La corrupción es una palabra de uso frecuente. Pero ¿cuál es la definición exacta de corrupción? ¿Es el abuso del cargo o la ausencia de leyes que la sancionen y prevengan? ¿Significa que no se hacen cumplir las leyes o que no existe justicia en absoluto?
Aunque hay numerosas definiciones de corrupción, solo compartiré mi opinión, haciendo hincapié en cómo la perciben los ciudadanos de a pie. Esta opinión se ha formado a lo largo de años de experiencia en el ámbito del desarrollo en Egipto, a distintos niveles y en numerosos sectores e instituciones.
La corrupción, según su definición oficial, está asociada al uso indebido del poder. Existe un consenso general sobre esta definición entre los ciudadanos de a pie, pues muchos creen que quienes ocupan cargos públicos, en todos los niveles, utilizan indebidamente sus puestos para obtener beneficios personales o servir a unas pocas personas en lugar de a toda la sociedad.
No obstante, hay numerosas leyes, normas y decretos que supuestamente deben impedir el uso indebido de los cargos públicos en beneficio personal. Ahí radica el problema: hay 54.000 leyes, reglamentos y estatutos que supuestamente rigen las relaciones entre la ciudadanía y diversas instituciones del Estado, y que crean tanto un entorno propicio para las prácticas corruptas como una línea de defensa contra ellas.
Los dobles raseros y las incoherencias de muchas leyes ofrecen a los funcionarios públicos resquicios para eludir la responsabilidad legal. En algunos casos, las leyes permiten adoptar decisiones que atienden las demandas de sectores marginados de la sociedad. Algunos lo llaman el «lado positivo de la corrupción». Esto, a su vez, crea entre los ciudadanos de a pie una cultura de tolerancia hacia la corrupción, como forma de garantizar que se satisfagan sus necesidades, ya sea por medios ilícitos o de otro modo.
En última instancia, la corrupción se asocia con las instituciones del Estado que, como sostienen algunos, marginan el papel de otros sectores estatales, es decir, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación. Sin embargo, estos sectores también se han visto afectados por la corrupción de diversas maneras. Esto se manifiesta en cómo identifican las prioridades de desarrollo, en la elección de los sectores en los que operan y en los recursos que obtienen bajo el pretexto del desarrollo «impulsado por la ciudadanía».
La corrupción impregna a toda la sociedad; la utilizan unos pocos, en el sector social en el quequiera que operen, que tienen poder, influencia, información y dinero. Algunos atribuyen esto a la falta de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, lo que, a su vez, afecta los resultados del desarrollo y los beneficios que este aporta a los ciudadanos de a pie.
Además, las iniciativas del Estado, emprendidas como reacción al descontento de la ciudadanía, se han guiado por las opiniones de sus expertos sobre cómo abordar las causas fundamentales de la corrupción. Como resultado, el Estado ha modificado las leyes y los reglamentos, ha adoptado métodos y mecanismos de gobernanza del sector privado y, por último, ha creado comisiones anticorrupción para revisar el desempeño y exigir responsabilidades a los funcionarios corruptos. Dicho esto, algunos sostienen que el problema de las comisiones es que no son independientes del Gobierno.
En la práctica, estos esfuerzos no han mejorado el desempeño ni reducido la corrupción, y tampoco han aumentado la satisfacción de la ciudadanía con las instituciones del Estado. Muchos creen que esto se debió a la falta de participación ciudadana en el proceso concebido para identificar las causas fundamentales de la corrupción y, más importante aún, a la falta de aportaciones populares sobre cómo abordar esas causas. Esta falta de aportaciones ha afectado negativamente la confianza ciudadana, que ya desconfiaba de todos los sectores y de la lucha contra la corrupción.
Fortalecer el papel de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Por lo tanto, es necesario adoptar un mecanismo y un enfoque distintos para luchar contra la corrupción, que busquen de manera amplia y genuina incorporar la «participación ciudadana» en todos los pasos y etapas. Todos los ciudadanos de a pie deberían tener una forma de aportar al proceso. No solo se deberían escuchar sus opiniones, sino también respetarlas y actuar en consecuencia.
El principal desafío aquí es cómo involucrar a la ciudadanía. En este sentido, las OSC deberían desempeñar un papel importante. Deberían procurar mejorar su desempeño, representar y defender a los ciudadanos de a pie, y garantizar que sus voces se escuchen y respeten debidamente. No deberían limitar su enfoque únicamente a la prestación de servicios.
Sin embargo, dado que hay 40.000 OSC en Egipto, puede ser difícil escucharlas, ya que no hablan con una voz coherente. Los medios de comunicación podrían desempeñar un papel importante al arrojar luz sobre los esfuerzos de la sociedad civil y garantizar que se escuchen las voces de la ciudadanía y se les dé respuesta.
Por lo tanto, concluimos que centrarse únicamente en prevenir y combatir la corrupción gubernamental no basta, pues la corrupción ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Combatirla es un proceso multifacético y complejo que requiere la sinergia de todos los sectores. Es especialmente importante que todos los sectores de la sociedad reconozcan y asuman sus responsabilidades para con el ciudadano de a pie. La corrupción ha socavado los derechos de la ciudadanía, y esta no puede permitirse esperar más para recuperarlos.
Este artículo se publica en colaboración con The World Bank’s Voices and Views: Middle East and North Africa Blog. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Amer Lashin es el secretario general de Takamol Foundation for Sustainable Development.
Imagen: Una joven iraquí extiende su dinero mientras hace cola para comprar el pan de primera hora de la mañana en la fábrica de pan de Bagdad, el 20 de mayo de 2003. REUTERS/Kieran Doherty.
