El estado de la democracia en África es una de las cuestiones más polémicas y difíciles a las que se enfrenta hoy el continente.
¿Está África volviéndose más o menos democrática?
¿Por qué tantos países han quedado atrapados en un terreno intermedio confuso entre la democracia y el autoritarismo?
¿Cómo podemos diseñar la democracia para que se ajuste mejor a las realidades africanas?
Académicos, investigadores y comentaristas de los medios de comunicación ofrecen respuestas distintas a estas preguntas. Algunos renunciarían a la democracia en África, al considerarla un experimento peligroso que con demasiada frecuencia sale mal. Otros creen que los primeros indicios son prometedores y que, si se mantiene la lucha durante otra generación, la democracia se arraigará en las sociedades africanas.
En mi libro, sostengo que no debe considerarse a África únicamente como un lugar en el que analizar la fragilidad de la democracia. Por el contrario, es un continente que tiene mucho que enseñarnos sobre las distintas vías por las que incluso los países más pobres e inestables pueden liberarse del gobierno autoritario.
Lecciones que África puede enseñar
Es importante situar la democracia en África en su perspectiva histórica para demostrar cómo las experiencias de las décadas de 1960, 1970 y 1980 moldearon los tipos de sistemas políticos que vemos hoy.
Al hacerlo, revela un hecho que a menudo pasa desapercibido: las democracias africanas se distinguen no porque afronten tantos desafíos, sino porque han logrado avanzar tanto. Esto es cierto a pesar de la ausencia de muchas de las supuestas «condiciones previas» para la consolidación democrática.
Los politólogos han identificado una larga lista de factores que facilitan el establecimiento y la consolidación de una democracia. Encabezan la lista una identidad nacional coherente, instituciones políticas sólidas y autónomas, una sociedad civil desarrollada y autónoma, el Estado de derecho y una economía fuerte y de buen desempeño.
Adam Przeworski, por ejemplo, ha demostrado de forma notable que los países que disfrutan de un PIB per cápita superior a US$6000 cuando introdujeron la democracia casi siempre tienen éxito. Aquellos en los que es inferior a US$1000 casi siempre fracasan.
Tanto en la década de 1960 como en la de 1990, pocos países africanos cumplían este —o cualquier otro— criterio de la lista de deseos. Sin embargo, muchos de ellos han logrado, no obstante, avances significativos hacia el establecimiento de sistemas multipartidistas estables y responsables. Este grupo de países es más numeroso de lo que cabría pensar.
Aproximadamente una cuarta parte de los 54 Estados de África son hoy «libres», lo que significa que presentan altos niveles tanto de derechos políticos como de libertades civiles, según el think tank estadounidense Freedom House. Entre ellos figuran Benín, Botsuana, Cabo Verde, Ghana, Mauricio, Namibia, Senegal y Sudáfrica.
Dicho de otro modo, una proporción significativa del continente avanza hacia la democratización a pesar de las circunstancias adversas.
Cómo evitar los desastres democráticos
Si bien es muy importante reconocer los logros de los casos de éxito del continente, también lo es reconocer la forma en que las elecciones han fomentado la corrupción y agudizado las tensiones étnicas.
En Kenia, por ejemplo, fue la llegada de la política multipartidista, y la amenaza que esta representaba para el gobierno de Daniel arap Moi, lo que provocó la rápida escalada de la corrupción y, en última instancia, el escándalo Goldenberg.
Del mismo modo, fue la amenaza de perder el poder en las elecciones de 1992, cuando el Forum for the Restoration of Democracy se había convertido en una oposición con tanto impulso que provocó la instigación de enfrentamientos étnicos para desplazar e intimidar a los simpatizantes de los partidos rivales. Esa violencia, sabemos ahora, fue el antecedente de la crisis poselectoral de 2007-08.
Por lo tanto, debemos reflexionar seriamente sobre cómo diseñar sistemas políticos de manera que se minimicen los riesgos de desastres democráticos. Uno de mis argumentos centrales es que África ha sufrido sistemas políticos desequilibrados, mal diseñados para favorecer una política multipartidista sostenible.
El problema de «el ganador se lo lleva todo»
La historia nos muestra que, si bien los elementos de competencia e inclusión fortalecen los sistemas multipartidistas, un exceso de cualquiera de ellos puede resultar fatal para el proceso de democratización. Empecemos por la competencia.
