Los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de Europa acordaron el lunes una ambiciosa operación naval —con la participación de 12 países y más de 1.000 efectivos— para frenar el contrabando y la trata de inmigrantes en el Mediterráneo. Aunque este es un paso importante, la acción militar por sí sola no pondrá fin a la crisis migratoria, una crisis que solo este año ha incluido la muerte de más de 1.800 personas que intentaban cruzar el Mediterráneo desde África.
Sin duda, el enfoque centrado en lo militar ha aportado beneficios significativos. La ampliación de la presencia naval europea en el Mediterráneo a principios de este año provocó un enorme descenso del 95% en la tasa de mortalidad de quienes intentan llegar a Europa desde África; en los últimos dos meses han muerto apenas unas decenas de solicitantes de asilo.
La última iniciativa pretende aprovechar estos avances al «desarticular el modelo de negocio» de los traficantes. E incluso antes de su lanzamiento oficial, ya ha tenido un efecto: las llegadas a Italia desde Libia han disminuido considerablemente. Pero parece que los traficantes simplemente han cambiado sus rutas y ahora se dirigen cada vez más a Grecia desde Turquía y Egipto, o entran en la Unión Europea por la ruta terrestre de los Balcanes, lo que refleja las limitaciones de las soluciones militares.
Más allá de sus deficiencias prácticas, el enfoque de la UE basado en lo militar para abordar la crisis migratoria es erróneo, porque puede dar al público la impresión de que se criminaliza a los migrantes y solicitantes de asilo —personas desesperadas que huyen de la violencia y la persecución en sus países—. Los Estados miembros de la UE consideran que la mayoría de quienes llegan a Europa y presentan solicitudes de asilo tienen motivos legítimos para pedir protección internacional.
El problema es que, hasta ahora, las iniciativas militares son lo único en lo que los países miembros de la UE han conseguido ponerse de acuerdo. Incluso la modesta propuesta de la Comisión Europea de compartir la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo y reasentar a los refugiados —en lugar de dejar que Grecia e Italia sean las únicas responsables de tramitar las solicitudes de todas las personas que llegan a sus costas— se ha enfrentado a una resistencia inexplicablemente fuerte.
En protesta contra la propuesta —que solo redistribuiría a otros países de la UE a 40.000 de las 200.000 llegadas previstas—, algunos países llegaron a cerrar por completo sus fronteras a los migrantes. Hungría anunció que construiría una valla en su frontera con Serbia para impedir la entrada de migrantes.
Como represalia por la falta de apoyo, políticos de los países de primera línea plantearon la idea de expedir visados Schengen a todos los migrantes que llegaran, dejándolos en libertad para viajar a cualquier lugar de la UE. Algunos incluso propusieron llevar directamente a otros puertos europeos a los solicitantes de asilo rescatados.
Con esta carrera hacia el abismo, los países de la UE parecen haber abandonado la solidaridad y, con ello, ponen en peligro uno de los mayores logros de la integración europea: la libre circulación dentro de la zona Schengen. Además, esta respuesta refleja una falta de comprensión de los beneficios que el respeto del principio de reparto de la carga aporta a todos los países de la UE. Los imperativos políticos internos de corto plazo están imponiéndose al sentido común.
Está claro que los países europeos necesitan un nuevo enfoque, uno que refleje los valores fundamentales de la UE y, al mismo tiempo, sirva a sus intereses. Además de mejorar el reparto de responsabilidades respecto de los solicitantes de asilo entre los países europeos, dicho enfoque debería incluir la creación de vías legales seguras para quienes huyen de conflictos y de la pobreza extrema.
Con ese fin, Europa podría ampliar las opciones de reunificación familiar y los visados de trabajo temporal, y desarrollar sistemas para adecuar a los refugiados con empleos. El patrocinio privado de refugiados, en el que particulares y organizaciones no gubernamentales asumen la responsabilidad del reasentamiento, también ofrece un gran potencial que la UE no ha intentado aprovechar.
El último elemento clave de una estrategia integral para abordar la crisis migratoria es establecer vínculos más estrechos con los países africanos de los que proceden muchos solicitantes de asilo. Con una cumbre entre la UE y la Unión Africana prevista para celebrarse en Malta a finales de este año, los líderes europeos tienen una importante oportunidad para replantear su relación con África.
En lugar de centrarse en vigilar las fronteras y devolver a los migrantes a sus países de origen, los líderes de la UE y de África podrían desarrollar estrategias para proteger la vida y los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los migrantes, también durante las iniciativas contra el tráfico de personas. La UE podría ofrecer más financiación para apoyar a los refugiados en los países del norte de África, que, a cambio, deberían desarrollar sus propias políticas sólidas de protección. También podrían impulsarse acuerdos de movilidad regional, tanto dentro de África como entre Europa y África.
Por supuesto, la actual crisis migratoria en el Mediterráneo no es solo un problema europeo y africano; las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general también tienen un papel importante que desempeñar. La semana pasada, el organismo de la ONU para los refugiados (ACNUR) informó de que el número de refugiados en todo el mundo aumentó más de un 20% el año pasado, hasta alcanzar los 19,5 millones, mientras que el total de personas desplazadas por conflictos llegó a un máximo histórico desde la Segunda Guerra Mundial, cercano a los 60 millones. Cada día del año pasado, más de 40.000 personas, en promedio, se vieron obligadas a huir de sus hogares, frente a unas 20.000 en 2012 y 10.000 en 2010.
A pesar de este aumento de la magnitud y el ritmo de los desplazamientos, la capacidad del sistema internacional para atender a los refugiados apenas ha mejorado. Hoy, solo 26 países participan en el programa de reasentamiento del ACNUR, mediante el cual se traslada a los refugiados desde el primer país seguro al que llegan a otros países dispuestos a ofrecerles residencia permanente. Es el mecanismo más eficaz del que dispone el mundo para proteger a los refugiados; sin embargo, el año pasado solo 103.000 personas pudieron beneficiarse de él.
La UE, otros países desarrollados como los del Golfo y la ONU deben hacer mucho más para proteger a quienes huyen de los conflictos y la desesperación. Cada día que esperan pone en riesgo más vidas.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Peter Sutherland, representante especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional y el Desarrollo, fue director general de la Organización Mundial del Comercio, comisario europeo de Competencia y fiscal general de Irlanda.
Imagen: Chalecos salvavidas utilizados por migrantes, abandonados sobre dos embarcaciones improvisadas en el puerto siciliano de Pozzallo, el 16 de febrero de 2015. REUTERS/Alessandro Bianchi.
