Lograr una revolución digital requiere más que actualizar la tecnología; cada vez comprobamos que también requiere una revolución legal.
La legislación ómnibus se rige por 5 «principios digitales»: toda ley y todo reglamento deben cumplir 5 requisitos antes de ser aprobados.
La coordinación centralizada de la “revolución jurídica digital” es fundamental, con una Oficina de Legislación Digital que garantice que las nuevas leyes se ajusten a los objetivos digitales.
Hace dos años, Japón declaró una revolución digital.
Pese a su bien ganada reputación en hardware de alta tecnología –robots, automóviles y trenes de alta velocidad, por ejemplo–, nuestro país se había quedado atrás en la era digital. El Gobierno, en particular, seguía atrapado en la Edad Media analógica, con funcionarios que manejaban interminables formularios en papel, muchos marcados con la tinta roja tradicional de los "hanko sellos.
Las molestias para los ciudadanos no fueron la única consecuencia. Este atraso supuso oportunidades perdidas en ámbitos como la educación y la sanidad, ya que los sistemas públicos no estaban preparados para el aprendizaje y el diagnóstico a distancia. También frenó la innovación, porque las leyes y los reglamentos no podían adaptarse al cambio tecnológico. Y dejó a la economía japonesa peor preparada ante crisis como la pandemia de COVID-19: los programas de ayuda financiera de emergencia, por ejemplo, tuvieron que organizarse manualmente y, como resultado, tardaron meses en llegar.
Este déficit digital generalizado en toda la sociedad es lo que el Gobierno se propuso cambiar.
La revolución digital necesita una revolución legal
Desde el anuncio de nuestra iniciativa de «transformación digital» en septiembre de 2020, hemos avanzado mucho. Una Agencia Digital de rango ministerial, que dirijo como ministro, empezó a funcionar el año pasado y coordina los esfuerzos entre los departamentos gubernamentales y el sector privado. El presupuesto de la Agencia para este ejercicio fiscal es de 472.000 millones de yenes, es decir, algo más de 4.000 millones de dólares. Las prioridades incluyen la promoción de las identidades digitales, el desarrollo de nueva infraestructura pública digital y la aceleración de la investigación en semiconductores de nueva generación y en redes de telecomunicaciones posteriores al 5G.
Pero lograr una revolución digital exige más que actualizar la tecnología. Cada vez comprobamos que también requiere una revolución legal.
La Comisión Especial para la Reforma Administrativa Digital ha identificado unas 9.000 normas y reglamentos que deben revisarse para hacer posibles los servicios públicos en línea. Modificarlos será una tarea abrumadora, sobre todo en un país cuyos procesos legislativos pueden avanzar dolorosamente despacio. Pero tenemos un plan para abordarla, que esperamos sirva de modelo a otros países que se enfrentan a retos similares.
Primero: ¿cómo exactamente las leyes y los reglamentos obstaculizan la transformación digital? El problema es que detrás de cada proceso administrativo obsoleto hay una norma obsoleta: una ley que establece, por ejemplo, que los formularios deben presentarse en persona o ser revisados manualmente por un funcionario. Estas normas implican que, aunque existan soluciones digitales más actuales, no puedan implementarse. El resultado son ineficiencia y despilfarro.
Tomemos como ejemplo las inspecciones de fábricas. Tradicionalmente, los inspectores visitan las fábricas según calendarios establecidos –digamos, dos veces al año– para buscar infracciones de seguridad o medioambientales. Las inspecciones suelen exigir que las líneas de producción se detengan, lo que provoca pérdidas de producción. Pero en las fábricas modernas «inteligentes», cada máquina está equipada con sensores que envían datos sobre su funcionamiento a redes de información. Los reguladores pueden usar esos datos para vigilar los problemas en tiempo real. Si se hace bien, todos salen ganando: el público obtiene una regulación mejor y a menor coste, y se reduce la carga para las empresas.
Entonces, ¿cómo puede un país cambiar 9.000 leyes? Evidentemente, modificarlas una por una llevaría demasiado tiempo. Una solución es la legislación ómnibus, que modificará muchas leyes a la vez. La Comisión Especial ha estado clasificando y agrupando las leyes problemáticas, buscando problemas comunes, para facilitar ese proceso.
5 principios digitales
Decidir exactamente cómo deben cambiarse las normas es otro gran reto. Para abordarlo, la Comisión Especial ha publicado recientemente un conjunto de cinco «principios digitales» que orientarán el proceso de modificación, así como toda la legislación nueva que se apruebe en el futuro.
La idea es que cada ley y reglamento, nacional y local, deba cumplir cinco requisitos antes de ser aprobado. El principio principal es que todos los procedimientos administrativos deben poder ejecutarse digitalmente. Los demás están diseñados para garantizar que los datos gubernamentales estén normalizados y sean compartibles, y que la regulación sea, en esencia, más ágil; es decir, flexible y centrada en los resultados y no en los procedimientos.
¿Qué hace el Foro para cerrar la brecha entre la tecnología y la política?
En el caso de la fábrica descrito anteriormente, por ejemplo, una regulación tradicional podría dictar que una planta «debe ser inspeccionada una vez cada x semanas por y personas». Pero una regulación ágil podría decir, en cambio, que eso «debe supervisarse para prevenir x comportamientos o control y riesgos» – una formulación más «a prueba del futuro» que permitiría a los reguladores adaptarse a los cambios tecnológicos u otras circunstancias.
La coordinación centralizada de la “revolución jurídica digital” es fundamental. En Dinamarca, un país que se ha adelantado en esta cuestión, una Agencia de Digitalización examina toda la nueva legislación para asegurarse de que sea “preparada para lo digital”. Japón ya cuenta con un organismo, la Oficina de Legislación del Gabinete, que revisa los proyectos de ley para asegurarse de que sean coherentes con las leyes vigentes. Inspirados por el ejemplo danés y por la Oficina de Legislación del Gabinete, hemos creado una Oficina de Legislación Digital dentro de la Comisión Especial para garantizar que las nuevas leyes se ajusten a los objetivos de transformación digital de Japón.
La oficina ya ha comenzado su labor, revisando proyectos de ley para la actual sesión de la Dieta, el órgano legislativo nacional de Japón.
Algunos en Japón han expresado escepticismo sobre el programa de transformación digital. ¿Puede el Gobierno cambiar realmente tantas leyes? ¿Tiene voluntad política? Yo respondería que sí, porque no hay otra opción. Los ciudadanos esperan cada vez más poder vivir y trabajar en línea, y esa expectativa solo se ha intensificado con la pandemia de Covid-19. Cualquier gobierno que no cumpla pagará el precio.
