El contrato social en el que se basa la sociedad surgió en la posguerra y ya no es adecuado para su propósito.
Los nuevos contratos sociales podrían propiciar una prosperidad más equitativa.
Estos nuevos contratos sociales deberían basarse en principios fundamentales, como el capitalismo de las partes interesadas, el desarrollo de competencias, la seguridad económica y la transición a cero emisiones netas.
Un contrato social es un acuerdo real o hipotético entre un gobierno y su población que establece los derechos y deberes de cada parte. Los contratos sociales en los que se basa actualmente la sociedad surgieron en gran medida en la posguerra y ya no son adecuados para su propósito. Al considerar las repercusiones y las lecciones de la COVID, los nuevos contratos sociales podrían propiciar una prosperidad más equitativa.
En el norte global, los contratos sociales de muchos países se formularon para un mundo de mediados del siglo XX que ya no existe. El empleo de por vida, los planes de pensiones de prestaciones definidas y la familia nuclear tradicional han ido desapareciendo, mientras que la esperanza de vida ha aumentado. En muchas partes del sur global, las redes de protección social siguen en construcción, pese al crecimiento de economías y sociedades emergentes dinámicas, por lo que el contrato social de muchos países está incompleto.
Un contrato social adecuado para la sociedad contemporánea debería abordar tres desafíos fundamentales. En primer lugar, los elementos conocidos de la red de protección social, como el seguro social y las prestaciones de jubilación, deben adaptarse a nuevas circunstancias, como la necesidad de que las personas adquieran nuevas competencias durante vidas laborales mucho más largas. En segundo lugar, los contratos sociales deben ser pertinentes en un mundo transformado por las revoluciones tecnológicas y la transición a una economía de energía limpia. En tercer lugar, un contrato social moderno debe combatir la desigualdad y la exclusión que aquejan a las sociedades de todos los rincones del mundo.
Los contratos sociales modernos deberían basarse en cinco principios fundamentales:
1. Capitalismo de las partes interesadas
Las reglas del mercado necesitan urgentemente una reforma. Las reglas antiguas han fomentado el pensamiento cortoplacista, que ha permitido que se extienda la desigualdad, y han incentivado el consumo desenfrenado de recursos naturales. Debemos aprovechar el impulso para reformar las normas de presentación de informes y divulgación, incluida la creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Climaasí como otras medidas, incluidas las respaldadas por el Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial. Las empresas deben predicar con el ejemplo y abordar la creciente brecha entre la remuneración de los directivos y la del trabajador promedio: en 2018, los directores ejecutivos de Estados Unidos percibieron más de 250 veces el salario de un trabajador promedio; en varios países europeos, la diferencia superó las 150 veces. Estas disparidades han socavado la confianza en la economía de mercado.
2. Desarrollo de competencias y trayectorias profesionales
Nuestros contratos sociales siguen centrados en un modelo profesional y laboral con tres etapas separadas y bien definidas: educación, trabajo y jubilación. Esto ya no refleja ni las necesidades ni los objetivos de las personas. Una mayor proporción de los niños de hoy de 5 años podría vivir hasta los 100 años, lo que exigirá un rediseño importante de la vida laboral. El nuevo contrato que defina el mundo del trabajo debería dar a las empresas la flexibilidad para reorganizar sus plantillas y permitir la innovación y nuevas formas híbridas de trabajo, y a los trabajadores la flexibilidad para tomarse pausas en su trayectoria profesional y acceder a formación que les ayude a prosperar en un mundo cambiante.
3. Seguridad y movilidad económicas
Los dos últimos años han mostrado lo frágiles que son las redes de protección social en muchos países. Esto ya ocurría mucho antes de la aparición de la COVID-19. La movilidad económica ha disminuido en muchos países; en Estados Unidos, solo el 8 % de los niños criados en el 20 % inferior de la distribución de ingresos puede ascender al 20 % superior en la edad adulta, mientras que la cifra en Dinamarca casi se duplica, hasta el 15 %. Hay excepciones, como señala el Índice de Movilidad Social del Foro Económico Mundial, especialmente en los países nórdicos. Un nuevo contrato social debe restablecer la movilidad y la seguridad sociales y económicas.
4. Una transición justa e inclusiva hacia cero emisiones netas
La justicia climática y la transición justa fueron temas recurrentes de debate en la COP26. Un nuevo contrato social debe abordar este desafío de frente y atender las necesidades tanto de quienes sufren de manera desproporcionada los daños del sistema energético actual como de quienes se enfrentan al desplazamiento durante la transición. Esto implica ofrecer asistencia a las personas desplazadas, invertir para garantizar que la energía limpia sea accesible y asequible para todos, y adoptar medidas urgentes para mejorar la salud pública y ambiental afectada por la energía contaminante.
5. Uso responsable de la tecnología
El aumento de la desinformación amenaza la privacidad individual y los procesos democráticos de los que dependen las sociedades funcionales. Un estudio reciente reveló queaproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses (48 %) afirma ahora que el gobierno debería tomar medidas para restringir la información falsa, aunque ello suponga perder cierta libertad para acceder a contenidos y publicarlos. Además, hay numerosas pruebas de que las deficiencias del ecosistema de la información afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, especialmente a los jóvenes y a quienes carecen de recursos económicos. A los gobiernos les ha costado avanzar al ritmo de la innovación, y les convendría ampliar sus conocimientos especializados y crear entidades con fines específicos para encontrar soluciones normativas.
Nada de esto puede ni debe llevarse a cabo desde un único sector ni mediante un único modelo. Los gobiernos desempeñan un papel esencial en la configuración de un nuevo contrato social. A las empresas les conviene contribuir a que las economías de mercado conserven su licencia para operar. La sociedad civil tiene un papel más destacado que a mediados del siglo pasado. La colaboración es esencial y todos deben participar.
Las ventajas de un nuevo enfoque son contundentes. Los contratos sociales modernos pueden facilitar oportunidades económicas y movilidad para todos; asegurar el consenso social necesario para actuar de manera decisiva ante la crisis climática; posibilitar la innovación tecnológica al servicio del progreso social; y propiciar sociedades más inclusivas.
