Combatir eficazmente la ciberdelincuencia requiere la colaboración entre los sectores público y privado.
Ambas partes tienen un interés genuino en reforzar la cooperación.
Una alianza mundial podría aportar la escala necesaria para abordar este problema.
La ciberdelincuencia es uno de los mayores riesgos para la prosperidad en la Cuarta Revolución Industrial. Las actividades cibernéticas de los Estados suelen acaparar la mayor parte de la atención internacional, pero, de hecho, los ciberdelincuentes son responsables de la mayoría de las actividades cibernéticas maliciosas: alrededor del 80 %, según algunas estimaciones. Además de los daños directos, que se estima que costarán a la economía mundial 6 billones de dólares (o el 6,3 %) para 2021, la ciberdelincuencia constituye un obstáculo colosal para la confianza digital. Socava drásticamente los beneficios del ciberespacio y dificulta los esfuerzos internacionales por lograr la estabilidad cibernética.
En respuesta, la comunidad internacional ha adoptado medidas encomiables para reforzar las capacidades nacionales de aplicación de la ley y facilitar la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia. Entre los principales resultados de estos esfuerzos figuran el Programa Mundial contra la Ciberdelincuencia y el Centro de Innovación de INTERPOL en Singapur, el Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia de Europol y el Grupo de Acción Conjunta contra la Ciberdelincuencia; también destacan diálogos internacionales sobre políticas, como el Grupo de Expertos Intergubernamentales de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre Ciberdelincuencia y el Convenio de Budapest del Consejo de Europa.
Sin embargo, los esfuerzos convencionales de justicia penal entre gobiernos están demostrando ser demasiado limitados para afrontar el desafío. Informes recientes destacan una «brecha de aplicación de la ley asombrosa» en materia de ciberdelincuencia y señalan que incluso en EE. UU. se estima que la probabilidad de lograr una condena por ciberdelincuencia es del 0,05 %, muy por debajo de la tasa del 46 % para los delitos violentos.
No es posible frenar sistemáticamente la ciberdelincuencia sin abordar el origen de la actividad delictiva cibernética, reducir los beneficios y hacer que el riesgo de ser procesados sea real para los delincuentes. Dado que los esfuerzos gubernamentales por sí solos resultan insuficientes, los enfoques eficaces requieren la convergencia de esfuerzos y recursos transnacionales de los sectores público y privado. Hasta la fecha, la cooperación gubernamental con actores del sector privado, tanto a escala local como mundial, ha sido fragmentaria. Los ciberdelincuentes explotan estas brechas para actuar con casi total impunidad. Debemos cerrarlas.
Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en materia de ciberseguridad
El Centro de Ciberseguridad ofrece una plataforma de confianza donde los líderes se reúnen para comprender los riesgos cibernéticos emergentes y sus implicaciones sistémicas. Se centra en fomentar la comprensión y la confianza en un mundo digital cada vez más interconectado.
Al facilitar la colaboración intersectorial y el intercambio de conocimientos, el Centro ayuda a sus socios a reforzar la resiliencia cibernética y afrontar desafíos que requieren respuestas colectivas.
La cooperación entre los sectores público y privado es el camino a seguir
Tradicionalmente, los organismos encargados de hacer cumplir la ley (LEA, por sus siglas en inglés) gestionan todo el proceso de justicia penal: responden a los incidentes, investigan los delitos y procesan a los responsables. En el ámbito de la ciberdelincuencia, el sector privado desempeña un papel fundamental por diversos motivos.
Prevenir e investigar incidentes cibernéticos requiere importantes conocimientos y capacidades técnicas. Los LEA se han quedado rezagados respecto del sector privado en el desarrollo de estas competencias o carecen de los recursos necesarios en la misma escala que las organizaciones del sector privado.
Los incidentes de ciberdelincuencia suelen provocar el robo de datos personales o la interrupción del servicio al cliente, lo que puede constituir un delito o dar lugar a medidas regulatorias en muchos países. Hay varios motivos por los que las empresas víctimas de ataques quizá no quieran denunciar la ciberdelincuencia ante las autoridades y, en su lugar, recurran al sector privado.
La jurisdicción en las investigaciones de ciberdelincuencia suele ser poco clara. En el mundo físico, un delito ocurre en un lugar donde los delincuentes están presentes, pero en el ciberespacio pueden vivir en un país, cometer delitos en otro y dejar pruebas en un tercero. En estos casos, los organismos gubernamentales a menudo carecen de jurisdicción para investigar todos los aspectos de los delitos cometidos en línea, mientras que las empresas privadas con operaciones mundiales suelen actuar a través de las fronteras nacionales. Además, los ciberdelincuentes abusan de infraestructuras de propiedad privada para cometer sus delitos. Por lo tanto, el sector privado puede prestar una ayuda considerable para combatir las actividades delictivas.
