La riqueza asociada a los recursos naturales de África es considerable y, si se gestiona bien, basta para reducir la pobreza en el continente. Sin embargo, pese al creciente crecimiento económico de África, los niveles de pobreza siguen siendo elevados.
Investigaciones recientes del Institute for Security Studies (ISS) indican que, aunque erradicar la pobreza extrema sigue siendo una prioridad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio posteriores a 2015 y de la Agenda 2063 de la Unión Africana, es improbable que esta meta se alcance en la próxima década y media. Estas previsiones podrían parecer contrarias al relato de «África en ascenso», pero respaldan el argumento a favor de políticas en favor de los pobres mejor aplicadas mediante una reforma gubernamental. En la industria extractiva, esto apunta a la necesidad de una gobernanza más inclusiva, transparente y responsable.
En África Oriental, los recursos extractivos incluyen petróleo, gas, tanzanita, oro, cobre, uranio, titanio y níquel. Hay varios proyectos de infraestructura en curso que facilitan estratégicamente la explotación de los recursos naturales de la región. Entre ellos figuran el corredor portuario y ferroviario de Mwambani, el corredor de transporte del puerto de Lamu y Sudán del Sur-Etiopía, el ferrocarril Kenia-Uganda y el ferrocarril Tanzania-Zambia.
Pese a estos proyectos y a la abundancia de recursos, muchas comunidades locales siguen enfrentándose a la pobreza extrema. Una combinación de desarrollo de infraestructura y extracción sostenible de recursos puede contribuir a mejorar el nivel de vida. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por la desconexión entre los distintos actores de la industria extractiva: el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Kenia, en particular, tiene un historial de exclusión de su población rural del desarrollo económico, lo que la convierte en uno de los países económicamente más desiguales de África Oriental. El país carece de la legislación pertinente, por ejemplo, para garantizar que las comunidades locales sean beneficiarias activas de las actividades mineras, porque en el pasado no se consideraba que las industrias extractivas fueran comercialmente viables. Ahora, 50 años después de la independencia, el país sigue rigiéndose por la Ley de Minería de 1940.
El Parlamento aprobó recientemente un nuevo proyecto de ley de minería, que aún debe convertirse en ley. Sin embargo, se critica el nuevo proyecto porque otorga al secretario del gabinete del Ministerio de Minería poderes excesivos de toma de decisiones a expensas de otros, especialmente de las comunidades locales. Si se convierte en ley, esta legislación podría hacer que las comunidades quedaran aún más excluidas de los procesos de toma de decisiones que suelen tener lugar a puerta cerrada.
Acontecimientos recientes ponen de relieve los desafíos para garantizar una industria extractiva abierta e inclusiva. En agosto de 2013, el secretario del gabinete de Kenia del Ministerio de Minería, Najib Balala, revocó las licencias mineras de más de 40 empresas y suspendió al comisionado de minas, alegando que las licencias se habían obtenido ilegalmente. Cortec, filial de la canadiense Pacific Wildcat Resources Corporation, que tiene intereses en niobio y otros recursos escasos en Mrima Hill, condado de Kwale, llevó a Balala ante los tribunales y sostuvo que había cumplido todos los requisitos antes de obtener una licencia minera especial.
El yacimiento mineral de Mrima se considera el sexto más grande del mundo e incluye Mrima Hill, un sitio sagrado Kaya protegido y monumento nacional. Esto hace muy sospechosa la concesión de una licencia minera para una zona protegida. Al parecer, no se tuvo en cuenta el impacto de la minería en el territorio y los intereses culturales de la comunidad local: no está claro si se realizó la evaluación de impacto ambiental requerida ni si siquiera se consideraron el beneficio y la sostenibilidad del proyecto.
Como ocurre en la mayor parte de las zonas rurales de Kenia, Kwale afronta numerosos desafíos socioeconómicos subyacentes, entre ellos injusticias históricas relacionadas con la tierra, así como altos niveles de pobreza y desempleo juvenil. Esto contribuye al aumento de la radicalización y el extremismo violento, y al auge del movimiento secesionista, el Mombasa Republican Council. El riesgo de conflicto en Kwale seguirá siendo muy alto, a menos que se incluyan medidas preventivas e iniciativas deliberadas en favor de los pobres en las políticas que regulan la extracción de recursos naturales.
Estos desafíos no son exclusivos de Kenia. En el continente, la participación significativa y la toma de decisiones en relación con los procesos de exploración y minería siguen siendo limitadas. Por lo tanto, gestionar los intereses de las comunidades locales y de los países ricos en recursos, manteniendo al mismo tiempo la confianza de los inversores, exige un delicado equilibrio.
A medida que siguen descubriéndose nuevos recursos naturales en África, la coordinación entre las partes interesadas es fundamental y requiere legislación eficaz. Hay diversas iniciativas regionales y mundiales orientadas a promover actividades mineras sostenibles, como Africa Mining Vision, Extractive Industries Transparency Initiative y Publish What You Pay. Estas iniciativas prevén la inclusión en la gobernanza y gestión de las industrias extractivas, aunque actualmente carecen de facultades de aplicación.
Los intereses de las comunidades locales en zonas ricas en recursos deben convertirse en una prioridad absoluta, pues estas comunidades son las verdaderas custodias de los recursos. Solo si se adoptan medidas al respecto podrá contrarrestarse la maldición de los recursos de África.
Este artículo se publica en colaboración con ISS. Su publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autoría: Hawa Noor es investigadora júnior de la División de Gobernanza, Delincuencia y Justicia de ISS Nairobi.
Imagen: Una mujer que lleva a su bebé pasa junto a árboles caídos en Tanna. REUTERS/Edgar Su.
