Un año después del 12.º golpe militar de Tailandia en sus 83 años de gobierno constitucional, y cuando comienza el polémico juicio por negligencia criminal contra la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, el futuro del país es peligrosamente incierto. En los próximos meses, la calma impuesta por los militares coexistirá con una creciente inquietud por lo que sucederá tras el reinado de casi siete décadas del rey Bhumibol Adulyadej. ¿Podrán el compromiso y la acomodación mutua —extremadamente raros en los últimos años— permitir que Tailandia transforme su controvertido orden político —actualmente sustentado en una jerarquía impulsada por las élites y centrada en la monarquía— para reflejar mejor los principios de la democracia electoral?
Tres factores clave han definido la política tailandesa durante el último año. En primer lugar, a diferencia de los acuerdos posteriores a golpes de Estado que se ensayaron y probaron en el pasado, la junta que tomó el poder en mayo pasado, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, optó por gobernar directamente: el líder del golpe, el general Prayut Chan-ocha, asumió la jefatura del Gobierno en vez de nombrar para el cargo a una figura reconocida y capaz.
Generales de cuatro estrellas también ocupan los principales cargos ministeriales, desde Comercio y Transporte hasta Trabajo y Educación. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores es un general, no un diplomático de carrera. Los pocos tecnócratas del Gobierno, entre ellos el vice primer ministro y el ministro de Finanzas, permanecen en sus cargos desde el anterior gobierno golpista de 2006-2007, y se quejan de carecer de autoridad.
Este enfoque ha producido una estrategia económica incoherente y objetivos de política vagos cuya aplicación avanza con lentitud. Pero es poco probable que cambie. Los nuevos líderes militares de Tailandia se consideran una especie de equipo de limpieza, encargado de erradicar la corrupción, mantener a raya a los políticos y restaurar el antiguo orden, sustentado en una relación simbiótica entre los militares y la monarquía, mientras la burocracia se ocupa de la gestión cotidiana.
Desde luego, los gobernantes militares de Tailandia no rechazan responder a las demandas públicas ni niegan la necesidad de adaptarse a la globalización. Más bien, esperan establecer una forma de gobierno electoral que pueda funcionar dentro de un orden político basado en las instituciones y costumbres tradicionales tailandesas. Su objetivo es hacer retroceder al país unos pasos y desviarlo de rumbo, con la intención de avanzar en una dirección completamente distinta.
Por ahora, esto significa promover valores conservadores convencionales como la disciplina, la deferencia, el deber y el sacrificio. Se ha instado a los funcionarios públicos a vestir los tradicionales uniformes caqui, y se ha alentado a las mujeres a llevar vestidos tradicionales. Incluso han vuelto los legendarios mercados flotantes de los canales de Bangkok, por orden de Prayut.
Al mismo tiempo, la agenda de la junta incluye medidas para controlar el rumbo de la política tailandesa, en particular marginando a sus opositores, especialmente a los políticos vinculados a la influyente familia Shinawatra. De hecho, el segundo factor importante que dio forma al interregno posterior al golpe fue la destitución de Yingluck Shinawatra, hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado por los militares en 2006 y aún en el extranjero, en un exilio voluntario. Yingluck tiene prohibido participar en política durante cinco años.
El dilema de la junta es que los partidarios de Thaksin —suficientes para que sus partidos ganaran todas las elecciones desde 2001— también han sido marginados, con poca voz frente a la ley marcial y el poder absoluto de Prayut. Aunque han permanecido en silencio desde el golpe, sin duda maniobrarán para volver a la contienda a medida que surjan nuevas oportunidades políticas. En cualquier caso, habrá que tenerlos en cuenta más adelante, cuando se negocie un nuevo orden político.
Por supuesto, la junta espera sentar ahora las bases del futuro orden político en sus propios términos mediante la adopción de una nueva constitución. Este esfuerzo —que hasta ahora ha implicado la creación del Comité de Redacción de la Constitución (CDC), integrado por 36 miembros, y del Consejo Nacional de Reforma, de 250 miembros, para ayudar a redactar la nueva constitución— constituye el tercer factor clave que ha influido en la política interna durante el último año.
El borrador de constitución terminado el mes pasado ha suscitado serias preocupaciones, pues impone controles excesivos a los partidos políticos y a los políticos, al tiempo que otorga a burócratas y jueces designados el poder de revocar decisiones de política pública tomadas por cargos electos. Es poco probable que las elecciones celebradas conforme a una constitución así produzcan resultados legítimos. La buena noticia es que la junta ha aceptado someter el borrador a un referéndum popular a principios del próximo año, aunque eso probablemente significa que las elecciones prometidas no se celebrarán hasta agosto, como muy pronto.
El gobierno militar ha despejado las calles, cerrado el sistema político y dado paso a una larga transición hacia algún nuevo orden aún sin definir. Mientras las fuerzas antigolpistas apoyan el retorno a la democracia electoral, la coalición progolpista, liderada por el Partido Demócrata, se está reorientando cada vez más contra los militares, con la esperanza de asegurarse el poder en cualquier sistema posterior al golpe que surja.
Por ahora, Tailandia está atrapada entre el autoritarismo y la democracia, entre el pasado y el futuro, y probablemente seguirá así hasta que haya pasado el largo crepúsculo monárquico. Llegado ese momento, el pueblo tailandés, sacudido por la polarización interna y los desafíos regionales, tendrá que recurrir a sus otrora célebres habilidades de negociación para alcanzar un compromiso viable basado en sus intereses compartidos.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Thitinan Pongsudhirak es profesor y director del Instituto de Seguridad y Estudios Internacionales de la Universidad de Chulalongkorn, en Bangkok.
Imagen: Automóviles y trenes circulan por el puente Taksin sobre el río Chao Phraya, en el centro de Bangkok. REUTERS/Damir Sagolj.
