Para aprovechar los beneficios de las criptomonedas, debemos abordar su consumo energético y la percepción que se tiene de ellas.
Las criptomonedas pueden promover la inclusión financiera al impulsar la innovación en los servicios financieros.
El sector reconoce que tiene un problema medioambiental y cuenta con opciones para reducir su huella de carbono.
Las criptomonedas tienen mala fama entre los ecologistas, y con razón. Bitcoin consume más electricidad en un año que Suecia, Noruega o los Emiratos Árabes Unidos. ¿Significa eso que el debate medioambiental sobre las criptomonedas está zanjado, o hay formas de reducir la huella de carbono de las criptomonedas? ¿Y qué ocurre con otras prioridades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que puedan tener los inversores?
Impacto ambiental de las criptomonedas
Para comprender el impacto ambiental de las criptomonedas, primero hay que entender la relación entre la moneda virtual y la infraestructura física y los recursos operativos que requiere. Como representación digital de valor, las criptomonedas utilizan sistemas distribuidos para almacenar y transferir la propiedad de forma segura mediante un proceso criptográfico basado en cálculos complejos.
Existen muchas metodologías diferentes para controlar cómo la red acuerda actualizar un libro mayor de cadena de bloques. Bitcoin, por ejemplo, adoptó la llamada metodología de prueba de trabajo (PoW). Mineros anónimos, que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, compiten por añadir a la red un conjunto de transacciones propuestas como un nuevo bloque, resolviendo un desafío matemático cuya complejidad se ajusta a la potencia de cálculo disponible.
El modelo PoW consume cantidades cada vez mayores de energía, sobre todo si el coste de la energía es inferior a los beneficios obtenidos de la minería. El consumo energético de Bitcoin se estima a partir de otra estimación de la potencia informática que utiliza la red (véase la figura siguiente).
Otras criptomonedas han adoptado un enfoque distinto: la prueba de participación (PoS). La PoS consiste en que la red elige a un participante para realizar la siguiente actualización en función de la cantidad de la criptomoneda correspondiente que posee y del tiempo que la ha tenido, además de un elemento aleatorio.
Aunque podría considerarse menos segura, la metodología PoS es mucho más eficiente desde el punto de vista energético y también permite procesar más transacciones, lo que mejora la eficiencia operativa.
El sector de las criptomonedas reconoce que tiene un problema ESG
Una campaña para cambiar la minería de bitcoin de PoW a PoS, llamada Change the Code Not the Climateestima que el cambio podría reducir la huella de carbono de bitcoin en un 99 %. En el caso de Ethereum, otra criptomoneda popular, desde hace seis años se trabaja para pasar de PoW a PoS.
También se impulsa una minería más sostenible mediante un mayor uso de energías renovables. Sin embargo, las estimaciones actuales de la proporción de energía renovable utilizada para alimentar la minería de bitcoin varían mucho, por lo que resulta difícil determinarla. Por ejemplo, CoinShares concluyó que, en diciembre de 2021, las energías renovables representaban menos del 30 % de la minería de bitcoin, mientras que el Bitcoin Mining Council sitúa esa cifra más cerca del 60 %.
Investigaciones recientes han concluido que la proporción de energía renovable que alimentaba bitcoin bajó del 41,6 % al 25,1 % tras la ofensiva de China contra las operaciones con criptomonedas. Los mineros en China tenían acceso a fuentes de energía renovable, pero lo perdieron cuando se obligó a trasladar la minería a países como Estados Unidos y Kazajistán.
En cuanto al impacto social, el argumento a favor de las criptomonedas es más positivo. Pueden promover la inclusión financiera al impulsar la innovación en los servicios financieros, como los micropagos entre particulares, lo que potencialmente permite el acceso a cualquier persona con conexión a Internet y reduce los costes mediante la automatización de los servicios financieros a gran escala.
El Banco Mundial estima que hoy en día hay 1.700 millones de personas en el mundo, aproximadamente un tercio de todos los adultos, que no tienen acceso a servicios bancarios. En algunas economías en desarrollo, esa cifra llega al 61 %.
Los beneficios de promover la inclusión financiera son bien conocidos. El McKinsey Global Institutecalculó que el uso generalizado de las finanzas digitales podría aumentar en 3,7 billones de dólares el PIB anual de todas las economías emergentes para 2025, un incremento del 6 % respecto de un escenario sin cambios, y crear 95 millones de empleos adicionales en todos los sectores.
Las criptomonedas también podrían facilitar transferencias transfronterizas de pequeñas cantidades a bajo coste, ya que no requieren conversiones de divisas. Empresas como Bitpay ya proliferan en este ámbito. Un informe de Oliver Wyman y J.P. Morganconcluyó que las monedas digitales podrían ahorrar a las empresas globales 120.000 millones de dólares al año en costes de transacción de pagos transfronterizos.
El creciente uso de monedas digitales, incluidas las criptomonedas, parece ofrecer una forma competitiva por naturaleza de reducir algunos de los aspectos negativos del sistema financiero para las personas más pobres de la sociedad.
Por diseño, las criptomonedas están descentralizadas. Para muchos de sus defensores, esa es precisamente la virtud de estos sistemas, pero esa virtud podría tener un coste más amplio. Las criptomonedas pueden añadir riesgos al sistema financiero, entre otras cosas, al facilitar actividades delictivas y debido a la falta de educación, transparencia y regulación.
Aunque las criptomonedas tienen fama de servir de cobertura para actividades ilegales, hasta ahora quienes han intentado medir el alcance de estas actividades concluyen que quizá solo representen una proporción relativamente pequeña del total. Según Chainalysis, entre 2017 y 2020 las actividades ilícitas representaron menos del 1 %de toda la actividad con criptomonedas.
La exactitud de esas cifras sigue siendo objeto de debate. Aunque sean correctas, las criptomonedas seguirán atrayendo a delincuentes y a otras personas que quieran ocultar sus huellas. Esto significa que hay que introducir mejores normas de conocimiento del cliente (KYC), informes periódicos y, posiblemente, un marco que incluya sanciones por incumplir los requisitos de divulgación. En última instancia, será fundamental encontrar el equilibrio adecuado entre el atractivo del anonimato y el aumento de la confianza en las criptomonedas mediante la divulgación de información: un delicado ejercicio de equilibrio.
En la situación actual, a un inversor ESG le resultaría difícil justificar una inversión en criptomonedas. Los efectos negativos ambientales y de gobernanza contrarrestan con creces cualquier posible beneficio para ampliar la inclusión financiera.
Sin embargo, puede que esto no siempre sea así. El sector reconoce que tiene un problema medioambiental y cuenta con opciones para reducir su huella de carbono. Al mismo tiempo, los gobiernos están acelerando sus esfuerzos para establecer marcos regulatorios y de supervisión. A largo plazo, es muy probable que la adopción generalizada de las criptomonedas dependa de la eficacia con que se aborden las cuestiones ESG.
