Los altos precios de los alimentos y la energía están presionando los presupuestos de los hogares y la actividad económica en muchos países.
Los responsables de formular políticas deben centrarse en proteger a los hogares más vulnerables del impacto de los altos precios, afirma el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una manera de hacerlo es permitir que los precios internacionales se trasladen a los precios internos y, al mismo tiempo, brindar apoyo focalizado a quienes más lo necesitan.
Otras medidas, como los subsidios y los controles de precios, pueden ser eficaces, pero también costosas y distorsionar los mercados.
Los gobiernos se enfrentan a difíciles decisiones de política mientras intentan proteger a su población de los precios récord de los alimentos y de los costos de la energía, que se han disparado aún más a causa de la guerra en Ucrania.
Los países adoptaron diversas medidas de política en respuesta a este aumento sin precedentes de los precios de los productos básicos más esenciales. Nuestra encuesta sobre las medidas anunciadas por los países miembros muestra que muchos gobiernos intentaron limitar el alza de los precios internos a medida que aumentaban los precios internacionales, ya fuera reduciendo los impuestos o concediendo subsidios directos a los precios. Sin embargo, estas medidas de apoyo generan nuevas presiones sobre unos presupuestos ya tensionados por la pandemia.
Limitar el traslado de los precios no siempre es el mejor enfoque. Según una nueva nota del FMI, los responsables de formular políticas deberían permitir que los altos precios mundiales se trasladen a la economía interna, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables afectados por los aumentos. A la larga, esto resulta menos costoso que mantener los precios artificialmente bajos para todos, con independencia de su capacidad de pago.
No todos los países pueden seguir el mismo camino. Cuando existen subsidios, el ritmo de los ajustes de precios y el grado de uso de las redes de protección social variarán de un país a otro. Por eso, nuestra nota ofrece recomendaciones de política matizadas según las circunstancias de cada país, como la solidez de la red de protección social, el nivel de los subsidios existentes a los alimentos y los combustibles y la disponibilidad de margen fiscal.
Precios disparados
La invasión rusa de Ucrania se produjo después de las fuertes subidas registradas el año pasado en los mercados de productos básicos, y llevó los precios de los alimentos a niveles récord y los del gas natural a máximos históricos. Los precios del trigo, un alimento básico cuyas exportaciones mundiales proceden en aproximadamente una cuarta parte de Rusia y Ucrania en conjunto, han subido un 54% respecto del año anterior. Al verse interrumpidas las importaciones de alimentos y energía procedentes de estas fuentes, los países afrontan altos costos e incertidumbre sobre el suministro.
La población de los países de bajos ingresos es la más vulnerable al alza de los precios, porque los alimentos representan, en promedio, el 44% del consumo, frente al 28% en las economías de mercados emergentes y el 16% en las economías avanzadas. Los precios del petróleo también han subido con fuerza, lo que impone cargas distintas a los consumidores. Los hogares de mayores ingresos tienden a consumir más combustible que los hogares de menores ingresos y utilizan más gasolina que los hogares más pobres, que en muchos países en desarrollo suelen consumir más queroseno. Las políticas gubernamentales para mitigar el impacto social del alza de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y garantizar que la carga no recaiga de manera desproporcionada sobre las personas pobres.
Respuestas de política
El traslado de los precios internacionales de los combustibles a los consumidores internos ha sido menor en los primeros cuatro meses de este año que en el mismo periodo del año pasado. Además, ese traslado ha sido mayor en las economías avanzadas y menor en los países emergentes y en desarrollo exportadores de petróleo. Los subsidios a los combustibles, habituales en muchos países exportadores de petróleo de Oriente Medio, el Norte de África y África subsahariana, explican en gran medida por qué los consumidores de esas regiones pueden estar sintiendo menos el golpe en el surtidor, aunque a costa de un aumento de los costos fiscales y, por tanto, en muchos casos, de futuros recortes en otros servicios públicos.
Más de la mitad de los 134 países encuestados habían anunciado al menos una medida en respuesta a los altos precios de la energía y los alimentos. Las economías emergentes y en desarrollo anunciaron menos medidas nuevas de política, probablemente porque siguen dependiendo de los subsidios existentes a la energía y los alimentos y limitando —o evitando— los ajustes de los precios internos.
También podrían disponer de menos margen fiscal para reaccionar o tener más dificultades para ampliar rápidamente sus redes de protección social. En las economías avanzadas, el mayor número de países anunció transferencias en efectivo y cuasien efectivo (incluidos vales y descuentos en las facturas de servicios públicos). En las economías emergentes y en desarrollo, las reducciones de los impuestos al consumo fueron las medidas anunciadas con mayor frecuencia.
Consideraciones sobre las redes de protección social
Aunque la mayoría de los países está limitando el traslado de los precios internacionales, no es aconsejable hacerlo. Las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los precios altos animan a las personas a utilizar la energía de manera más eficiente. Por otro lado, los precios subsidiados fomentan un mayor consumo y aumentan aún más la presión sobre los precios de la energía. Al mismo tiempo, los países deberían proporcionar transferencias temporales y focalizadas a los hogares más vulnerables.
La respuesta de la demanda puede ser considerable en el caso de la energía, pero mucho menor en el de los alimentos, porque las personas necesitan consumir más o menos la misma cantidad. Aun así, los países deberían evitar impedir que se ajusten los precios internos, ya que esas medidas, que dan lugar a subsidios, no protegen eficazmente a las personas más vulnerables. Además, son costosas, desplazan gastos más productivos y reducen los incentivos de productores y distribuidores. Recomendamos permitir el traslado de los precios de los alimentos, siempre que se proteja a las personas vulnerables y que la seguridad alimentaria no corra peligro.
También recalcamos que, al formular políticas, los países deberían tener en cuenta la solidez de sus redes de protección social:
Los países con redes de protección social sólidas podrían recurrir a transferencias monetarias temporales y focalizadas para reducir el impacto en las personas vulnerables. Estos países pueden conceder transferencias focalizadas a través de los programas sociales existentes.
Los países cuyas redes de protección social no sean lo bastante sólidas para apoyar a las personas más vulnerables pueden ampliar sus programas existentes más eficaces, aumentando los montos de las prestaciones y la cobertura según sea necesario. Por ejemplo, pueden utilizar herramientas digitales para registrar a los beneficiarios y entregar las prestaciones.
Los países que ya cuentan con subsidios a la energía o los alimentos deberían trasladar gradualmente los precios internacionales a los consumidores y comprometerse a eliminar los subsidios en los próximos años. El ritmo de ese traslado debe calibrarse cuidadosamente en función de la brecha entre los precios minoristas e internacionales, el margen fiscal disponible y la capacidad de aplicar medidas para proteger a las personas vulnerables.
En los países donde la seguridad alimentaria sea motivo de preocupación y se hayan agotado todas las demás opciones, los gobiernos pueden considerar otras medidas temporales, como subsidios a los precios o impuestos a las importaciones con cláusulas de vencimiento claramente definidas para los alimentos básicos. También deberían intentar aumentar la oferta de alimentos apoyando la producción, evitando el acaparamiento y utilizando las reservas de alimentos cuando estén disponibles. Cuando la seguridad alimentaria esté en riesgo, puede ser necesario distribuir directamente alimentos básicos.
Durante los próximos dos o tres años, los gobiernos deberían centrarse en invertir en redes de protección social y reformar los subsidios existentes. Estas reformas ayudarán a los países a mejorar su resiliencia y promover un gasto más productivo que impulse un crecimiento inclusivo.
