Aunque durante la última semana la atención mundial sobre la migración se ha centrado, con razón, en el Mediterráneo, la migración también ha sido noticia en Sudáfrica, donde al menos siete personas han muerto en ataques xenófobos contra trabajadores migrantes durante el último mes.
Esta no es la primera vez que se ataca a ciudadanos extranjeros en Sudáfrica: en mayo de 2008 hubo una serie de ataques aún más mortífera que desplazó a cientos de miles de personas. Pero no es un problema exclusivo de Sudáfrica. Durante la última década, por ejemplo, los trabajadores migrantes también han sido objeto de violencia en Côte d’Ivoire. En Siria, los refugiados iraquíes han sido atacados y obligados a regresar a sus hogares. En otros casos, los trabajadores migrantes han sido desplazados de sus hogares por conflictos, en el Líbano y Libia, y por desastres naturales, en Tailandia.
Hoy hay unos 240 millones de migrantes en el mundo, alrededor de una de cada 33 personas del planeta. Y cada vez más se desplazan entre países del Sur Global, en lugar de hacerlo del Sur al Norte. Esto significa que más migrantes viven y trabajan en zonas más inestables.
Cuando se encuentran en situaciones de conflicto, violencia o desastre, los migrantes suelen necesitar aún más asistencia y protección que los ciudadanos del país. Es posible que no hablen el idioma local ni entiendan la cultura; que carezcan de seguridad laboral y de una red de protección social. Estas vulnerabilidades se agravan en el caso de los migrantes en situación irregular.
Sin embargo, no existe un marco internacional para proteger o asistir a los no ciudadanos en estas situaciones. Los derechos de los no ciudadanos afectados por crisis no están expresamente recogidos en las leyes, convenciones o normas vigentes. Los instrumentos que abarcan los desplazamientos no se ocupan de los no ciudadanos, mientras que los que se ocupan de los no ciudadanos no abordan los desplazamientos. Tampoco se ha asignado con claridad la responsabilidad de proteger y asistir a los no ciudadanos.
Se requieren siete medidas para mejorar las respuestas nacionales e internacionales:
Primero, se necesitan más investigaciones y una mejor recopilación de datos para determinar hasta qué punto los no ciudadanos afrontan vulnerabilidades específicas.
Segundo, cuando se elaboren o actualicen nuevas normas sobre derechos o desplazamiento, deben hacer referencia expresa a los derechos de los no ciudadanos y a las partes responsables.
Tercero, se debe alentar a más Estados a elaborar leyes y políticas nacionales sobre los derechos de las personas desplazadas internas, incluidos los no ciudadanos.
Cuarto, se necesita más capacidad en los nuevos países de destino de migrantes del Sur Global para protegerlos y asistirlos durante las crisis, desde establecer un marco de respuesta y asignar claramente las responsabilidades hasta consultar a las poblaciones afectadas.
Quinto, los países de origen con grandes poblaciones de trabajadores en el extranjero deben elaborar procedimientos operativos estándar para evacuarlos durante las crisis.
Sexto, las empresas que emplean a un número considerable de ciudadanos extranjeros deben elaborar procedimientos operativos estándar para proteger y evacuar a los trabajadores.
Por último, se debe planificar la contingencia a nivel bilateral y regional para garantizar una cooperación eficaz entre los Estados durante la evacuación de no ciudadanos de situaciones de crisis.
Autor: Khalid Koser es director ejecutivo del Global Community Engagement and Resilience Fund y miembro del Global Agenda Council on Migration
Imagen: Hombres extranjeros hacen fila para registrarse ante funcionarios de inmigración en un campamento para personas afectadas por la violencia contra inmigrantes en Isipingo, al sur de Durban, el 22 de abril de 2015. REUTERS/Rogan Ward
