A lo largo de la crisis de refugiados de Europa, que lleva gestándose desde hace más de dos años, se han multiplicado las advertencias sobre la amenaza que supone para el preciado Espacio Schengen de viajes sin fronteras de la Unión Europea. De hecho, la advertencia volvió a escucharse recientemente, cuando los ministros de la UE alcanzaron, tras una dura negociación a altas horas de la noche, un acuerdo sobre control fronterizo y reubicación de refugiados. Pero, en un momento de menor confianza en la UE, ¿sería tan malo eliminar los viajes sin fronteras?
En resumen, no. Por supuesto, la idea de abolir las fronteras dentro de Europa tiene un gran valor simbólico y atractivo. Pero a veces incluso las vacas sagradas deben ser sacrificadas. Con la crisis de refugiados convirtiendo a Schengen en una amenaza para la credibilidad de la UE como entidad colectiva y para la capacidad de los gobiernos nacionales de mantener el orden y el Estado de derecho, ese momento ha llegado.
Cuando se creó en 1985, el Espacio Schengen incluía solo cinco países (Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental). Desde entonces, su membresía se ha disparado hasta incluir a 22 de los 28 Estados miembros de la UE –quedando cuatro de ellos excluidos (Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía), que está previsto que se unan en el futuro– además de cuatro países no pertenecientes a la UE (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein). Todos han eliminado los controles en sus fronteras comunes y han adoptado una política de visados común para los ciudadanos de países no miembros.
Es sin duda práctico poder tratar un vuelo de Zúrich a Oslo como un trayecto nacional, sin controles de pasaporte que afrontar a la salida ni a la llegada. Y es indudablemente cómodo poder conducir de Berlín a Barcelona sin tener que hacer cola en cada frontera que se cruza. De hecho, esa comodidad es probablemente la razón por la que solo dos países de la UE (Irlanda y el Reino Unido) han optado por quedar fuera del Acuerdo de Schengen.
Pero la crisis de refugiados ha puesto al descubierto la otra cara del Acuerdo de Schengen, es decir, la dificultad de vigilar el territorio nacional y el de la UE sin controles fronterizos. Y aunque los países no pertenecientes a Schengen han podido, en algunos casos, evitar obligaciones directas de participar en una política común –el Reino Unido, por ejemplo, ha permanecido al margen del sistema de reubicación de refugiados de la UE–, no han quedado al margen de los desafíos de la crisis migratoria. Al igual que los países de Schengen, no pueden afirmar con credibilidad cuántos migrantes hay en su territorio, quiénes son ni cuándo llegaron.
Esta pérdida de control importa por dos razones principales. En primer lugar, si las estadísticas sobre migración son objeto de dudas, incluso sin tener en cuenta la inmigración ilegal, los partidos políticos nacionalistas y antiinmigración pueden exagerar con mayor facilidad las cifras para avivar los temores de la opinión pública. En segundo lugar, si los refugiados a los que se ha concedido asilo pueden trasladarse fácilmente a cualquier país de Schengen que elijan, los acuerdos de reparto de cargas pierden credibilidad y la acogida de refugiados pierde su atractivo práctico.
Un país no querría asumir los costes iniciales de asentar a un determinado número de refugiados solo para perderse los beneficios económicos que esas personas podrían aportar cuando se incorporen al mercado laboral. Para evitar este resultado, tendría sentido aplicar un período de transición, como los periodos de transición de siete años a los que se enfrentan los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, durante el cual se prohíba a los solicitantes de asilo con éxito trasladarse a otros países para trabajar. Pero Schengen hace que esto sea muy difícil de hacer cumplir, una realidad que favorece aún más a los nacionalistas, quienes están deseosos de presentar a la UE como una obligación onerosa, en lugar de como una fuente de soluciones u oportunidades.
Es cierto que el Acuerdo de Schengen y el principio de libre circulación de personas de la UE parecen reforzarse mutuamente de forma natural. Pero los problemas que plantean no son los mismos. Es la libre circulación de personas, no los viajes sin fronteras, la que constituye un componente esencial de la UE. Y, en las circunstancias actuales, Schengen pone en riesgo ese derecho y beneficio fundamental.
Por supuesto, resolver la crisis de refugiados requerirá mucho más que reintroducir cabinas de cristal y funcionarios de inmigración uniformados en las fronteras. Pero suspender o abolir el Acuerdo de Schengen reforzaría la credibilidad de los esfuerzos de los gobiernos por mantener el orden en su territorio y, por tanto, haría que los ciudadanos corrientes estuvieran mucho más dispuestos a ayudar a más refugiados.
Al mismo tiempo, revertir una política en su día muy apreciada demostraría que la UE, lejos de estar atrapada en alguna ideología utópica, puede adaptarse a las circunstancias cambiantes de manera reflexiva y pragmática. Reculer pour mieux sauter – retroceder para saltar mejor – es, después de todo, un principio de tradición consagrada y muy europeo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde los puntos de vista expresados.
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Autor: Bill Emmott es antiguo director de redacción de The Economist.
Imagen: Un manifestante sostiene una bandera de la Unión Europea durante una manifestación proeuropea. REUTERS/Christian Hartmann.
