La pandemia de COVID-19 ha impulsado a los gobiernos de América Latina a intentar abordar la brecha digital.
En la región se están introduciendo iniciativas para impulsar el acceso a internet y lograr que más personas se conecten.
Estas iniciativas incluyen la reducción de los precios de internet.
Inclinados sobre una tableta roja prestada por su escuela, los dos hijos de Mercedes Ortiz estudian desde su hogar en un barrio marginal en una ladera de las afueras de Bogotá, una novedad para la familia tras varios confinamientos por la COVID-19 sin acceso a internet ni dispositivos tecnológicos.
«Con las escuelas cerradas durante todo el año, mi hijo y mi hija han perdido su educación, ya que solo tengo acceso a internet en mi teléfono móvil cuando tengo datos», dijo Ortiz, una migrante venezolana que llegó a la capital colombiana hace tres años.
La pandemia ha puesto de manifiesto una profunda brecha digital, definida como la diferencia entre quienes tienen acceso fiable y asequible a internet de banda ancha y a dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras, y quienes no tienen ningún acceso o tienen un acceso limitado.
En toda América Latina y el Caribe, tres de cada 10 personas, es decir, 244 millones, no tienen internet, según un estudio de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analizó 24 de los 33 países de la región.
La pandemia ha provocado que las personas sin tecnología ni internet, en particular los migrantes y quienes viven en zonas rurales y barrios marginales, hayan tenido dificultades para trabajar a distancia, acceder a clases en línea y citas médicas o inscribirse en subsidios gubernamentales.
Pero la COVID-19 también ha impulsado la acción gubernamental en la región para cerrar la brecha digital y garantizar que más personas, como la familia Ortiz, tengan acceso a servicios digitales.
«No basta con la conciencia, sino también con la comprensión de que los gobiernos deben despertar y hacer algo», dijo Shamika Sirimanne, responsable de tecnología y logística del organismo de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD).
«Esto es como un punto de inflexión», dijo.
Nuevas leyes
En Colombia, una ley aprobada en julio declaró internet un «servicio público esencial», lo que significa que «su importancia y necesidad para los colombianos es comparable a la del agua, la electricidad y el gas», según ha afirmado el presidente colombiano, Iván Duque.
La ley obliga a las operadoras de telecomunicaciones a garantizar a los clientes el servicio de internet y a ofrecer paquetes mínimos de navegación y de texto gratuitos durante emergencias sanitarias y de otro tipo.
Esto sigue a una ley similar aprobada en Chile y a un decreto anunciado en Argentina el año pasado, que convirtió internet en «un servicio público» durante los confinamientos por la COVID-19.
Perú, Brasil y Argentina estudian leyes que convertirían internet en un servicio público esencial, según el experto en tecnología del Banco Mundial Doyle Gallegos.
«Todo esto empezó realmente el año pasado en América Latina», dijo Gallegos, especialista principal en desarrollo digital del Banco Mundial.
«Es realmente una proclamación de que proporcionar acceso a internet a todos los ciudadanos es fundamental y una alta prioridad para el gobierno», dijo.
En Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores y la Casa Blanca debaten la ampliación de un programa para ayudar a los estadounidenses de menores ingresos a acceder a banda ancha mediante incorporarlo al paquete de infraestructuras de 1,2 billones de dólares aprobado este mes.
La pandemia también ha llevado a países, entre ellos Perú, Argentina, Chile y Colombia, a introducir otras medidas para impulsar el acceso gratuito a internet.
Entre ellas se incluyen el préstamo de tabletas gratuitas a docentes y estudiantes, la ampliación de puntos de acceso WiFi gratuitos en espacios públicos y servicios de «tarifa cero», en los que determinados sitios y aplicaciones gubernamentales, de salud y educación no se contabilizan en los límites de datos del usuario.
Durante la pandemia, los reguladores y los gobiernos modificaron la normativa «básicamente de un plumazo» para garantizar que las personas no se quedaran sin servicios de internet, afirmó Doyle.
«Durante demasiado tiempo, el acceso a internet y a dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles se ha considerado no esencial e, incluso en algunos casos, un servicio de lujo», añadió.
Las nuevas leyes que declaran internet un servicio básico son «buenos comienzos», pero deben respaldarse con medidas para reducir el alto costo de los servicios de internet en los países de bajos ingresos, afirmó Sirimanne, de la ONU.
«Si no tienes acceso a internet, no tienes economía digital», dijo. «Quedas aislado del sector productivo.»
Según la ONU, un gigabyte de datos no debería costar más del 2 % de un ingreso mensual promedio para que internet sea asequible, pero en países como Colombia, el acceso a internet puede costar más del 10 % del ingreso mensual de los ciudadanos más pobres del país.
En Brasil, el Congreso aprobó en febrero una ley que transferiría unos 3.500 millones de reales (650 millones de dólares) a los estados para que proporcionen acceso a internet a los estudiantes de escuelas públicas en situación de pobreza mediante la compra de planes de datos y tabletas.
«Tenemos 18 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad social, y seis millones que no pueden asistir a clases (en línea) porque carecen de acceso a internet», declaró Israel Batista, uno de los varios diputados de la oposición que ayudaron a redactar el proyecto, a la Thomson Reuters Foundation.
Pero el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó la ley en mayo, medida que el Congreso revocó posteriormente, y luego la impugnó ante el Tribunal Supremo.
En agosto, Bolsonaro emitió un decreto que aplaza indefinidamente la transferencia a los estados de los fondos federales destinados al acceso a internet.
«Lo que (Bolsonaro) quiere es posponer (la transferencia) todo lo posible, porque si para finales de diciembre los estados no lo han gastado, deben devolverlo», dijo Luis Claudio Araujo, profesor de derecho constitucional de la Universidad Ibmec de Brasil.
Los ministros de Economía y de Educación de Brasil han advertido al Congreso sobre los riesgos financieros de la ley, según declaró un portavoz del Ministerio de Educación en un comunicado.
El Gobierno «no ha escatimado esfuerzos en los intentos de universalizar el acceso a internet para los estudiantes que necesitan estas políticas públicas», afirmaron.
Pocos incentivos
La pandemia ha puesto de relieve la marcada brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, pero también entre los habitantes de las ciudades que viven en barrios acomodados y quienes viven en barrios marginales, afirmó Doyle.
En muchas grandes ciudades sudamericanas hay buena cobertura de internet 4G, pero los residentes pobres rara vez pueden permitirse conectarse, añadió.
«El problema de la inclusión digital no es solo urbano frente a rural, sino de ingresos altos frente a bajos, tiene que ver con el género y con la discapacidad», afirmó.
Que los gobiernos establezcan alianzas con empresas privadas de telecomunicaciones y ofrezcan incentivos financieros, como exenciones fiscales, para construir infraestructura en zonas rurales puede contribuir a cerrar la brecha digital, afirmó Doyle.
«Una relación más sólida entre el sector privado y el público es lo que realmente marcará la diferencia y permitirá el acceso a internet para todos», explicó.
Charvel Chedraui, emprendedor tecnológico que fundó Wayru, una startup proveedora de servicios de internet, afirmó que las empresas de telecomunicaciones de América Latina consideran que ampliar el acceso a internet en zonas rurales es demasiado arriesgado y costoso.
Según afirmó, invertir en infraestructura de internet, como cables de fibra óptica, antenas y torres de telefonía móvil con 5G, rara vez resulta rentable, por lo que los gobiernos deben intervenir.
«Si los gobiernos no ponen en marcha la infraestructura y la financiación, entonces solo es palabrería», afirmó Chedraui.
