La Ley de Servicios Digitales pretende establecer normas más claras y homogéneas para los contenidos digitales.
Las empresas tendrán que contemplar la retirada de contenidos y adoptar un enfoque proactivo y transparente en la moderación.
Con la aplicación en toda Europa, las empresas deben asegurarse de contar con los sistemas y procesos adecuados.
La gobernanza de las plataformas ha estado en el centro de atención del mundo tecnológico y de los medios de comunicación recientemente, dado el aumento de el ciberacoso, el discurso de odio y otros daños en línea. Con el reciente abandono, por parte del Reino Unido, de la expresión «legal pero perjudicial» como cláusula de su Online Safety Bill, ¿muchos se preguntan cómo evolucionará la nueva regulación en todo el mundo para afectar a la seguridad digital? La Ley de Servicios Digitales (DSA) es de especial interés.
Con el espíritu de «lo que es ilegal fuera de línea debe serlo también en línea», la DSA pretende establecer normas más claras y homogéneas para los proveedores de servicios digitales grandes y pequeños del mercado europeo. En particular, la DSA regulará la forma en que las plataformas moderan contenidos, realizan publicidad y utilizan algoritmos para los sistemas de recomendación. Esto se aplicará no solo a las grandes plataformas, sino también a las pequeñas empresas, en mercados en línea, redes sociales, tiendas de aplicaciones, plataformas de viajes y alojamiento, y otras muchas.
Preparación para la aplicación de la Ley de Servicios Digitales
Actualmente, hay más de 10.000 plataformas en la UE, el 90 % de las cuales son pequeñas y medianas empresas. Pero con 27 conjuntos diferentes de normas nacionales, el coste del cumplimiento podría resultar prohibitivo para las pequeñas empresas. La DSA pretende garantizar que las pequeñas plataformas en línea no se vean afectadas de forma desproporcionada, pero que sigan siendo responsables. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos que las empresas pueden necesitar considerar al prepararse para la aplicación de la Ley de Servicios Digitales? A continuación, se indican algunos aspectos que conviene tener en cuenta:
Retirada de contenidos
La Ley de Servicios Digitales armoniza el proceso mediante el cual se notifica a las plataformas y estas deben tomar medidas posteriores sobre los contenidos ilegales. Más concretamente, una vez notificadas por los alertadores fiables, las plataformas deberán retirar los contenidos ilegales ‘sin demora’. La DSA también estipula que los usuarios son informados sobre la retirada de contenidos por parte de las plataformas y pueden impugnarla, y que disponen de mecanismos de resolución de litigios en su propio país.
Si bien la Ley de Servicios Digitales no establece plazos específicos para la retirada de contenidos, las empresas deben estar preparadas para una retirada rápida y disponer de los procesos y la capacidad adecuados para actuar a partir de las notificaciones de los alertadores fiables. Además, si las plataformas no están proporcionando actualmente explicaciones a los usuarios sobre sus decisiones de retirada, este proceso deberá implantarse de forma generalizada.
Se requiere información específica en esta explicación como si la medida implica la retirada o la desmonetización, si la medida se adoptó en respuesta a una notificación presentada o a partir de investigaciones voluntarias por iniciativa propia, si se utilizó automatización en la decisión, una referencia a la base jurídica del contenido ilegal o a la norma comunitaria por infracción de una política, y los mecanismos de recurso disponibles para el usuario.
Proactividad
La Ley de Servicios Digitales deja claro que las plataformas y otros intermediarios no son responsables de las conductas ilícitas de los usuarios, a menos que tengan conocimiento de actos ilegales y no los retiren. Esta exención de responsabilidad jurídica pretende animar a las empresas a ser más proactivas en la moderación de los contenidos de sus plataformas. Solo si el contenido notificado es manifiesta y evidentemente ilegal puede dar lugar a notificaciones de «conocimiento efectivo». Según el texto de la Ley de Servicios Digitales (sección 63), «Debe considerarse que la información es contenido manifiestamente ilegal, y que las notificaciones o reclamaciones deben considerarse manifiestamente infundadas, cuando resulte evidente para una persona sin conocimientos especializados, sin ningún análisis sustantivo, que el contenido es ilegal o, respectivamente, que las notificaciones o reclamaciones son infundadas.»
