El Fondo Monetario Internacional ahora estima un riesgo del 30 % de deflación en la eurozona, y las cifras de crecimiento dentro de la unión monetaria siguen decepcionando. Pero los responsables de la formulación de políticas parecen atrapados en un entramado de restricciones económicas, políticas y legales que impide una acción eficaz. El cumplimiento de las reglas de política parece imposible sin crecimiento, pero el crecimiento parece imposible sin romper las reglas.
El ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble se ha comprometido políticamente a superar el estricto marco fiscal interno de su país para lograr un presupuesto de “cero negro”. El Gobierno francés trabaja para recuperar credibilidad en las promesas de reforma hechas a cambio de aplazamientos en el ajuste fiscal, e Italia, con una de las mayores cargas de deuda de la eurozona, tiene poco margen para utilizar la política fiscal. Mientras tanto, el Banco Central Europeo está limitado por dudas sobre la legalidad de su programa de “operaciones monetarias definitivas” (OMT), consistente en compras de bonos soberanos que podrían dar lugar a una política fiscal redistributiva.
Con todas las reglas apuntando hacia la recesión, ¿cómo puede Europa impulsar la recuperación?
Un programa de inversión pública de 400.000 millones de euros (510.000 millones de dólares) a dos años, financiado con bonos del Banco Europeo de Inversiones, sería la mejor manera de superar el actual punto muerto de Europa. Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no tienen implicaciones en términos de las reglas fiscales europeas. No se registran ni como nueva deuda ni como déficit de ninguno de los Estados miembros, lo que significa que el nuevo gasto público podría financiarse sin afectar al desempeño fiscal nacional.
Así, parte del gasto en inversión previsto actualmente a nivel nacional podría financiarse mediante endeudamiento europeo para aliviar los presupuestos nacionales. Esta forma indirecta de sortear reglas estrictas también sería más fácil que iniciar largas y agotadoras negociaciones sobre cambios en el marco fiscal.
El BEI teme que un esquema de este tipo pueda costarle su calificación AAA. De hecho, aunque actualmente puede tomar prestado al 1,6 % a largo plazo, ha utilizado su reciente ejercicio de captación de capital para reducir el apalancamiento en lugar de aumentar sustancialmente su cartera de préstamos, como estaría justificado en un momento de contracción del crédito privado. En cualquier caso, un cambio de calificación apenas afectaría a los costes de financiación en el actual entorno de bajos rendimientos, como han demostrado los soberanos con calificaciones inferiores.
Además, el BCE podría comprar bonos del BEI en los mercados secundarios, lo que ayudaría a mantener bajos los costes de financiación, o incluso a reducirlos. Más importante aún, las compras de bonos del BEI permitirían al BCE aplicar la flexibilización cuantitativa sin provocar la controversia que supondría intervenir en 18 mercados separados de bonos soberanos, donde los temores de que las compras del BCE afecten a la fijación relativa de precios de los soberanos son muy reales.
Ya hay disponibles 200.000 millones de euros en bonos del BEI. Añadir 400.000 millones de euros aumentaría considerablemente el volumen. Junto con los valores respaldados por activos, los bonos garantizados y los bonos corporativos, 1 billón de euros en activos –el umbral que se considera ampliamente necesario para que la flexibilización cuantitativa del BCE sea creíble– estaría disponible para su compra.
Una cuestión central, por supuesto, se refiere al tipo de gasto público que debería calificar como gasto de inversión y a qué proyectos europeos de inversión deberían recibir apoyo. Será imposible definir nuevos y sensatos proyectos europeos por valor de 200.000 millones de euros anuales. Proyectos comunes, como la unión energética europea, necesitarán más tiempo para definirse con precisión. Por ello, la mayor parte de la inversión tendrá que venir ahora de los responsables de políticas nacionales.
En parte, esto significa que los proyectos de infraestructura existentes que se supone que deben financiarse con presupuestos nacionales podrían ser financiados por el BEI. Al aliviar parte de la carga de los presupuestos nacionales, el actual descenso de la inversión pública podría revertirse.
Parte de los nuevos recursos también podría utilizarse para permitir la consolidación presupuestaria en Francia sin recortes procíclicos. Francia podría recibir esta ayuda para cumplir las reglas fiscales a cambio de reformas estructurales serias y necesarias, al igual que Italia, donde los bonos financiados por el BEI proporcionarían un impulso al crecimiento muy necesario sin nuevos compromisos gubernamentales. En Alemania, los recursos liberados podrían utilizarse para acelerar proyectos de inversión existentes, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de “cero negro”.
Podrían encontrarse acuerdos similares para los demás países de la eurozona. Para evitar el uso indebido del dinero, la Comisión Europea debería examinar todos los proyectos de inversión nacionales. En un sentido más amplio, el programa sería un paso importante hacia el establecimiento de la unión fiscal que aún falta en la eurozona. Ese objetivo se alcanzará con más rapidez una vez que todos perciban con claridad los beneficios de lograrlo.
Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Guntram B. Wolff es director de Bruegel, el centro de estudios económicos con sede en Bruselas.
Imagen: Un astillero se recorta contra el sol naciente. REUTERS/China Daily
