Estados Unidos y Europa han reaccionado de forma desproporcionada ante unos pocos casos aislados del virus del ébola dentro de sus fronteras. Estas respuestas de pánico no solo son inútiles. Al violar principios científicos básicos, contravienen el criterio ético fundamental para emprender acciones obligatorias de salud pública. Y cuando se trata de proteger a los ciudadanos del ébola —por no hablar de prevenir futuras crisis sanitarias mundiales similares—, estas respuestas bien podrían ser contraproducentes.
Los ejemplos más flagrantes de extralimitación se han producido en Estados Unidos, donde la respuesta inicial incluyó un control reforzado de los viajeros procedentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Más preocupante aún, varios estados establecieron cuarentenas obligatorias de 21 días para los trabajadores sanitarios voluntarios que regresaban a Estados Unidos desde países afectados por el ébola. Por fortuna, la reacción política contra las órdenes de cuarentena llevó rápidamente a algunos gobernadores estatales a suavizarlas.
Es hora de que los países desarrollados reconozcan que la mejor manera de proteger a sus ciudadanos del ébola es ayudar a detener la propagación del virus en África occidental. Esto exige, ante todo, una respuesta de emergencia sostenida frente al ébola en los tres países más afectados. Tal respuesta debe contar con financiación adecuada (y considerable), médicos, enfermeros y trabajadores de salud comunitaria bien capacitados, y mayor capacidad local para el diagnóstico, el tratamiento, el rastreo de contactos y el aislamiento de las personas infectadas.
No hay tiempo que perder. De hecho, la falta de un liderazgo decidido ya ha retrasado demasiado una respuesta internacional eficaz al actual brote de ébola, lo que ha incrementado drásticamente los costos de la crisis.
Además de frenar la propagación del ébola, la comunidad internacional debe aplicar las lecciones de la crisis actual a posibles amenazas sanitarias futuras, desarrollando una respuesta creíble que dé prioridad a una actuación temprana, contundente y basada en evidencia. Para ello, deberían ponerse en marcha tres iniciativas clave.
En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud debería comprometerse a crear un fondo de contingencia para emergencias que pudiera destinar a ampliar la capacidad de respuesta tan pronto como declarara una «emergencia de salud pública de importancia internacional». Si se hubiera dispuesto de esa financiación para organizar una respuesta inicial contundente cuando surgió el ébola, la OMS habría tenido un fuerte incentivo para declarar oportunamente una emergencia internacional.
De hecho, en 2011 un comité de revisión de la OMS recomendó precisamente un fondo de este tipo, por un monto de al menos 100 millones de dólares. Aunque habría sido perfectamente asequible, pues representaba menos del 0,5 % de la asistencia internacional para la salud, la OMS no llegó a crearlo. La insensatez de esa decisión es ahora dolorosamente evidente, al igual que el hecho de que el fondo de contingencia debería ser considerablemente mayor: hasta 500 millones de dólares.
El segundo pilar de una estrategia eficaz de respuesta a las crisis es una reserva de personal para emergencias, establecida por la OMS en cooperación con los gobiernos nacionales, integrada por profesionales sanitarios bien capacitados y preparados para un despliegue rápido en entornos con pocos recursos. Esto proporcionaría a los países con sistemas de salud débiles —particularmente vulnerables a los brotes de enfermedades— los recursos humanos que necesitan para controlar rápidamente las crisis sanitarias.
Por supuesto, estas medidas no reducen la responsabilidad de los países de fortalecer sus sistemas de salud y proteger a sus poblaciones. Por eso, el último y más importante paso para prevenir futuras crisis sanitarias mundiales es crear un fondo internacional para los sistemas de salud que apoye los esfuerzos nacionales por adquirir la capacidad tanto de responder eficazmente a las emergencias como de prestar servicios de salud integrales en tiempos normales. Ese fondo encajaría en el marco del Reglamento Sanitario Internacional acordado en 2005 y promovería la causa de la cobertura sanitaria universal, basada en el principio de que todas las personas tienen derecho a la salud.
También se esperaría que los gobiernos asignaran fondos nacionales suficientes para alcanzar estos objetivos; por ejemplo, que los jefes de Estado africanos cumplieran el compromiso asumido en la Declaración de Abuya de 2001 de destinar al menos el 15 % de los presupuestos nacionales al sector de la salud. Sin embargo, para los países de bajos ingresos sería prácticamente imposible avanzar de forma significativa hacia la creación de sistemas de salud sólidos sin el apoyo de un fondo internacional sostenible.
Dado que la creación de un fondo de este tipo supondría una inversión masiva de varios miles de millones de dólares en los países de bajos ingresos, la movilización social es clave para generar el apoyo político necesario. En este sentido, la respuesta mundial al sida —impulsada por el Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para el Alivio del Sida y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria — podría servir de modelo útil.
Además de establecer una sólida infraestructura de atención sanitaria, los gobiernos nacionales deberán desarrollar sistemas de rendición de cuentas para prestar servicios de salud a sus poblaciones. Esto incluye la gestión justa y transparente de los recursos, salvaguardias contra la corrupción, herramientas para supervisar los avances, la participación de la sociedad civil y la rendición de cuentas por los fracasos.
Para promover estos objetivos, una coalición internacional impulsa una Convención Marco sobre Salud Mundial, destinada a fomentar la buena gobernanza en materia de salud a nivel local, nacional y mundial. El tratado, basado en el principio del derecho a la salud, establecería directrices claras para la asignación de fondos y otras responsabilidades.
La epidemia de ébola en África occidental debería impulsar un cambio de rumbo en la política sanitaria internacional y reforzar la necesidad de herramientas de respuesta rápida y una sólida infraestructura de atención sanitaria. Establecer marcos que proporcionen financiación escalable y sostenible para alcanzar estos objetivos es una inversión sensata y asequible, que beneficia a todos. Esta es una respuesta humanitaria que aportaría enormes beneficios en todo el mundo, ahora y en el futuro.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Lawrence O. Gostin, profesor de Derecho Global de la Salud y director académico del O’Neill Institute for National and Global Health Law, es director del Centro Colaborador de la OMS sobre Derecho de Salud Pública de la Universidad de Georgetown.
Imagen: Imagen: El médico de planta Thomas Klotzkowski y el médico de medicina tropical Florian Steiner (izquierda) se ponen trajes de protección en la estación de cuarentena para pacientes con enfermedades infecciosas del hospital Charité, en Berlín, el 11 de agosto de 2014. REUTERS/Thomas Peter.
