Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, actualmente hay más de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo.
Colombia dio ejemplo con su programa PEP, que concedió permisos de trabajo a miles de refugiados venezolanos.
La investigación y los datos sólidos son vitales para orientar la formulación de políticas basadas en evidencia sobre el desplazamiento forzado y pueden ser de gran ayuda para hacer frente a la actual crisis de Ucrania.
Mientras continúa el conflicto en Ucrania, el mundo presencia otra emergencia de refugiados. Millones de ucranianos huyen de sus hogares para solicitar asilo en otros países europeos. Pero ¿cómo harán estos países frente a esta considerable afluencia de personas desplazadas, desproporcionada para algunos? ¿Qué lecciones pueden extraer quienes toman decisiones de contextos similares para orientar sus respuestas políticas? ¿Y qué elementos deberían influir en estas políticas y darles forma?
En los últimos años, más de seis millones de refugiados y migrantes han salido de Venezuela para escapar de las crecientes crisis políticas y económicas del país. Como era de esperar, la mayoría son familias con niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad, que afrontan arduos viajes en busca de nuevos hogares donde puedan reconstruir sus vidas en condiciones seguras.
Aunque muchos países de América Latina y el Caribe han abierto sus puertas a estos migrantes involuntarios, Colombia ha sido un país de acogida particularmente generoso.
Colombia marca el rumbo para hacer frente a la crisis de refugiados
En 2018, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, concedió permisos renovables de dos años a más de 400.000 personas procedentes de Venezuela. El PEP, o Permiso Especial de Permanencia, concede a los inmigrantes venezolanos indocumentados el derecho legal a trabajar, así como acceso a servicios públicos básicos.
En esencia, la investigación sobre el impacto del programa en 2018 tranquilizó a los responsables de formular políticas al demostrar que no afectaba negativamente a las comunidades de acogida. Esto allanó el camino para la segunda ronda de permisos en 2021, que concedió estatus de protección temporal durante diez años a todos los venezolanos en territorio colombiano y sirvió de ejemplo para otros países que afrontan desafíos similares.
Según Felipe Muñoz Gomez, exdirector colombiano de Asuntos Fronterizos con Venezuela, «la decisión política de introducir el PEP tuvo en cuenta los resultados de la introducción de permisos temporales anteriores y las pruebas de cómo Colombia se beneficiaba de la regularización y la inclusión económica de los venezolanos, considerando tanto el tamaño de esa población como sus características socioeconómicas».
La inclusión económica beneficia a todos
Un estudio reciente mostró que el programa PEP de Colombia generó mejoras sustanciales para sus beneficiarios frente a los venezolanos que no participaron en él: mayor consumo e ingresos per cápita (60% y 31%, respectivamente), mejor salud física y mental (1,8 desviaciones estándar), mayores tasas de inscripción en el sistema que evalúa la vulnerabilidad y concede transferencias públicas (40 puntos porcentuales) y mejor acceso a servicios financieros (64,3 puntos porcentuales). El programa también incrementó la formalización laboral en 10 puntos porcentuales, pero tuvo efectos insignificantes en el empleo formal de los trabajadores colombianos.
Aunque existe un amplio escepticismo público sobre el programa (en 2020, el 80% de los colombianos desaprobaba la gestión de su gobierno frente a la crisis venezolana), abordar estas barreras a la inclusión económica de los venezolanos de una manera que también abarque a las comunidades de acogida será crucial para la sostenibilidad del programa a largo plazo.
Las lagunas de datos dificultan la formulación de buenas políticas sobre las personas refugiadas
Las decisiones de Colombia sobre el estatus de las personas refugiadas, basadas en evidencia, son excepcionales. En muchos países de acogida suele haber importantes lagunas de datos, lo que dificulta la formulación de políticas basadas en evidencia.
Con 100 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, una cifra que supera las que alarmaron a los expertos y líderes de todo el mundo encuestados en la Encuesta de percepción de riesgos globales de 2022 del Foro Económico Mundial, ahora contamos con datos relativamente sólidos sobre el panorama general. Las crisis provocadas por «las dificultades económicas, la intensificación de los efectos del cambio climático y la inestabilidad política», agravadas por la pandemia de COVID-19, han obligado a millones más a huir de sus hogares cada año.
Aun así, el desplazamiento forzado sigue siendo objeto de muy pocos estudios, especialmente de investigación cuantitativa. En ámbitos de políticas públicas como la educación, el desarrollo de vacunas o el cambio climático, vemos ensayos controlados aleatorizados, métodos experimentales y cuasiexperimentales para evaluar opciones de políticas, y grandes proyectos de investigación que orientan las decisiones tanto a nivel nacional como mundial.
Sin embargo, en el ámbito del desplazamiento forzado escasea este tipo de investigación, principalmente por la falta de datos nacionales más detallados, lo que limita la capacidad de los responsables de formular políticas para diseñar respuestas basadas en evidencia a las crisis de desplazamiento en sus países. Parece que las personas desplazadas por la fuerza son casi invisibles: quedan ocultas en las sombras estadísticas.
Los expertos centran la agenda de investigación en las personas desplazadas por la fuerza
En una conferencia de investigación celebrada a principios de este año y organizada por el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y el ACNUR, los investigadores ofrecieron numerosos ejemplos de cómo los estudios sólidos y ambiciosos pueden influir directamente en las políticas, en particular en lo relativo a las personas refugiadas en el Líbano, Jordania y Turquía.
Los asistentes a la conferencia identificaron lagunas de investigación y recomendaron más estudios sobre las personas apátridas en África (especialmente en el Sahel, Sudán, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo) y sobre los niños desplazados. También destacaron la necesidad de información sobre la prestación de servicios y la integración de las poblaciones desplazadas en los sistemas nacionales, en lugar de crear mecanismos paralelos.
Los numerosos ejemplos de desplazamiento forzado analizados en la conferencia permitieron a los participantes identificar las similitudes entre distintos contextos de desplazamiento y los límites de extraer lecciones sin una comprensión completa del contexto. Mediante un esfuerzo conjunto, la comunidad investigadora y los asesores de políticas pueden identificar ideas que ayuden a los gobiernos de acogida de refugiados ucranianos a introducir respuestas políticas de apoyo, al tiempo que mantienen la solidaridad y la buena voluntad de las poblaciones de acogida.
