Las autoridades fiscales se están convirtiendo rápidamente en los centros de datos del gobierno, con todos los riesgos y responsabilidades asociados.
Pueden utilizar capacidades digitales mejoradas para mejorar la experiencia del contribuyente y aumentar el cumplimiento.
Los ricos datos tributarios pueden aportar información para mejorar la administración pública y la toma de decisiones.
¿Cree que 2021 es el año de la reimaginación? Yo sí, ya sea como resultado de una decisión empresarial estratégica, de un plan de recuperación para salir de la pandemia de COVID-19 o como reacción a un mundo que ha cambiado a nuestro alrededor, de forma inmensa e irreversible, durante el último año.
Basta con fijarse en la iniciativa Davos 2021 Great Reset Initiative del Foro Económico Mundial (FEM) para comprobar la importancia de un mundo que se une para respaldar nuevas formas de trabajo, con modelos operativos y estrategias diseñados para impulsar la recuperación económica.
Las infraestructuras empresariales más resilientes pueden contener las dificultades económicas. Un plan sólido, pero muy flexible, que permita a las empresas aprovechar al máximo las tecnologías nuevas y emergentes posibilitará el trabajo remoto y por proyectos, y fomentará conexiones con clientes nuevas y diferentes.
Probablemente, más que en cualquier otro momento de al menos las últimas cuatro décadas, estamos viendo el uso ampliado de un mecanismo inesperado para respaldar este cambio y, al mismo tiempo, sustentar la confianza y generar valor a largo plazo. ¿Cuál es ese mecanismo? Los impuestos.
Las autoridades fiscales como responsables de la distribución de los billones de dólares de estímulo público;
los profesionales fiscales como administradores de ese estímulo a nivel empresarial;
la administración tributaria como almacén de datos del gobierno;
los responsables de la formulación de políticas fiscales como artífices de nuevos tipos de impuestos, desgravaciones e incentivos, desde soluciones sociales altruistas que abordan las condiciones humanas y ambientales, hasta mecanismos de control orientados a la recaudación impulsados por una digitalización casi universal;
y los dólares de los contribuyentes derivados de metodologías innovadoras de evaluación y recaudación, de la creciente economía de los trabajos por encargo y de autoridades fiscales digitales cada vez más sofisticadas.
A medida que el ecosistema fiscal sigue evolucionando, las autoridades fiscales no solo experimentan cambios sustanciales, sino que también los impulsan. Se están convirtiendo rápidamente en los centros de datos del gobierno, con todos los riesgos, responsabilidades y oportunidades asociados. Con ello, los gobiernos de todo el mundo están exigiendo a sus respectivas autoridades fiscales que reinventen su forma de operar.
Si bien la primera oleada de cambios comenzó hace varios años con el crecimiento de la economía digital, la respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia ha acelerado sin duda este proceso y ampliado el alcance de la responsabilidad y el papel de la fiscalidad.
Durante cada etapa de la pandemia, las autoridades fiscales y las políticas tributarias han sido fundamentales para ayudar a todos los contribuyentes: personas físicas, empresas y organizaciones. Ha sido necesario un gasto público sin precedentes para estimular la recuperación de la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, esto ha supuesto 28 billones de dólares en estímulos financieros emitidos por más de 140 jurisdicciones de todo el mundo, más de tres veces la cantidad de deuda generada por la crisis financiera mundial y aproximadamente igual al PIB nominal anual combinado de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.
Así, además de su función tradicional, las autoridades fiscales se convirtieron en los árbitros de facto del estímulo y en distribuidoras de alivio económico en sus diversas formas – una evolución natural para convertirse en la interfaz clave entre el gobierno y los ciudadanos, especialmente en el contexto de economías en rápida transformación y de las nuevas fuentes de datos, herramientas digitales y análisis avanzados presentes en el perfil en rápida expansión de la administración tributaria.
Con el tiempo, los gobiernos buscarán equilibrar los déficits presupuestarios y los impuestos aumentarán inevitablemente, pero la sincronización cuidadosa de esos incrementos será crucial si los gobiernos quieren impulsar el crecimiento. De cara a 2021, esperamos que la pandemia de COVID-19 siga acelerando la transformación de la economía mundial. Ahora bien, a pesar del dilema al que se enfrentan los responsables políticos sobre cuándo pasar del apoyo de estímulo a las medidas de recaudación de ingresos, las autoridades fiscales pueden utilizar estas capacidades digitales mejoradas para mejorar la experiencia del contribuyente, aumentar el cumplimiento y potenciar la excelencia operativa.
Un objetivo inmediato es hacer que a los contribuyentes les resulte más sencillo y eficiente identificar y pagar exactamente lo que deben, ni más ni menos. Con los nuevos sistemas digitales, los servicios gubernamentales son más accesibles, se comunican mejor y se implantan y utilizan con mayor rapidez. Y, dado que los gobiernos pierden colectivamente 3 billones de dólares al año por fraude fiscal, aplicar nuevas tecnologías, inteligencia artificial (IA) innovadora y sistemas de datos para identificar patrones clave de datos en el comercio que indiquen actividad fraudulenta supone un beneficio real. Cerrar esta brecha sería un paso significativo para reducir la brecha de ingresos, lo que podría respaldar la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo.
“El Gran Reinicio” planteado por el Foro Económico Mundial pide abordar “las incoherencias, deficiencias y contradicciones de múltiples sistemas”, incluidos los del gobierno. Con sus mayores funciones y los datos a nivel de contribuyente y de transacción, las autoridades fiscales tienen la oportunidad de centrarse mucho más en el ciudadano y de velar por que todas las decisiones se basen en hechos y se guíen por datos. Esto debería contribuir en gran medida a mejorar la experiencia del ciudadano en todo lo relacionado con la fiscalidad.
El ecosistema de este lado de la valla está estructurado para ayudar a las autoridades fiscales a cumplir las promesas de los gobiernos. Con las innovaciones de los últimos años, ya sea mediante mejoras en la identidad digital que proporcionan a los contribuyentes acceso instantáneo y móvil a su huella gubernamental, cajas registradoras electrónicas que envían datos de ventas en tiempo real a las administraciones tributarias, o el intercambio de datos que genera declaraciones de impuestos prerrellenadas, las administraciones tributarias ya han avanzado de forma significativa en su objetivo principal.
Aún quedan mayores beneficios. Cuando los gobiernos aprovechan los ricos datos tributarios para beneficiar a otros organismos, como los de justicia, bienestar social, medio ambiente y otros, pueden aportar información más profunda para mejorar la administración pública y la toma de decisiones, lo que conduce a resultados más positivos en la formulación de políticas, la detección del fraude y la determinación de prestaciones sociales.
Este ecosistema fiscal mejorado puede fomentar mejores relaciones entre las autoridades fiscales, los responsables de la formulación de políticas fiscales y los ciudadanos contribuyentes. El único criterio no negociable es que se construya sobre una base de transparencia, rendición de cuentas y confianza que respete la importancia de la protección de datos y la privacidad para sustentar el futuro digital.
¿Qué significa exactamente esto en la práctica? Ahí es donde empieza el debate.
Las opiniones reflejadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la organización global EY ni de sus firmas miembros.
