Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta sénior del Banco Mundial, es miembro del Consejo de Estado de España.
En un reciente viaje de estudio a China, organizado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, partí de la suposición de que el mayor desafío del país giraba en torno a la necesidad de impulsar el consumo interno para mantener un crecimiento económico rápido. Al final del viaje, lo que surgió fue un panorama complejo de asertividad e incertidumbre, de aplomo y ansiedad en China.
Aunque inminente, el 18.º Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) está envuelto en misterio. Si bien se prevé que el congreso se celebre en octubre, las fechas exactas siguen sin conocerse, al igual que gran parte del proceso interno y de los debates preparatorios.
Durante gran parte de este año, parecía haber una certeza en la transición de liderazgo que se avecina: el nuevo secretario general del PCCh sería Xi Jinping, un hombre cuya visión política podría explicarse en mucho menos de 30 segundos. Pero la misteriosa desaparición de Xi, durante la cual se ausentó de la vida pública casi dos semanas en septiembre —tras cancelar abruptamente reuniones con la secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, y con el primer ministro de Singapur (algo poco frecuente en una dirigencia china tan preocupada por el protocolo)—, ha generado más especulación. También ha alimentado las inquietudes sobre si un liderazgo tan hermético puede gobernar eficazmente la segunda economía más grande del mundo.
A pesar de su apariencia exterior de firmeza monolítica, China se encuentra en un estado de flujo, exhibiendo su confianza mientras rebosa fuentes internas de inseguridad. Su innegable éxito económico —aunque estrechamente ligado al de la economía mundial— contrasta marcadamente con la creciente sensación de crisis e inseguridad que flota en el trasfondo.
Dos dilemas distintos se plantean a los dirigentes chinos: el primero se centra en las crecientes demandas e insatisfacciones de la sociedad china —desde campesinos y estudiantes hasta trabajadores de cuello blanco y jubilados—; el segundo consiste en la conducta de la política exterior del país. ¿Abordará la próxima administración del PCCh estas cuestiones críticas?
En el plano interno, a medida que China ha pasado de la pobreza masiva a una prosperidad cada vez más amplia, el crecimiento económico —aunque fuente vital de la legitimidad del PCCh— ya no basta. La inquietud está muy extendida: si bien las estadísticas varían según la forma en que las agencias gubernamentales definen el término, se estima que hubo unos 180.000 “incidentes masivos” en China solo en 2011. La creciente clase media urbana del país y sus comunidades rurales, sorprendentemente bien organizadas, exigen cada vez más un gobierno menos corrupto y más responsable, aire y agua más limpios, suministros de alimentos y medicamentos más seguros, y un sistema judicial independiente y bien estructurado.
El descontento popular refleja en parte un fenómeno que surgió invariablemente en numerosas conversaciones con académicos, intelectuales y altos funcionarios: la turbia frontera de la legalidad que impera actualmente en China. La falta de nitidez de la ley crea una tierra de nadie de ambigüedad en la que prosperan las autoridades: la previsibilidad jurídica es una aspiración, mientras que la vida cotidiana de la gente común exige navegar por las aguas poco profundas y cambiantes de lo que los poderosos estén dispuestos a tolerar.
Al mismo tiempo, el Estado de derecho ocupa un lugar destacado en el discurso político chino. Pero, aunque reconocen nominalmente su importancia, los funcionarios le dan la vuelta al concepto de forma creativa. En ninguna parte fue esto más evidente que en los recientes esfuerzos por presentar la purga del antiguo jefe del Partido en Chongqing, Bo Xilai, como un ejemplo del PCCh “salvaguardando el Estado de derecho”.
Y, sin embargo, dejando de lado las declaraciones formales, si el liderazgo chino pretende atender las crecientes demandas populares y sofocar el creciente descontento, deberá comprometerse con el Estado de derecho en los hechos. Tal medida tendría también beneficios de gran alcance para la posición de China en el mundo.
El reciente surgimiento de China como actor internacional clave (aunque a regañadientes) ha puesto de manifiesto la incertidumbre de sus dirigentes sobre el papel global que desempeñará el país en el futuro, además de plantear interrogantes sobre su disposición a asumir las responsabilidades que implica su estatura. China todavía flaquea cuando se trata de construir “poder blando” o de asegurar a sus interlocutores, cercanos y lejanos, que su “ascenso pacífico” seguirá siendo pacífico.
En efecto, hoy en día China es cada vez más percibida como una nación que socava el orden internacional, al tiempo que promueve nuevas interpretaciones de conceptos como democracia, pluralismo y representación. Para muchos, su conducta hacia Siria —alineándose con Rusia para bloquear la acción internacional— y en las disputas territoriales marítimas con sus vecinos ejemplifica esta tendencia.
No es, pues, de extrañar que las políticas de China sean ampliamente consideradas un reflejo del llamamiento del exprimer ministro chino Deng Xiaoping a una estrategia de “ocultar nuestra luz y cultivar nuestra fuerza”. Pero la capacidad de China para convencer a otros de que su comportamiento internacional responde a la búsqueda del equilibrio dependerá de la capacidad de sus dirigentes para abrazar el Estado de derecho —en la práctica y no solo en la retórica— como base fundamental de la armonía que proclaman públicamente.
Hasta ahora, la supervivencia del sistema político chino se ha sustentado en la identificación y el hábil manejo de los asuntos más apremiantes del momento. Cada dirigente chino desde la muerte de Mao Zedong en 1976 ha dejado una huella imborrable. En el caso de Deng, fue el paso hacia una economía de mercado, articulado a través de las “Cuatro Modernizaciones”. Su sucesor, Jiang Zemin, emprendió una reevaluación interna del PCCh y la ampliación de su base mediante las “Tres Representaciones”. Y el objetivo del saliente Hu Jintao fue el desarrollo, especialmente en el vasto interior del país, impulsado mediante la privatización a gran escala.
A pesar de la incertidumbre que persiste en torno a la transición política que se avecina en China, se espera que el pragmatismo —el hilo común entre sus dirigentes después de Mao— se mantenga con la nueva cohorte gobernante. Si así fuera, debería hacerles entender que su mejor estrategia, tanto a nivel interno como internacional, es dedicar sus considerables recursos y energía a fortalecer las instituciones de China basadas en el Estado de derecho, aunque tales reformas reducirán invariablemente el poder arbitrario del PCCh.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
En la imagen: trabajadores de la construcción caminan por el distrito financiero de Shanghái durante la pausa del almuerzo. REUTERS/Carlos Barria
