Se ha aprobado más de un billón de dólares de gasto federal en todo el país en el mayor proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos en décadas.
El proyecto de ley promete invertir 240.000 millones de dólares en carreteras, puentes, transporte público, aeropuertos y ferrocarriles.
Más de 150.000 millones de dólares se destinan a proyectos que abordan el cambio climático, como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y la modernización de las redes energéticas.
También hay fondos para ciberseguridad, sistemas de agua potable y tratamiento de residuos, conexiones de internet de banda ancha y otros ámbitos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de infraestructuras que financia más de un billón de dólares de gasto federal en todo el país el 5 de noviembre de 2021.
El proyecto de ley destina unos 240.000 millones de dólares a construir o reconstruir carreteras, puentes, transporte público, aeropuertos y ferrocarriles. Se prevén más de 150.000 millones de dólares para proyectos que abordan el cambio climático, como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, la modernización de las redes energéticas y de la producción para que funcionen mejor con las energías renovables, y la mejora de la sostenibilidad ambiental del transporte público.
Hay fondos para ciberseguridad, sistemas de agua potable y tratamiento de residuos, conexiones de internet de banda ancha y otros ámbitos.
El proyecto de ley es la mayor inversión en las infraestructuras del país en décadas.
Entonces, ¿cómo gasta el Gobierno todo ese dinero?
Los funcionarios deben seguir determinados procedimientos, reglamentos y directrices para anunciar los proyectos y solicitar ofertas, evaluarlas y después contratar a empresas para que realicen el trabajo. Este proceso se denomina «contratación pública».
Lo que me interesa a mí y a mis colegas, que estudiamos las políticas de contratación pública, es cómo este enorme aumento del gasto puede utilizarse como una herramienta política innovadora para promover los objetivos sociales, económicos y ambientales del Gobierno.
A juzgar por las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden que dan prioridad a las medidas contra el cambio climático en la contratación y las adquisiciones, y que garantizan una remuneración equitativa para los trabajadores empleados por contratistas del Gobierno federal, su administración fomentará el uso del poder de la contratación pública para alcanzar objetivos de política ambiental, social y económica.
Para entender cómo puede utilizarse la contratación pública para mejorar la equidad social o acelerar la acción climática, conviene conocer los conceptos básicos de su funcionamiento.
¿Cómo adquieren infraestructuras los funcionarios públicos?
El proceso comienza con una solicitud formal de un organismo, como el Departamento de Transporte o el de Obras Públicas, y con la selección del procedimiento más adecuado para adjudicar el contrato de un proyecto financiado.
Durante varias décadas, los procesos de contratación pública de infraestructuras han adoptado, por lo general, una de dos modalidades: «diseño-licitación-construcción» o «diseño-construcción».
En la modalidad de diseño-licitación-construcción, los gobiernos dividen los contratos en dos etapas: el diseño del proyecto y su construcción, una después de la otra. Una gran ventaja de la modalidad de diseño-licitación-construcción es que los organismos están familiarizados con esta forma tradicional de construir. La principal desventaja es que requiere una relación entre tres partes: el Gobierno trabaja tanto con el diseñador como con el constructor, y estos también trabajan juntos. Esto aumenta la posibilidad de que surjan conflictos durante el proyecto, lo que a veces puede elevar los costes.
Un ejemplo del método de diseño-licitación-construcción es el proyecto del Departamento de Transporte de Virginia I-95/Telegraph Road Interchange, que consistió en construir 11 puentes nuevos y rampas elevadas de acceso a la autopista en Alexandria. La empresa de servicios profesionales Dewberry diseñó el proyecto —y recibió premios de ingeniería y elogios por evitar efectos negativos para los residentes y las empresas locales—, mientras que la empresa constructora independiente fue Corman Kokosing.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial para promover el desarrollo urbano sostenible?
Las ciudades son responsables del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y albergan a más de la mitad de la población mundial; esa proporción alcanzará los dos tercios en 2050. Si dan prioridad a las energías más limpias, las ciudades podrían contribuir a más de la mitad de las reducciones de emisiones necesarias para limitar el calentamiento global a menos de 2 °C, en consonancia con el Acuerdo de París.
Para lograr ciudades y comunidades con cero emisiones netas y positivas para la naturaleza de aquí a 2050, el Foro Económico Mundial colabora con partes interesadas de los sectores público y privado en iniciativas que impulsan la ambición mundial mediante acciones locales. Estas son algunas de ellas:
Alianza Davos Baukultur: Promueve la planificación, construcción y gestión de alta calidad de edificios, infraestructuras y espacios públicos mediante principios basados en la resiliencia climática, la sostenibilidad y la circularidad en el entorno construido. Más información.
