La transición del carbón a las energías renovables debe ser una prioridad si queremos alcanzar las reducciones de emisiones que necesitamos.
Fuera de Europa y de Estados Unidos, sin embargo, el carbón sigue dominando la producción de energía.
Los mecanismos de transición energética podrían ser una forma de acelerar el cambio hacia las energías renovables en el mundo en desarrollo. Así es como funcionarían.
Al iniciar 2021, un número creciente de países anuncia objetivos de cero emisiones netas. Este es un conjunto de propósitos de Año Nuevo muy bienvenido. Pero, como ocurre con nuestros compromisos personales de ponernos en forma y perder peso, la experiencia demuestra que la mayoría de los propósitos fracasarán, a menos que vayan acompañados de acciones y objetivos a corto plazo.
Esto es igualmente cierto para los objetivos climáticos. Al igual que retrasar el inicio de una dieta, cada día que superamos la capacidad de la Tierra para absorber CO2 aumenta las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y exige recortes aún más profundos en los años siguientes para mantener el calentamiento por debajo de 1.5°C o 2°C.
La figura 1 (abajo) muestra las implicaciones del retraso en el inicio de las reducciones de GEI. La línea morada muestra las reducciones graduales proyectadas en el Primer Informe de Evaluación del IPCC (1990) para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C. Pero el retraso en la acción y el exceso de emisiones reales durante las últimas dos décadas significan que el mundo debe ahora realizar recortes más profundos y rápidos, de alrededor del 2.7% anual hasta 2100. Puesto en contexto: se prevé que la COVID-19 provoque que las emisiones de GEI bajen un 4.6% en 2020. Esto significa que alcanzar el escenario de 2°C requerirá reducciones de emisiones equivalentes a aproximadamente una pandemia de COVID-19 cada dos años hasta 2100, pero sin las pérdidas humanas y económicas asociadas.
Para evitar quedarse más atrás, los líderes deben combinar los compromisos a largo plazo de cero emisiones netas con objetivos a corto plazo de reducciones alcanzables con tecnologías ya probadas, y ganar tiempo hasta que estrategias a más largo plazo, como el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono o la captura directa del aire, demuestren ser económicas y escalables. Afortunadamente, existe una gran oportunidad que puede implementarse de forma económica y a gran escala con la tecnología existente ahora, y sobre la que hay un amplio consenso: acelerar la transición alejada del carbón.
Los objetivos de calentamiento de 1.5°C del IPCC reconocen el papel clave de la reducción de la electricidad generada con carbón. Piden reducir del 36% de la generación actual al 9% para 2030 y prácticamente al 0% para 2050, y sustituirla por energías renovables. Esta transición está muy avanzada en Estados Unidos y Europa, pero en el mundo en desarrollo, donde la demanda energética está creciendo, la brecha entre la electricidad de carbón y las renovables apenas se está cerrando (véase la figura 2, abajo).
La COP26 de Glasgow de este año debe ir más allá de las promesas vagas e incluir propuestas concretas para medidas a gran escala que aceleren la transición energética, especialmente para los países de bajos ingresos que dependen del carbón. En muchos países en desarrollo (véase la figura 3, abajo) el carbón sigue dominando y el cambio en la combinación energética ha sido lento como mucho. Sabemos por la experiencia de países europeos, como Alemania, que puede ser un desafío de varias décadas ganarse a las distintas partes interesadas para acelerar la retirada de activos energéticos intensivos en carbono y aumentar la demanda de energía renovable. Para animar a los países en desarrollo a alejarse de la electricidad de carbón en la próxima década se requerirá un esfuerzo unificado y masivo para financiar, equipar y posibilitar la transición energética. Para que sea políticamente viable, deberá incluir recursos financieros que permitan una transición justa para los trabajadores y las comunidades locales, así como una compensación justa para los propietarios por el valor de las instalaciones de energía que deban cerrarse, de acuerdo con el Estado de derecho.
Un mecanismo de transición energética
Los expertos han propuesto ideas para acelerar la transición energética. El Rocky Mountain Institute ha propuesto un plan de refinanciación que podría generar ahorros financieros netos de más de 100 000 millones de dólares para 2025. Un informe de IEEFA sugiere que reconvertir las centrales de carbón en instalaciones solares y de baterías en India podría ser más rentable que desmantelarlas. Estas y otras ideas se beneficiarían de proyectos piloto a gran escala en países en desarrollo para demostrar su viabilidad y, de este modo, aliviar las preocupaciones de las partes interesadas locales, allanando el camino para despliegues aún mayores que aborden de frente el desafío del cambio climático.
Para ayudar a financiar ideas como las anteriores, los líderes de los gobiernos, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) y el sector financiero deberían considerar la creación de mecanismos de transición energética de la COP26 (ETM): grandes asociaciones público-privadas que permitirían a los países eliminar barreras políticas y socioeconómicas, crear empleos sostenibles para apoyar una recuperación verde tras la COVID-19 y avanzar mucho más rápido para lograr una transición energética justa (véase la figura 4, abajo).
Un ETM se formaría para un país específico a fin de ser eficaz y basarse en las necesidades energéticas de ese país y en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Estaría compuesto por dos instalaciones financieras complementarias: una instalación de reducción de carbono (CRF) y una instalación de energía limpia (CEF). Los propietarios actuales acuerdan transferir sus activos energéticos intensivos en carbono al CRF a cambio de efectivo y, posiblemente, de una participación en el capital del ETM. Se espera que esos propietarios de activos de servicios públicos, que en muchos casos son empresas eléctricas de propiedad estatal, inviertan el efectivo recibido en energía renovable, mejoras de la red, etc., y en una transición justa para los trabajadores y las comunidades locales. Los activos de energía de carbón seguirían funcionando durante un período acordado más corto que la vida útil prevista actual, pero lo bastante largo para reembolsar a los inversores o prestamistas del ETM.
Paralelamente, el CEF colabora con las autoridades nacionales y el sector eléctrico para aumentar la capacidad y el almacenamiento de energía renovable. A medida que la energía renovable se expande, el ETM retira los activos del CRF.
La economía y la velocidad de la transición variarán, ya que cada país tiene un conjunto diferente de desafíos. Ahora es el momento perfecto para que los líderes consideren iniciativas audaces como el eTM, dada la mejora notable de la economía de la energía eólica y solar y los tipos de interés globales en mínimos históricos e incluso negativos. Los modelos financieros sugieren que, con financiación de bajo coste, un gran porcentaje de la electricidad existente generada con carbón podría sustituirse en 10-15 años de forma económicamente asequible, sin esperar a avances tecnológicos. El ETM puede acelerar la demanda de energías renovables entre 2 y 3 veces (véase la figura 5, abajo).
Lo que se necesita con urgencia ahora es que los expertos y las IFD preparen el terreno para demostrar que el ETM y otros mecanismos similares de transición energética son viables y pueden funcionar a gran escala (nacional, por ejemplo). Al hacerlo, la COP26 puede allanar el camino para que los países en desarrollo (y sus autoridades energéticas y climáticas) logren avances reales en la sustitución de la energía generada con carbón, sin comprometer la disponibilidad, el acceso o la seguridad energéticos. Solo acelerando esta transición podremos pasar las energías renovables del margen a la corriente principal y evitar que se superen aún más los objetivos climáticos.
Donald P. Kanak es presidente de Prudential Insurance Growth Markets, copresidente del Grupo Directivo de la Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub y miembro sénior del Programa de Sistemas Financieros Internacionales, afiliado a la Facultad de Derecho de Harvard.
