Este mes, la Unión Europea celebrará el 60.º aniversario de su tratado fundacional, el Tratado de Roma, que estableció la Comunidad Económica Europea. Sin duda, hay mucho que celebrar. Tras siglos de guerras, convulsiones y matanzas masivas, Europa es pacífica y democrática. La UE ha incorporado a 11 antiguos países del bloque soviético y ha guiado con éxito sus transiciones poscomunistas. Además, en una época de desigualdad, los países miembros de la UE presentan las menores brechas de ingresos del mundo.
Pero estos son logros del pasado. Hoy, la Unión está sumida en una profunda crisis existencial y su futuro es muy incierto. Los síntomas están por todas partes: el Brexit, los abrumadores niveles de desempleo juvenil en Grecia y España, la deuda y el estancamiento en Italia, el auge de los movimientos populistas y la reacción contra los inmigrantes y el euro. Todo ello apunta a la necesidad de una profunda reforma de las instituciones europeas.
Así que un nuevo libro blanco sobre el futuro de Europa, presentado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llega en el momento oportuno. Juncker plantea cinco posibles caminos: continuar con la agenda actual, centrarse únicamente en el mercado único, permitir que algunos países avancen hacia la integración más rápido que otros, reducir el alcance de la agenda e impulsar con ambición una integración uniforme y más completa.
Es difícil no sentir simpatía por Juncker. Con los políticos europeos enfrascados en sus batallas internas y las instituciones de la UE en Bruselas convertidas en blanco de la frustración popular, solo podía arriesgarse hasta cierto punto. Aun así, su informe decepciona. Elude el desafío central que la UE debe afrontar y superar.
Para que las democracias europeas recuperen su buen estado, la integración económica y la política no pueden seguir desacompasadas. O bien la integración política alcanza a la económica, o bien hay que reducir el alcance de la integración económica. Mientras se eluda esta decisión, la UE seguirá siendo disfuncional.
Ante esta disyuntiva tan clara, es probable que los Estados miembros terminen ocupando distintas posiciones a lo largo del continuo de integración económico-política. Esto implica que Europa debe desarrollar la flexibilidad y los acuerdos institucionales necesarios para acomodarlas.
Desde el principio, Europa se construyó sobre un argumento «funcionalista»: la integración política seguiría a la integración económica. El libro blanco de Juncker comienza acertadamente con una cita de 1950 del fundador de la Comunidad Económica Europea (y primer ministro francés), Robert Schuman: «Europa no se hará de una sola vez ni siguiendo un plan único. Se construirá mediante realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de facto». Primero hay que construir los mecanismos de cooperación económica; así se preparará el terreno para crear instituciones políticas comunes.
Al principio, este enfoque funcionó bien. Permitió que la integración económica se mantuviera un paso por delante de la integración política, pero no demasiado. Luego, después de la década de 1980, la UE dio un salto hacia lo desconocido. Adoptó una ambiciosa agenda de mercado único destinada a unificar las economías europeas, debilitando las políticas nacionales que obstaculizaban la libre circulación no solo de bienes, sino también de servicios, personas y capital. El euro, que estableció una moneda única entre un subconjunto de Estados miembros, fue la extensión lógica de esta agenda. Era una hiperglobalización a escala europea.
La nueva agenda fue impulsada por una confluencia de factores. Muchos economistas y tecnócratas pensaban que los gobiernos europeos se habían vuelto demasiado intervencionistas y que una profunda integración económica y una moneda única disciplinarían al Estado. Desde esta perspectiva, el desequilibrio entre las dimensiones económica y política del proceso de integración era una característica, no un defecto.
Sin embargo, muchos políticos reconocían que el desequilibrio podía ser problemático. Pero suponían que el funcionalismo acabaría acudiendo al rescate: con tiempo suficiente, se desarrollarían las instituciones políticas cuasifederales necesarias para sustentar el mercado único.
Las principales potencias europeas también desempeñaron su papel. Los franceses pensaban que transferir autoridad económica a los burócratas de Bruselas reforzaría el poder nacional y el prestigio mundial de Francia. Los alemanes, deseosos de obtener el respaldo de Francia a la reunificación alemana, aceptaron.
Había una alternativa. Europa podría haber permitido que se desarrollara un modelo social común junto con la integración económica. Esto habría exigido integrar no solo los mercados, sino también las políticas sociales, las instituciones del mercado laboral y los mecanismos fiscales. La diversidad de modelos sociales en Europa y la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre reglas comunes habrían actuado como un freno natural al ritmo y al alcance de la integración.
Lejos de ser una desventaja, esto habría aportado una corrección útil en cuanto a la velocidad y el alcance más convenientes de la integración. El resultado podría haber sido una UE más pequeña, con una integración más profunda en todos los ámbitos, o una UE con tantos miembros como hoy, pero mucho menos ambiciosa en su alcance económico.
Hoy quizá sea demasiado tarde para intentar la integración fiscal y política de la UE. Menos de uno de cada cinco europeos está a favor de transferir poder desde los Estados nación miembros.
Los optimistas podrían decir que esto se debe menos a la aversión a Bruselas o Estrasburgo en sí que a que el público asocia «más Europa» con un enfoque tecnocrático centrado en el mercado único y con la ausencia de un modelo alternativo atractivo. Quizá los nuevos líderes y las formaciones políticas emergentes logren esbozar un modelo así y generar entusiasmo por un proyecto europeo reformado.
Los pesimistas, por su parte, esperarán que, en los pasillos del poder de Berlín y París, en algún rincón recóndito y oscuro, economistas y juristas estén preparando en secreto un plan B para ponerlo en marcha el día en que ya no pueda posponerse el relajamiento de la unión económica.
Las denominaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte del Foro Económico Mundial sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
