La intervención masiva durante 2020 ha revertido una tendencia, revitalizando de hecho el contrato social, al menos por ahora.
Pero el gasto público a gran escala que hemos visto durante el último año probablemente no sea sostenible a largo plazo.
Aprovechar la energía, la rapidez y la capacidad de innovación con que los gobiernos han intervenido durante la pandemia y centrarse en soluciones a problemas sociales de larga data podría ser una de las lecciones clave.
Durante el último año, desde el inicio de la crisis del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo, en colaboración con el sector privado en muchos países, han reforzado de manera masiva la red de seguridad económica para sus ciudadanos. Al desplegar paquetes fiscales por un total de más de 10 billones de dólares solo en los países del G-20, han protegido el empleo con salarios prácticamente completos (en Europa) y procurado proteger la renta disponible (en Estados Unidos), en un momento en que la economía en su conjunto se contraía bruscamente.
Las intervenciones han respaldado el acceso a bienes y servicios básicos y los han hecho más asequibles, por ejemplo, cubriendo los costos de atención sanitaria o limitando los aumentos de alquiler y concediendo aplazamientos en los pagos de hipotecas.
En conjunto, estas medidas de protección a las personas equivalen a un notable renacer de los aspectos económicos del contrato social, es decir, los acuerdos y expectativas que regulan cómo se comparten los riesgos y las ganancias entre las personas y las instituciones. Antes de la pandemia, MGI publicó investigaciones sobre los resultados económicos de las personas en sus funciones de trabajadores, consumidores y ahorradores. Destacaba cómo las instituciones tendían a retirarse en algunos ámbitos, como la protección del empleo o las pensiones garantizadas, lo que dejaba a las personas con más carga de sus propios resultados.
La intervención masiva durante 2020 ha revertido esa tendencia, reavivando de forma efectiva el contrato social, al menos por ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, gracias a las transferencias y a las medidas orientadas al consumo, la renta disponible real media creció un 8 % en los dos primeros trimestres de 2020, aunque el PIB real cayó un 10 %. En Europa, regímenes de conservación del empleo como Kurzarbeit en Alemania y chomage partiel en Francia han proporcionado a los empleados seguridad financiera para superar la crisis al proteger su situación laboral. Mientras que el PIB real disminuyó un 14 % entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, el sector público cubrió una gran proporción del déficit. El empleo quedó protegido y se redujo un 3 %.
En el conjunto de los países de la OCDE, 50 millones de trabajadores, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro, pudieron conservar sus empleos como resultado. Aunque algunos de estos regímenes pudieron haberse utilizado antes, su alcance durante la pandemia ha sido sin precedentes, con unos diez veces más trabajadores cubiertos ahora que durante la crisis financiera mundial de 2008.
Aunque algunos de estos regímenes pudieron haberse utilizado antes, su alcance durante la pandemia ha sido sin precedentes, con unos diez veces más trabajadores cubiertos ahora que durante la crisis financiera mundial de 2008.
Hoy llegan las vacunas, lo que anuncia un probable fin de la crisis sanitaria en el próximo año o así. Sin embargo, las cicatrices económicas pueden tardar más en sanar. Y la pregunta crítica para los responsables de políticas y los líderes empresariales es cómo garantizar que algunos de los beneficios positivos que la intervención de emergencia ha tenido en los resultados económicos de las personas puedan mantenerse en el futuro.
No será fácil, ya que el gasto a gran escala que hemos visto durante el último año probablemente no sea sostenible a largo plazo. En las 22 economías avanzadas que estudiamos, los gobiernos aumentaron el gasto fiscal como porcentaje del PIB en un promedio del 20 % en 2020 respecto a 2019.
Países como Estados Unidos y el Reino Unido, que solían gastar menos en el contrato social antes de la pandemia, incrementaron su gasto en una medida significativamente mayor que economías como Dinamarca, que previamente se contaban entre los de mayor gasto. Solo en 2020, se prevé que los gobiernos de la Unión Europea gasten unos 2.300 dólares adicionales por persona en comparación con 2019, mientras que en Estados Unidos el gasto por persona será más de 6.500 dólares superior.
La deuda se ha disparado como consecuencia. En promedio, se prevé que los 22 países de nuestra muestra incrementen su posición de deuda bruta en 16 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Mantener el nivel actual de gasto elevado y la intervención institucional es, por tanto, probablemente solo una opción a corto plazo para muchos.
Sin embargo, un retorno al contrato social tal como era antes de la COVID-19, es decir, un movimiento de péndulo en sentido contrario, no es un resultado deseable.
Un retorno al contrato social tal como era antes de la COVID-19, es decir, un movimiento de péndulo en sentido contrario, no es un resultado deseable.
Es posible que el fin de la crisis sanitaria dé paso a un nuevo período de rápido crecimiento económico y de productividad, impulsado por el dinamismo empresarial, la inversión, la tecnología y un enfoque continuo en la creación de empleo. Aun así, un escenario de este tipo podría reactivar las numerosas preguntas y reavivar las muchas vulnerabilidades que ya eran evidentes antes de que la pandemia azotara, y a las que el sector público y el privado por igual aún no han encontrado respuestas duraderas.
Además, muchos de los grupos económicamente más vulnerables antes de la pandemia —trabajadores de bajos ingresos, las generaciones más jóvenes, las mujeres y las minorías— fueron los más golpeados por las consecuencias económicas de la COVID-19 y probablemente necesitarán apoyo adicional para recuperar una situación económica estable en sus hogares.
Será importante extraer lecciones de la respuesta de 2020 a la pandemia y estudiar cómo introducir, al menos, algunas de las mejoras clave del contrato social como elementos duraderos. Incluso si el gasto público se reduce para hacerlo más sostenible, las intervenciones podrían orientarse mejor hacia los más vulnerables. Idealmente, el sector privado tendría un papel más sustancial y sistémico. Por ejemplo, permitir el suministro de bienes y servicios esenciales, como la vivienda y el cuidado infantil, a precios asequibles puede resultar más rentable para el contrato social que tratar de estabilizar los ingresos. Una infraestructura financiera adecuada, que incluya identificación digital, canales de pago y datos, también ayudaría a dirigirse a los grupos más vulnerables, reducir el fraude y mejorar la eficiencia de los programas de apoyo.
Todos tenemos mucho que aprender de esta pandemia. Aprovechar la energía, la rapidez y la capacidad de innovación con que los gobiernos intervinieron y centrarlas en soluciones a problemas sociales de larga data podría ser una de las lecciones clave.