En lugares como Costa de Marfil y Kenia, la política de «el ganador se lo lleva todo» y la concentración del poder en torno al presidente hacen que los partidos perdedores puedan esperar quedar excluidos del acceso a los recursos estatales.
Por lo tanto, las elecciones fomentaron el colapso del orden político al agudizar las tensiones étnicas y dar a los líderes un incentivo para utilizar estrategias irresponsables y destructivas para conservar el poder, como la exclusión de los líderes rivales de las contiendas electorales y el despliegue de milicias.
La experiencia de estos países fue tan dolorosa que resulta tentador concluir que los países deberían tratar de ser lo más inclusivos posible. Esto podría lograrse, por ejemplo, formando un gobierno permanente de reparto del poder. Sin embargo, maximizar la inclusión también es problemático, ya que inevitablemente sofoca la competencia política, que es la savia vital de la democracia representativa.
Es mediante la expulsión de los malos líderes como los votantes pueden exigir cuentas a sus gobiernos. En Ghana y Senegal, la reforma democrática fue impulsada por partidos de la oposición, que hicieron campaña por unas elecciones más libres y justas para mejorar sus propias posibilidades de alcanzar el poder.
Dado que los sistemas de reparto del poder garantizan la representación de todos los partidos en el gobierno, corren el riesgo de socavar el mismo mecanismo mediante el cual las elecciones pueden impulsar la democratización. Por tanto, la inclusión excesiva es tan perjudicial para la democracia como la competencia excesiva.
La tarea de quienes redactan o adaptan las constituciones estatales consiste, por tanto, en decidir el equilibrio adecuado entre competencia e inclusión. Dicho equilibrio debe permitir un grado de acomodo suficiente para que todos los partidos sientan que tienen un interés en el sistema, al tiempo que se mantiene la mayor competencia posible para promover la rendición de cuentas.
Lamentablemente, no existe una plantilla constitucional ideal que pueda aplicarse en todo el continente para alcanzar este objetivo. Distintos países pueden requerir diferentes grados de inclusión para lograr la estabilidad política. Determinar si un sistema político puede soportar las tensiones asociadas a una mayor competencia exige un conocimiento profundo de la demografía, la geografía y la historia política de cada país.
Dado esto, es notable —y preocupante— lo poco que muchos países africanos cuentan con mecanismos políticos inclusivos que eviten que determinadas comunidades queden sistemáticamente excluidas. Por ejemplo, muy pocos Estados presentan una descentralización significativa. Un cambio constitucional, como la nueva estructura política introducida en Kenia en 2010, es sin duda un paso en la dirección correcta. Ubica al país en un punto intermedio razonable entre la competencia mayoritaria y la inclusión forzada.
Aunque la presidencia sigue concentrando un gran poder, la capacidad de los partidos de la oposición para controlar al ejecutivo desde el poder legislativo ha aumentado, al menos en teoría. Y aunque no existe ninguna disposición que garantice un gobierno representativo, muchas comunidades que se sienten excluidas del poder a nivel nacional han podido ejercerlo a nivel local mediante la elección de senadores y gobernadores a nivel de condado.
La descentralización no es, sin embargo, una panacea. En países como Nigeria, la creación de gobiernos subnacionales provocó un intenso enfrentamiento y, en ocasiones, violencia, ya que distintas comunidades reclamaban el derecho a tener su propio estado.
Tensiones similares es probable que surjan en la antesala de las próximas elecciones generales de Kenia, especialmente si el Jubilee Alliance Party no logra construir una maquinaria política eficaz.
Aunque el federalismo nigeriano puede haber agudizado las tensiones a nivel local, ha contribuido a aliviarlas a nivel nacional. Eso redujo las perspectivas de una segunda guerra civil, lo cual sin duda merece la pena.
Por lo tanto, tenemos buenos motivos para pensar que una reforma constitucional como la promulgada en Kenia mejorará significativamente las perspectivas de estabilidad política, siempre que se respete. Dado esto, es demasiado pronto para renunciar a la democracia africana.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica la aprobación de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Nic Cheeseman es profesor asociado de Política Africana en el Jesus College de la Universidad de Oxford.
Imagen: Niños sudaneses se reúnen para celebrar el Día Mundial del Refugiado en un campo de refugiados acogido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. REUTERS/Esam Al-Fetori.