Coalición Global para la Nueva Movilidad: Explora nuevas soluciones para reducir la congestión y las emisiones, mejorar la infraestructura para vehículos eléctricos y transformar la movilidad y los servicios de reparto urbanos. Más información.
Alianza para la Innovación Urbana: Conecta a innovadores y emprendedores con nuevos mercados y oportunidades que reinventan y transforman la calidad de vida y las economías locales. Más información.
Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20: Acelera soluciones inteligentes y prácticas para fortalecer la resiliencia climática, mejorar el bienestar público y abordar los desafíos más apremiantes de las ciudades y comunidades locales. Más información.
El futuro de los viajes y el turismo: Impulsa un crecimiento económico inclusivo y sostenible, preservando al mismo tiempo el patrimonio cultural y protegiendo los ecosistemas naturales. Más información..
Descubre cómo puedes formar parte de nuestros esfuerzos para crear ciudades y comunidades más sostenibles y habitables. Ponte en contacto con nosotros aquí.
En el proceso de contratación de diseño-construcción, los posibles contratistas presentan ofertas para diseñar y construir la infraestructura como un único paquete. La principal ventaja de este tipo de contrato es la relación directa entre el contratista y el Gobierno. El diseñador y la empresa constructora trabajan como un equipo de proyecto unificado, lo que puede reducir considerablemente el tiempo necesario para completarlo.
Sin embargo, el modelo de diseño-construcción también exige que el Gobierno tenga un alto nivel de conocimientos especializados para redactar las especificaciones de diseño y construcción, porque las decisiones deben tomarse al principio del proceso y los cambios pueden aumentar los costes.
Un ejemplo de la metodología de diseño-construcción es el proyecto de reemplazo del puente de la US 15 sobre Indian Field Swamp en el condado de Dorchester, Carolina del Sur.
En ambas modalidades de contratación de infraestructuras, el proceso suele ser competitivo entre los contratistas, y el Gobierno es propietario del puente, la carretera, la línea de transporte masivo u otro activo resultante, además de operarlo, financiarlo y mantenerlo.
Asociaciones público-privadas
La administración Biden también ha propuesto recurrir a otro tipo habitual de contratación para el gasto en infraestructuras: las asociaciones público-privadas.
Estas asociaciones reparten los costes de diseñar, construir, operar y mantener un proyecto entre una empresa privada y el Gobierno durante 25 o 30 años, hasta que finaliza el acuerdo. La empresa privada puede recibir parte o la totalidad de los ingresos que genere el proyecto durante ese periodo.
Supongamos que se necesita una nueva carretera de peaje. El Gobierno firma un contrato con una empresa privada para que diseñe, financie, construya, opere y mantenga la nueva autopista durante un periodo determinado. A cambio, la empresa privada recupera sus costes al recaudar los ingresos de los peajes.
El proyecto de carriles de peaje de alta ocupación de Capital Beltway en el condado de Fairfax, Virginia, también llamado proyecto 495 Express Lanes, es precisamente una asociación público-privada de este tipo. El organismo gubernamental es el Departamento de Transporte de Virginia, y el socio privado es una empresa creada específicamente para este proyecto, llamada Capital Beltway Express LLC.
Sus defensores sostienen que las asociaciones público-privadas pueden ayudar al Gobierno a proporcionar mejores infraestructuras sin aumentar la deuda pública.
Investigadores de políticas públicas de los Países Bajos también han descubierto que, al fomentar el desarrollo de la confianza y el compromiso entre los socios, las asociaciones público-privadas en infraestructuras pueden dar mejores resultados de muchas maneras, como con soluciones de diseño eficaces, menor impacto ambiental, costes más bajos y mejores relaciones y apoyo de las comunidades u organizaciones locales.
Pero también hay críticos. Expertos en políticas públicas han señalado que estas asociaciones quizá no permitan realmente ahorrar dinero a los gobiernos. Otros expertos han expresado su preocupación por que estos acuerdos cedan demasiado control público de las infraestructuras a las empresas privadas, que pueden velar con mayor interés por sus propios intereses financieros que por los del público.
Al incluir requisitos en los contratos públicos, el nuevo gasto en infraestructuras podría utilizarse para promover salarios justos, prestaciones de atención sanitaria y condiciones laborales justas para las personas empleadas por contratistas del Gobierno, así como para garantizar que los productos se adquieran de forma sostenible y ética. Este enfoque también puede servir para exigir bienes y servicios de producción local, apoyo a empresas propiedad de veteranos, minorías y mujeres, e impulsar la innovación, así como productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.
