico. La Comisión de Bolsa y Valores exige a las empresas que utilizan tantalio, estaño, oro o tungsteno en sus productos que investiguen el origen de estas materias primas y mitiguen los riesgos en sus cadenas de suministro conforme a la Guía de la OCDE si se determina que proceden de determinadas zonas afectadas por conflictos o de alto riesgo. Los 12 países miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos de África se han comprometido a establecer requisitos obligatorios de diligencia debida similares.
Así debe ser. El abastecimiento responsable es un deber, no una opción. Y, en este aspecto, la UE se está quedando atrás. En marzo, la Comisión Europea propuso un plan según el cual la divulgación seguiría siendo voluntaria, lo que significa que los minerales que ingresen en la UE no estarían sujetos a controles obligatorios. Además, la propuesta se centra exclusivamente en minerales en bruto y metales, y excluye productos que contienen los minerales pertinentes, como teléfonos móviles, vehículos y equipos médicos.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo están examinando ahora la propuesta. Es crucial que ambas instituciones aprovechen esta oportunidad para reforzar la respuesta de la UE haciendo obligatorias la divulgación y el cumplimiento, y ampliando la cobertura para incluir productos acabados y semiacabados. Regular mejor el comercio de estos recursos no traerá por sí solo la paz a las zonas afectadas por conflictos. Pero financiar conflictos y violaciones de los derechos humanos no es un costo aceptable de hacer negocios.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Michael Gibb es responsable de campaña sobre recursos vinculados a conflictos en Global Witness.
Imagen: Una vista aérea muestra charcas de agua de color mineral acumuladas en las salinas, en hoyos cavados por recolectores de sal en la costa senegalesa, cerca de la frontera con Gambia, el 12 de junio de 2006. REUTERS/Finbarr O’Reilly.