Al mismo tiempo, el sector privado no puede sustituir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Las empresas privadas pueden prevenir, investigar y mitigar las actividades delictivas, pero no pueden imponer sanciones a los actores maliciosos. Solo los LEA tienen el mandato de arrestar, procesar y adoptar otras medidas apropiadas contra los ciberdelincuentes. En este nuevo contexto, la única vía es permitir una colaboración operativa más sólida entre los sectores público y privado para que ambas partes puedan aprovechar plenamente todas las herramientas y jurisdicciones necesarias para reducir eficazmente la ciberdelincuencia.
El poder de la alianza…
En la Reunión Anual sobre Ciberseguridad del Foro Económico Mundial celebrada en Ginebra en noviembre de 2019, líderes de los sectores público y privado analizaron cómo afrontar los nuevos desafíos que plantea la ciberdelincuencia. Aunque reconocieron los importantes esfuerzos realizados por los actores de ambos sectores, el debate también puso de relieve varios obstáculos a la cooperación.
Entre ellos figuran los desafíos legales y de privacidad, las diferencias culturales, la falta de normas comunes para recopilar pruebas y el temor a perder ventajas competitivas. La falta de marcos o normas claros para la cooperación entre los sectores público y privado podría generar confusión respecto de las funciones, las responsabilidades y el propósito de la colaboración. Las preocupaciones por la responsabilidad legal y las normas antimonopolio podrían añadir otra capa de complejidad. Estos asuntos aún sin resolver agravan las dificultades para poner en marcha una colaboración eficaz.
Al mismo tiempo, existe un interés genuino en intensificar esta cooperación tanto en el sector público como en el privado. INTERPOL, Europol y varios LEA nacionales han redoblado sus esfuerzos por establecer alianzas con el sector privado. Otro enfoque prometedor consiste en reunir a distintas partes interesadas en un marco conjunto de cooperación en torno a un objetivo compartido, como hacen Cyber Threat Alliance, Cyber Defence Alliance y Global Cyber Alliance.
Aplicar este enfoque a una escala mucho mayor mediante la creación de una alianza mundial entre los sectores público y privado contra la ciberdelincuencia podría alcanzar un nivel de cooperación capaz de responder a las necesidades actuales y crecientes. Una alianza podría facilitar la cooperación mediante la creación y la innovación de mecanismos para superar obstáculos y, al mismo tiempo, promover una agenda común.
Una alianza mundial podría aprovechar la plataforma que ofrece el Foro Económico Mundial, en colaboración con INTERPOL, Cyber Threat Alliance y otros actores destacados, para proporcionar un entorno neutral e imparcial que fomente la cooperación entre los sectores público y privado en las investigaciones cibernéticas. Entre sus socios habría empresas de ciberseguridad, tecnológicas y proveedoras de servicios, así como corporaciones internacionales, LEA, equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, organizaciones internacionales, comunidades de intercambio de información, alianzas orientadas a la acción y otros grupos sin ánimo de lucro. La alianza complementaría y reforzaría las asociaciones existentes, sin sustituirlas ni duplicar los esfuerzos en curso.
El primer paso consiste en definir los principios de una colaboración operativa óptima entre los sectores público y privado en las investigaciones sobre ciberdelincuencia, y describir «cómo se ve una buena colaboración». A continuación, habría que promover la aplicación de las prácticas y los mecanismos necesarios —incluidos conceptos operativos y herramientas tecnológicas— para facilitar y apoyar la cooperación multilateral. Igual de importante es que presentemos un frente unido, que inspire esperanza y un enfoque colaborativo por un lado, y temor y contención en el ámbito delictivo por otro.
…con rapidez y a gran escala
¿Sorprende la necesidad de nuevos enfoques para combatir la ciberdelincuencia? Las políticas, las leyes y los comportamientos en el mundo físico se han desarrollado durante siglos; el ciberespacio apenas tiene 50 años. Como red mundial que evoluciona a una velocidad vertiginosa, el ciberespacio funciona en una dimensión distinta de la del mundo físico. Las políticas, las leyes, las instituciones, las normas y los marcos deben adaptarse eficazmente a este entorno cambiante y abordarlo. Podemos optar por crear una alianza mundial entre los sectores público y privado para combatir la ciberdelincuencia de forma conjunta y eficaz. El momento de hacerlo es ahora.
