Cuando se trata de financiar el desarrollo, los impuestos son quizá la pieza más crucial del rompecabezas. Pero el sistema de tributación de los beneficios mundiales está roto y exacerba la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. Si el mundo quiere avanzar hacia sus objetivos de erradicar la pobreza y frenar el aumento de la desigualdad, es preciso reformar el sistema.
El mayor problema del sistema actual es que, al gravar por separado a las filiales de las empresas multinacionales como entidades independientes, deja amplio margen para que las empresas mundiales eludan sus obligaciones fiscales. Los esfuerzos de reforma de la OCDE, que actúa a petición del G-20, son intentos bienvenidos de abordar la llamada «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» (BEPS, por sus siglas en inglés), pero no van lo bastante lejos.
El resultado más significativo de la iniciativa BEPS de la OCDE iniciativa BEPS reside en sus nuevos requisitos de presentación de informes país por país requisitos de presentación de informes, que obligan a las multinacionales a proporcionar anualmente información agregada en cada jurisdicción donde operan, relativa a la distribución mundial de los ingresos y a los impuestos pagados. También deben informar sobre las entidades que operan en cada jurisdicción y las actividades económicas que realizan.
Sin embargo, estos informes solo se exigirán a las entidades con ingresos superiores a 750 millones de euros (845 millones de dólares) y no serán públicos. Además, los países deben cumplir ciertas condiciones para acceder a la información, una estructura que no beneficiará a la mayoría de los países en desarrollo.
Y, sin embargo, los países en desarrollo son los que más tienen en juego. De hecho, el Fondo Monetario Internacional informó recientemente que los países en desarrollo pierden por actividades BEPS tres veces más ingresos por impuestos sobre las sociedades que sus homólogos desarrollados. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, estas actividades de las multinacionales —que representan un tercio de la base imponible potencial de las sociedades en los países en desarrollo— causan pérdidas anuales de 100.000 millones de dólares.
Dado el importante papel que desempeñan los ingresos fiscales en la financiación de las iniciativas de desarrollo —aportan dos tercios de la financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, y el resto procede de la ayuda oficial y los flujos privados—, hay que detener la sangría. Mientras los líderes mundiales se preparan para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD3), que se celebrará este mes en Addis Abeba y donde elaborarán una estrategia para financiar la agenda mundial de desarrollo posterior a 2015, avanzar hacia un sistema fiscal mundial más eficiente y equitativo es más urgente que nunca.
Por eso, un grupo de intelectuales públicos de todo el mundo ha creado la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que presido. Creemos que el mundo tiene una oportunidad sin precedentes de impulsar una reforma significativa del sistema internacional de tributación de las sociedades, al servicio del interés público mundial y no de los intereses nacionales.
Para ayudar a que los líderes mundiales aprovechen esta oportunidad, la ICRICT ha publicado un conjunto de recomendaciones para reformar las normas y las instituciones que rigen la tributación internacional de las sociedades. Las propuestas incluyen un impuesto mínimo sobre las sociedades acordado por los países desarrollados y mecanismos para impedir que las multinacionales trasladen sus beneficios a filiales en jurisdicciones con bajos impuestos.
Además, a diferencia de las reformas de la OCDE, la ICRICT recomienda que las multinacionales publiquen los impuestos pagados en todas las jurisdicciones. A más largo plazo, propone la transición a un sistema en el que las multinacionales tributen como una sola empresa, y los impuestos se asignen a los distintos países donde operan según una fórmula acordada.
Un primer paso para alcanzar estos objetivos sería establecer un organismo intergubernamental con el mandato y los recursos necesarios para impulsar la tan necesaria reforma fiscal, promoviendo al mismo tiempo una mayor cooperación tributaria entre los gobiernos. La decisión sobre la creación de dicho organismo es un elemento importante de la agenda de la FFD3.
Un foro tributario con representación mundial no solo debería servir como espacio de cooperación intergubernamental, sino también respaldar un debate más amplio e inclusivo sobre la reforma fiscal. Durante demasiado tiempo, estas conversaciones han sido dominio de negociaciones a puerta cerrada entre gobiernos y grandes empresas, y se ha considerado que el tema era demasiado técnico para que lo entendiera el público general.
Aún hoy, muchos sostienen que incluir a todos en el debate politizaría el sistema fiscal y que, por tanto, las decisiones deberían dejarse en manos de expertos. Pero la tributación es intrínsecamente política, pues entraña cuestiones de equidad, justicia y bien común. De hecho, las cuestiones tributarias estuvieron en el centro de la creación de los parlamentos democráticos modernos. Un asunto con consecuencias de tan largo alcance no debe debatirse en secreto.
Si los líderes mundiales se toman en serio la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza, deben comprometerse a crear un sistema fiscal justo y transparente. Cabe esperar que este mes en Addis Abeba den pasos creíbles en esa dirección.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: José Antonio Ocampo, exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales y exministro de Hacienda de Colombia, es profesor de práctica profesional y miembro del Comité sobre Pensamiento Global de la Universidad de Columbia.
Imagen: Personas en un andén de una estación de tren en Tokio. REUTERS/Yuya Shin.
