Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta sénior del Banco Mundial, es miembro del Consejo de Estado de España.
MADRID – En Cataluña y Escocia, las demandas de independencia vuelven a crecer, lo que indica la situación no solo de España y el Reino Unido, sino de la Unión Europea en su conjunto. De hecho, la debilidad de la UE para afrontar su crisis financiera refleja y refuerza la erosión de su razón de ser – integración política. Sean cuales sean sus raíces en viejos agravios, el secesionismo, al parecer, es un síntoma doloroso de este proceso degenerativo.
La perversa ironía es que los partidos más astutos de Europa partidarios de la secesión están revistiendo sus programas con ropajes europeos, prometiendo que los nuevos Estados tendrán la adhesión automática a la UE. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) y Convergència i Unió (CiU) en Cataluña explotan el concepto de cosmopolitismo europeo para reavivar fines nacionalistas estrechos y, en última instancia, para desmembrar los países de los que ahora forman parte.
Ninguna disposición del Derecho de la UE aborda la desintegración de un Estado miembro, ya que la secesión contradice el principio fundamental de «una unión cada vez más estrecha». Por ello, son cada vez más las voces que piden enviar un mensaje a los electorados de las regiones que aspiran a la secesión: la pertenencia a la UE no estaría garantizada en caso de independencia. Alex Salmond, primer ministro de Escocia y líder del SNP, proclamó que la garantía de la pertenencia a la UE era una cuestión de derecho; como no lo es, él y su partido se enfrentan ahora a su mayor crisis desde que llegaron al poder en 2007.
Este vacío jurídico explica por qué, en vísperas de las elecciones catalanas del 25 de noviembre, los líderes de CiU están tan deseosos de convertir un referéndum informal sobre la independencia en un plebiscito sobre el deseo de los catalanes de pertenecer a la UE (cuestión que no está en juego ni corresponde decidir al electorado catalán). Racionalmente, aunque no legalmente, la única pregunta coherente que el Gobierno de CiU podría plantear es si los catalanes desean formar parte de España.
El marco de las Naciones Unidas que regula la secesión establece una distinción clara entre «autodeterminación interna» y «autodeterminación externa». La primera ampara la búsqueda por parte de un pueblo de su desarrollo político, económico, social y cultural en el marco de un Estado existente; la segunda podría adoptar la forma de secesión unilateral, pero solo en un conjunto extremo de circunstancias. Ninguna de las dos definiciones se aplica al caso de Cataluña o Escocia.
Nadie en Cataluña ni en Escocia puede reclamar legítimamente la supresión de la identidad cultural, que goza de una sólida protección en España —donde uno de los principales objetivos de la Constitución española, tras la muerte de Francisco Franco, fue proteger las lenguas y culturas catalana y vasca— y en el Reino Unido. Quizá esto ayude a explicar por qué la formal reivindicación escocesa de independencia no se basa en una herencia distinta, sino en la endeble noción de valores políticos y sociales distintos: un argumento tan vago que podría utilizarse para justificar la desarticulación de cualquier país europeo.
Como suele ocurrir con el nacionalismo, al margen de su envoltorio, el discurso emocional que rodea las demandas de independencia no es más que una máscara para una ambición política descarnada y el interés económico propio. En Cataluña, la victimización se ha convertido en una estrategia de campaña, y los líderes de CiU invocan abiertamente amenazas imaginarias del Gobierno central de Madrid, incluidos tanques «españoles» y aviones «hostiles» sobre el «espacio aéreo catalán».
Dejando de lado la retórica, el referéndum catalán que se avecina surgió como resultado de la negociación política en torno a los debates sobre los rescates entre las regiones de España y el Gobierno central. La crisis ha avivado las demandas de independencia al añadir fervor a la indignación de muchos catalanes por las transferencias financieras a las regiones más pobres de España a través del tan denostado Fondo de Solidaridad Territorial.
La cuestión de la independencia se ha convertido en una poderosa herramienta de negociación frente al Gobierno central. Además, convenientemente barre bajo la alfombra problemas existentes —por ejemplo, la deuda catalana representa cerca del 30 % de la deuda total de las regiones de España— y desvía la atención de la deficiente gestión económica del Gobierno regional de CiU.
Las condiciones podrían empeorar mucho con la independencia. Las estimaciones conservadoras sugieren que salir de España, del euro y de la UE provocaría una caída del 20-25 % del PIB de Cataluña, ya que el 68 % de las exportaciones internacionales catalanas se dirige a la UE (según datos oficiales de 2010) y el 50 % de su producción total se destina al resto de España.
Un patrón similar se aplica a Escocia. Además, tras la crisis del euro, los líderes del SNP han abandonado su antiguo plan de adoptar el euro y ahora afirman que mantendrán la libra.
Pero criticar a los oportunistas que avivan el fuego secesionista en Barcelona y Edimburgo no basta. Una manifestación celebrada en Barcelona en septiembre, a la que acudió cerca del 8 % de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña, demostró que existen problemas reales que deben abordarse, tanto a nivel europeo como nacional.
El principio fundamental de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para orientar la dirección de las políticas públicas. Pero hoy, en toda Europa, los ciudadanos se sienten impotentes. Con la crisis económica, este fenómeno es especialmente pronunciado en el sur de Europa, donde los votantes intuyen con inquietud que tienen poca influencia en Berlín, donde se toman las decisiones reales.
En Cataluña, CiU ha canalizado esta frustración hacia un rechazo del Gobierno central de España. En Escocia, las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno de David Cameron han dado un impulso similar a la apuesta independentista del SNP.
España fue, sin duda, uno de los mayores logros de finales del siglo XX, al gestionar su adhesión a la UE y su transición democrática mientras pasaba del subdesarrollo a ser la cuarta economía de la eurozona y la decimotercera del mundo. Pero las concesiones que formaron parte de esa transición tuvieron consecuencias —en particular, la distribución territorial del poder en el país— que ahora deben afrontarse abiertamente.
Sea cual sea su causa, la agitación en Cataluña debería impulsar una revisión a fondo de la Constitución española de 1978 y la adopción de una auténtica estructura federal. Si tiene éxito, los federalistas españoles podrían entonces aconsejar a otros, empezando por los líderes políticos del Reino Unido.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Imagen: banderas nacionales españolas ondean cerca de un semáforo en rojo en la Fuente de Cibeles, en el centro de Madrid. REUTERS/Sergio Perez
