Para gran disgusto del gobierno de Adís Abeba, «Zone 9» se ha convertido en un nombre muy conocido en Etiopía. Desde 2012, este pequeño grupo de periodistas convertidos en activistas en línea ha utilizado las redes sociales para hacer campaña en favor de las libertades políticas y civiles en su país. El éxito del grupo —medido, por ejemplo, por la avalancha de «me gusta» y comentarios en su página de Facebook— se ha logrado pese a los esfuerzos del gobierno por silenciar a los autores, entre ellos la detención de seis miembros en 2014 bajo acusaciones infundadas de terrorismo.
El gobierno de Etiopía no es el único que busca consolidar el poder político restringiendo lo que dicen los ciudadanos en Internet. En toda África, los gobiernos están promulgando leyes para restringir el acceso a Internet y prohibir las críticas a los funcionarios electos. Los activistas digitales se enfrentan a numerosas tácticas de censura, entre ellas ataques mediante el «Border Gateway Protocol», la «limitación del ancho de banda HTTP» y la «inspección profunda de paquetes».
La ironía, por supuesto, es que la censura rara vez acalla a quienes están descontentos. En vez de sofocar la disidencia, la intervención gubernamental solo impulsa a más personas a expresar sus quejas en WhatsApp, Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales, donde cada vez más africanos cuestionan a gobiernos corruptos, denuncian elecciones amañadas y exigen que se les escuche.
Sin embargo, por ahora, pocos líderes africanos están escuchando. Los dirigentes de nueve de los 18 países africanos que celebraron elecciones en 2016 impusieron algún tipo de restricción a Internet para limitar la disidencia. Cuatro días antes de las elecciones presidenciales de Uganda, en febrero, el presidente Yoweri Museveni cortó el acceso a los servicios de pago móvil y a las redes sociales. En agosto y septiembre, el presidente de Gabón, Ali Bongo, con el propósito de proyectar una imagen de calma ante la comunidad internacional, interrumpió el acceso a Internet durante la noche. Luego, en diciembre, funcionarios de la República Democrática del Congo ordenaron un apagón de Internet el día antes de que el presidente Joseph Kabila tuviera previsto dejar el cargo, con lo que sofocaron la disidencia en línea cuando se negó a dimitir.
Los apagones de Internet como estos vulneran los derechos humanos y socavan los procesos democráticos. El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que afirmaba que «los derechos que las personas tienen fuera de Internet también deben protegerse en línea, en particular, la libertad de expresión».
La mayoría de los gobiernos africanos intentan justificar los bloqueos de Internet alegando que las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad y el orden públicos. Museveni, por ejemplo, afirmó que bloquear el acceso a Internet era la única manera de proteger a los jefes de Estado visitantes durante su ceremonia de investidura. Sin embargo, no presentó pruebas que relacionaran el acceso a las redes sociales con la seguridad en Uganda ni en ningún otro lugar. Según Access Now, una organización internacional que defiende los derechos digitales, por lo general las personas se sienten menos seguras sin Internet, porque no pueden acceder a información ni comunicarse con amigos y familiares en momentos de incertidumbre.
Con varias elecciones importantes en África a la vista, vuelven a avecinarse los apagones de Internet. En Zimbabue, donde se espera que se presente a un octavo mandato a mediados de 2018 el presidente Robert Mugabe, de 93 años, parece inevitable una campaña represiva dirigida por el gobierno. Durante décadas, Mugabe ha recurrido a la intimidación y la violencia para sofocar la disidencia política. No sorprende, entonces, que ya haya comenzado a adoptar una postura hostil frente al activismo en línea. El año pasado, su gobierno interrumpió Internet en plena ola de protestas políticas y prometió detener a cualquiera que fuera sorprendido creando o compartiendo «material abusivo o subversivo en las redes sociales».
Pero los ciudadanos no están indefensos. Aunque los gobiernos ordenen cortar el acceso a Internet, solo las empresas de telecomunicaciones pueden accionar el «interruptor de apagado». Por eso, los blogueros y activistas en línea de África deben colaborar más estrechamente con los inversores y accionistas de las empresas de comunicaciones para convencerlos de que defiendan la democracia y los derechos humanos resistiéndose a las directivas antiliberales de los gobiernos.
Además, las organizaciones de la sociedad civil, la Unión Africana y las Naciones Unidas deberían hacer más para condenar las leyes nacionales que buscan normalizar políticas restrictivas de Internet. Así como en 2013 puso en marcha una ley modelo sobre el acceso a la información, la Unión Africana debería ofrecer a los Estados nuevas directrices sobre cómo salvaguardar el derecho a reunirse y expresar opiniones en línea.
Por último, se necesitan nuevas medidas a escala continental para garantizar que los gobiernos reconozcan y respeten los derechos de los africanos en línea. Aunque la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para proteger las libertades en línea no es vinculante, ofrece un punto de partida para garantizar que los gobiernos permitan a los ciudadanos utilizar Internet como herramienta para maximizar la participación política.
Se necesitan intervenciones de este tipo ahora más que nunca. Los parlamentos de Kenia, Zimbabue y Etiopía están estudiando actualmente leyes que permitirían un control gubernamental mucho mayor sobre el acceso a Internet. El año pasado, Tanzania aprobó una ley que ya se ha utilizado para acusar de delitos a personas que criticaron en las redes sociales al presidente John Magufuli.
Da lo mismo que los gobiernos impidan a los ciudadanos reunirse en público, firmar peticiones o acceder a Internet y publicar en las redes sociales. Todas esas medidas buscan despojar a los ciudadanos de sus derechos. Como ha demostrado Zone 9, la lucha por la libertad es igual de real cuando la plaza pública es el espacio digital.
