En 2014, más de 190.000 personas arriesgaron la vida al cruzar el mar Mediterráneo desde el norte de África hasta Europa. Unas 3.500 perdieron la apuesta y murieron al intentar atravesar lo que se ha convertido en la frontera más mortífera del mundo. No cabe duda de que algunos emprendieron ese peligroso viaje simplemente para buscar empleos mejor remunerados. Pero el origen de quienes intentan hacer el trayecto indica que muchos son refugiados políticos, no migrantes económicos.
La mayoría de quienes cruzaron el Mediterráneo el año pasado procedían de Eritrea y Siria. Muchos habían sido reconocidos formalmente como refugiados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en los países a los que huyeron inicialmente. A alrededor del 90 % de quienes solicitan asilo en Europa se les concede algún tipo de protección, lo que constituye otro testimonio de su condición de refugiados auténticos.
Ha llegado el momento de que la Unión Europea separe el debate sobre la crisis en el Mediterráneo de su debate más amplio sobre inmigración. Las políticas, el lenguaje y la respuesta a los acontecimientos que se desarrollan en la frontera sur de la UE deben ser distintos de los relativos al movimiento voluntario de solicitantes de empleo de un país seguro a otro. De hecho, el marco adecuado para el debate son las obligaciones de los países europeos en virtud del derecho internacional de los refugiados.
Las políticas aplicadas por la UE y sus Estados miembros son directamente responsables de la difícil situación de quienes mueren al intentar cruzar el Mediterráneo. Los esfuerzos por disuadir a los refugiados de llegar no han reducido el número de personas a las que se concede asilo en Europa; solo han hecho que el proceso de obtención del estatuto de refugiado sea más arbitrario y peligroso.
Todos los países de Europa son parte de tratados internacionales que reconocen el derecho de los refugiados a solicitar asilo y a no ser devueltos por la fuerza a países donde no estarán a salvo. Y, sin embargo, pese a los llamamientos de los países mediterráneos de primera línea para establecer sistemas que mejoren la gestión de la crisis y compartan la carga, se está haciendo poco para que los refugiados estén más seguros o para que la situación sea más manejable para los países a los que llegan.
Los países vecinos de Siria e Irak afrontan las mayores llegadas de refugiados que huyen de la violencia allí, y el ACNUR ha pedido ayuda para reasentar a un número limitado de las personas más necesitadas. Hasta ahora, sin embargo, la respuesta de los países que más fácilmente podrían permitirse acoger refugiados ha sido lamentable. Peor aún, a muchas personas que hace apenas unos años habrían obtenido fácilmente permiso para estudiar, trabajar o visitar a familiares en Europa se les deniegan visados simplemente por su condición de refugiados.
No hay razón para exigir a quienes buscan una audiencia de asilo que atraviesen un calvario de cruces por el desierto, abusos de traficantes, palizas, extorsión, violaciones y explotación, ni para que tengan que vivir el trauma de ver morir a sus amigos y familiares por el camino. Hacerlo es cruel e inhumano, y viola el espíritu de todas las leyes sobre refugiados, derechos humanos e inmigración.
En el pasado, los programas de reasentamiento en África, Asia y Oriente Medio examinaban a las personas para determinar su condición de refugiadas; evaluaban su educación, aptitudes y vínculos familiares para decidir dónde podrían integrarse con mayor facilidad; y colaboraban con los gobiernos europeos, norteamericanos y australianos para encontrarles nuevos hogares. En la década de 1980, esos programas ayudaron a miles de etíopes, vietnamitas y argentinos, y basta observar las comunidades donde se reasentó a los beneficiarios para comprobar que la gran mayoría se ha convertido en contribuyente autosuficiente.
No hay razón para que hoy no pueda hacerse algo parecido por quienes huyen de la violencia y la persecución. Si se ofreciera a los solicitantes de asilo la oportunidad de presentar sus solicitudes en los países donde se encuentran actualmente, no se verían obligados a arriesgar la vida en el mar para llegar a Italia o Grecia. Los eritreos podrían presentar solicitudes en Jartum para obtener asilo en Suecia, Alemania o el Reino Unido. Los sirios en El Cairo o Beirut podrían hacer lo mismo. Las solicitudes podrían priorizarse y tramitarse de manera ordenada, y los refugiados podrían llegar a Europa en buen estado de salud y listos para trabajar o estudiar.
La crisis del Mediterráneo no puede gestionarse de manera fragmentaria. Los costos financieros de patrullar sus aguas y rescatar a quienes quedan a la deriva son exorbitantes. La pérdida de vidas es inexcusable. Pero no tenemos que esperar a que se aborden las causas profundas del desplazamiento —el colapso del Estado y la guerra civil—. Solo necesitamos encontrar el valor para crear un sistema en el que las personas desesperadas no tengan que arriesgar la vida para solicitar asilo y reasentamiento.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Peter Sutherland, representante especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional y el Desarrollo, fue director general de la Organización Mundial del Comercio, comisario de Competencia de la UE y fiscal general de Irlanda.
Imagen: Chalecos salvavidas utilizados por migrantes, abandonados sobre dos restos flotantes en el puerto siciliano de Pozzallo. REUTERS Alessandro Bianchi