Esto ayuda a resolver los posibles desincentivos en torno a las medidas voluntarias adoptadas por las pequeñas plataformas; la Ley de Servicios Digitales refuerza que las plataformas diligentes no son responsables de los contenidos ilegales que detecten por sí mismas. Las pequeñas plataformas pueden ahora utilizar esto como medio para invertir más en prácticas sólidas de moderación de contenidos que pueden servir como elemento diferenciador en el mercado, sin preocuparse por posibles implicaciones jurídicas.
Notificación y actuación
La Ley de Servicios Digitales subraya la necesidad de un mecanismo de notificación y actuación, que abarque la creación de un sistema de reclamaciones y la forma en que se tramitan. Las notificaciones que señalen contenidos presuntamente ilegales deben ser suficientemente precisas (sección 22); esto significa que los prestadores deben poder determinar la ilegalidad sin necesidad de un análisis sustantivo ni de una revisión jurídica.
Al actuar sobre estas notificaciones, las plataformas deben garantizar que las respuestas sean específicas para que se respeten los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, y otros recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La Ley de Servicios Digitales también prevé medidas contra el uso indebido, que permiten a las plataformas en línea suspender potencialmente a las personas que hagan un uso indebido del mecanismo de notificación y actuación o de los sistemas de tramitación de reclamaciones, siempre que la decisión de suspender se evalúe caso por caso.
Transparencia y diligencia debida
La mayor transparencia es un tema que recorre toda la Ley de Servicios Digitales. Ya se trate de una mayor transparencia sobre cómo denunciar contenidos ilegales, de las explicaciones sobre la retirada de contenidos, de las condiciones generales de las plataformas, del papel de los algoritmos en la recomendación de contenidos, y mucho más.
Las empresas deberán ser exhaustivas, sistemáticas y diligentes en sus esfuerzos de transparencia relacionados con la moderación de contenidos y con las decisiones que se tomen al respecto. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tienen la obligación de notificar a las autoridades policiales cualquier sospecha de que se haya cometido o pueda cometerse un delito que implique una amenaza para la vida o la seguridad de una o varias personas. Desde la perspectiva del comercio electrónico, puede exigirse a los mercados en línea que identifiquen a sus comerciantes conforme al principio “conozca a su cliente comercial” y cualquier patrón oscuro con el fin de localizar mejor a los vendedores de bienes ilegales o a quienes se dedican a prácticas manipuladoras. Desde la perspectiva publicitaria, se exige una mayor transparencia en la segmentación de anuncios (quién patrocinó el anuncio, cómo y por qué se dirige a un usuario), así como la prohibición de determinados anuncios segmentados. Además, deberá facilitarse información clara sobre por qué se recomienda contenido a los usuarios.
Estos son solo algunos de los aspectos que las empresas deben tener en cuenta al plantearse su estrategia de confianza y seguridad de cara a la Ley de Servicios Digitales. La Comisión Europea ha publicado aquí un resumen de todas las nuevas obligaciones y de los destinatarios a los que se aplican.
¿Cómo se aplicará la DSA y qué significa para los prestadores de servicios digitales?
Como reglamento de la UE, la Ley de Servicios Digitales es directamente aplicable en todos los Estados miembros; la aplicación corresponderá a los reguladores nacionales y a la Comisión Europea. Tal como el comisario Thierry Breton expuso en su avance sobre la aplicación de la nueva legislación, la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología desempeñará un papel clave en la aplicación, con control sobre las obligaciones de diligencia debida, incluidas las evaluaciones de riesgos, las auditorías independientes y el acceso a los datos, entre otros ámbitos.
¿Qué hace el Foro para mejorar la seguridad en línea?
Cada Estado miembro de la UE asignará a una autoridad nacional la función de Coordinador de Servicios Digitales (DSC), que será responsable de todas las cuestiones relacionadas con la supervisión y la aplicación de la Ley de Servicios Digitales a escala nacional. Muchos países están encargando a los reguladores audiovisuales existentes que desempeñen la función de DSC, pero también estudian asignar tareas específicas a los reguladores de comunicaciones electrónicas, a las autoridades de protección del consumidor u otros organismos pertinentes.
Dado que se espera que la aplicación sea uniforme y se haga cumplir de igual manera en toda Europa, las empresas deben tomar ya medidas para comprender en detalle los requisitos y reforzar las capacidades de confianza y seguridad necesarias para cumplirlos. Pero el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales servirá como nuevo nivel mínimo de seguridad, y las empresas deberán pensar aún de forma más proactiva en sus políticas de plataforma, su aplicación, el uso de la automatización frente a las personas y los mecanismos de retroalimentación en circuito cerrado para anticiparse a los nuevos riesgos que se avecinan.
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