Pese a las limitaciones financieras, Etiopía ha logrado mantener al mínimo sus casos de COVID-19, con solo 6 muertes en una población de 109 millones.
La rápida respuesta del gobierno, que incluyó cribados casa por casa y pruebas diagnósticas, fue crucial para frenar el brote.
Etiopía también ha fomentado que la producción y otras actividades económicas continúen durante la crisis.
Para sorpresa de muchos, los gobiernos africanos han respondido con rapidez y audacia a la crisis de la COVID-19. El enfoque no convencional de Etiopía, por ejemplo, refleja los limitados recursos financieros y humanos del país, así como el bajo nivel de apoyo internacional. Pese a estas graves limitaciones, los resultados hasta ahora han sido mejores de lo que nadie esperaba.
Desde el principio, el primer ministro Abiy Ahmed y su gobierno comprendieron que el éxito de Etiopía en la lucha contra la COVID-19 dependería no del número de respiradores que tuviera, sino de las medidas de salud pública adoptadas para contener la propagación del virus. Su gobierno también quería evitar graves daños a una de las economías de más rápido crecimiento de África, que se expandió a una tasa media anual del 10,5 % en 2004-18 pero sigue siendo vulnerable. Salvaguardar estos avances, evitar la pérdida de empleos y garantizar la supervivencia de las empresas era fundamental.
Así, en lugar de implementar un confinamiento nacional como la mayoría de los demás gobiernos, incluidos los de África, Etiopía puso en marcha otras medidas esenciales en enero, mucho antes que la mayoría de los países desarrollados. Posteriormente, el gobierno intensificó su respuesta a mediados de marzo, cuando se notificó el primer caso de COVID-19 en el país, y declaró el estado de emergencia solo el 8 de abril. Además, ha fomentado que la producción y otras actividades económicas continúen durante la crisis, aliviando así considerablemente la presión sobre los grupos sociales vulnerables y el sector informal.
Los resultados hasta ahora son saludables, aunque nos tememos que lo peor aún pueda estar por llegar. Al 26 de mayo, Etiopía, con una población de 109 millones, había notificado solo 701 casos y seis muertes. Esto representa una tasa de infección del 0,8 % entre la población sometida a pruebas, de la cual el 80 % tiene entre 24 y 44 años.
La rápida respuesta inicial del gobierno fue fundamental. En enero, implantó protocolos estrictos de control de pasajeros en el aeropuerto internacional de Addis Abeba, el mayor centro aéreo de África Oriental. El Ministerio de Salud y los gobiernos locales y regionales llevaron a cabo conjuntamente cribados casa por casa en más de 11 millones de hogares con 40 millones de personas en la capital y las provincias. Las pruebas diagnósticas se incrementaron de cero a principios de marzo a más de 5.000 pruebas diarias en mayo, aunque sigue siendo un gran desafío.
La concienciación y la educación pública han sido fundamentales en el esfuerzo del gobierno. El primer ministro hace anuncios públicos periódicos sobre la COVID-19, mientras que el ministro de Salud ofrece informes diarios. Y, como parte de una campaña mediática concertada para llegar a todos los ciudadanos, el monopolio estatal de telecomunicaciones Ethio Telecom utiliza tonos de llamada de teléfono móvil para recordar a la población la importancia de las medidas de higiene, como lavarse las manos, mantener la distancia social y usar mascarillas. Esta plataforma ha mostrado resultados positivos.
Además, desde febrero, las autoridades etíopes han aplicado un estricto régimen de rastreo riguroso de contactos, aislamiento, cuarentena obligatoria y tratamiento. El gobierno convirtió los dormitorios de las universidades públicas para aumentar la capacidad de los centros de cuarentena a más de 50.000 camas, estableció centros de aislamiento adicionales con un total de 15.000 camas y habilitó centros de tratamiento con una capacidad de 5.000 camas. También introdujo una cobertura más completa de seguro de vida para proteger a la primera línea de personal sanitario.
Mientras que muchas economías avanzadas y emergentes han introducido enormes planes de estímulo económico y de rescate, el gobierno etíope se ha visto limitado por la disminución de los ingresos y la necesidad de reasignar los gastos presupuestarios para contener la pandemia. No puede complacer a todos y, por tanto, ha tenido que priorizar sus modestos recursos.
El paquete de apoyo económico del gobierno frente a la COVID-19 se basa en el principio de costes y sacrificios compartidos. Por ejemplo, la confederación de empleadores, los sindicatos y el gobierno acordaron un protocolo tripartito para evitar despidos durante la crisis. Las subvenciones gubernamentales han permitido a los exportadores manufactureros beneficiarse de transporte ferroviario sin coste y de menores costes logísticos de exportación. Y la nueva estrategia de parques industriales del gobierno prevé el establecimiento de centros manufactureros para producir equipos de protección personal para los mercados nacionales y extranjeros.
Etiopía sigue movilizando recursos nacionales y fomentando actividades voluntarias para hacer frente a la emergencia de salud pública, y el gobierno garantiza una estrecha coordinación entre los organismos federales de todos los niveles. Y aunque la respuesta del gobierno a la pandemia es un trabajo en curso, su éxito hasta ahora demuestra lo que los países africanos pueden lograr a pesar de las estrictas limitaciones de recursos.
En primer lugar, los gobiernos africanos deben reconocer que se enfrentan no solo a una emergencia de salud pública, sino también a una crisis multidimensional con implicaciones a largo plazo. Por tanto, las políticas estándar no funcionarán. Afrontar la crisis exige no solo respuestas locales y nacionales gubernamentales que tengan en cuenta el contexto único de cada país, sino también una acción regional e internacional unificada.
En segundo lugar, el gobierno etíope ha confiado en gran medida en la movilización comunitaria y en las campañas de concienciación pública, que han demostrado ser eficaces y eficientes en cuanto a coste. También se ha apoyado en la infraestructura basada en la prevención de la atención primaria de salud pública y el sistema de extensión sanitaria que se desarrolló durante las dos últimas décadas.
En tercer lugar, el gobierno garantizó una respuesta coherente maximizando la coordinación entre los organismos públicos de distintos niveles. También entabló un diálogo con el sector privado para encontrar soluciones viables cuando las marcas y compradores mundiales abandonaron a sus proveedores en los países en desarrollo.
En cuarto lugar, los países africanos con recursos limitados no pueden proporcionar apoyo gubernamental y benéfico a todos los grupos y empresas. Los gobiernos deben priorizar y dirigir sus escasos recursos a las empresas, y vincular ese apoyo a criterios de desempeño para incentivar objetivos sociales vitales como la retención del empleo. Aprender qué funciona y qué no en ese sentido ha sido un catalizador vital en la respuesta de Etiopía.
Por último, es demasiado pronto para juzgar la respuesta a la pandemia que han puesto en marcha Etiopía y otros países africanos porque los gobiernos aún deben intensificar sus esfuerzos para hacer frente a la inevitable fase de “repunte” de la crisis. Pero una lección ya está clara: las estrategias de los gobiernos africanos frente a la COVID-19 deben reflejar el contexto local, la naturaleza cambiante de la pandemia, las limitaciones vinculantes de recursos y la débil cooperación internacional.
