Quizás la mayor sorpresa de las elecciones de mitad de mandato fue que, a diferencia de 2016, no hubo ninguna. Las encuestas y los analistas esperaban que los demócratas se hicieran con el control de la Cámara de Representantes y que los republicanos mantuvieran el Senado, y eso es exactamente lo que estamos viendo.
El resultado probable: dos años de parálisis legislativa en materia de política económica, ya que requiere que ambas cámaras del Congreso acuerden la misma legislación. Por lo tanto, cabe esperar que el statu quo en política económica prevalezca en gran medida.
No obstante, hay dos cuestiones económicas en las que el resultado electoral marcará una diferencia significativa: el comercio y la infraestructura.
El TLCAN sigue vivo
Uno de los primeros asuntos que se tratarán en enero, tras la toma de posesión del nuevo Congreso, será el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
El acuerdo pretende sustituir al TLCAN, que el presidente Donald Trump ha amenazado con abandonar desde hace varios años. En realidad, el nuevo acuerdo no es más que una versión ligeramente modificada de su supuesto predecesor.
Pero antes de que pueda convertirse en ley del país, el Congreso debe ratificarlo, ya sea mediante el voto mayoritario de ambas cámaras o con dos tercios del Senado.
Las probabilidades del T-MEC ya eran lejos de estar garantizadas antes de que los demócratas se hicieran con la Cámara de Representantes. Ahora, es muy probable que fracase.
¿Qué ocurre entonces?
La respuesta sencilla es que no mucho. El TLCAN sigue en vigor. En última instancia, creo que eso es bueno para la economía estadounidense, porque el nuevo acuerdo probablemente desplazaría empleos del sector automovilístico a México.
Con un poco de suerte, la derrota del T-MEC también convencerá a Trump de que reconsidere su costosa guerra comercial.
Pero ¿qué pasa si intenta cumplir su amenaza de retirarse del TLCAN? Afortunadamente, la mayoría de los constitucionalistas afirman que no puede hacerlo de forma unilateral. Sin embargo, si pudiera, las consecuencias para la economía estadounidense serían graves.
Carreteras, puentes y bipartidismo
La infraestructura, por otro lado, ofrece una oportunidad poco frecuente para que los demócratas de la Cámara y Trump encuentren puntos en común.
Los signos de crisis en la infraestructura de Estados Unidos son inequívocos: trenes que descarrilan y sufren retrasos, carreteras en ruinas, puentes que se derrumban, agua del grifo no potable y un sistema de aguas residuales que supone una amenaza para la salud pública.
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles estimó que la infraestructura de Estados Unidos, calificada con una “D+”, cuesta a un hogar medio 3.400 US$ al año. También ha costado vidas, como ocurrió cuando un puente de Minnesota se derrumbó en 2007, matando a 13 personas.
En febrero, Trump propuso un fondo para invertir 1,5 billones de dólares en solucionar el problema de la infraestructura, con el Gobierno aportando 200.000 millones de dólares y el sector privado asumiendo el resto.
Mientras que los demócratas apoyan el gasto en infraestructura, el obstáculo del plan de Trump fue la disposición según la cual el sector privado sería, en la práctica, propietario de las carreteras y los puentes que construye.
Aunque es posible que los demócratas de la Cámara no respalden este plan, probablemente estarían dispuestos a apoyar algo que dependa principalmente del gasto federal. Y los republicanos también tienen motivos para sumarse: el gasto en infraestructura impulsaría el crecimiento económico, que se prevé que se ralentice en 2019, justo antes de las elecciones de 2020.
Aunque unos cientos de miles de millones de dólares en gasto no resolverán el problema de la infraestructura de Estados Unidos, sería un buen comienzo. Estimularía la economía y también haría la vida de todos más agradable y menos costosa, e incluso podría acabar con un poco de parálisis (el juego de palabras es intencionado).
