Como ilustra dolorosamente la crisis griega, un programa de ajuste estructural destinado a mejorar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo solo puede funcionar si el país se hace suyo. El principal obstáculo inmediato para Grecia es su renuencia a hacer sostenible su sistema de pensiones de manera creíble, pero este es solo el ejemplo más reciente de intransigencia. De hecho, desde hace mucho tiempo los prestamistas han estado entregando a Grecia mucho más dinero del que se le ha pedido pagar, aunque nadie lo diría al leer la cobertura de la prensa mundial. Con la confianza evaporada en ambos lados, ha resultado imposible alcanzar un acuerdo duradero.
La pertenencia de Grecia a la Unión Europea otorga a sus acreedores una influencia considerable, pero evidentemente no suficiente para cambiar los cálculos fundamentales. Grecia sigue siendo, en gran medida, un país soberano, no un estado subnacional. La «troika» de acreedores —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea— sencillamente no ejerce sobre Grecia la influencia que, por ejemplo, ejerció la Municipal Assistance Corporation sobre la ciudad de Nueva York cuando esta se tambaleaba al borde de la bancarrota a mediados de la década de 1970.
Los mejores programas de ajuste estructural son aquellos en los que el gobierno del país deudor propone los cambios de política, y el FMI ayuda a diseñar un programa a medida y brinda cobertura política para su implementación. Imponerlos desde el exterior sencillamente no es una opción eficaz. Por eso, para que las reformas arraiguen, el gobierno griego y su electorado deben creer en ellas.
Que un país debe hacerse suyo su programa de reformas no es una lección nueva. La turbulenta relación del FMI con Ucrania comenzó mucho antes de la última ronda de negociaciones. Ya en 2013, el personal del FMI redactó un sombrío informe sobre la experiencia de la organización en el país. En esencia, su conclusión fue que el hecho de que el gobierno no asumiera plenamente el proceso de reformas prácticamente garantizaba que el programa no funcionaría.
Si un gobierno es incapaz de realizar los ajustes necesarios o no tiene interés en hacerlo, sostenía el informe, la mejor opción es desembolsar dinero poco a poco a medida que se implementen las reformas, como se está haciendo ahora en Grecia. Por desgracia, ese enfoque no ha resultado suficiente para superar los desafíos del país. Las condiciones de las reformas estructurales suelen inclinar la balanza entre facciones internas rivales, para bien o para mal. Si dentro del país no hay voluntad de mantener las reformas, estas se verán rápidamente socavadas.
Los ideólogos de izquierda llevan mucho tiempo mirando con profunda desconfianza los programas de reforma estructural y acusando a prestamistas internacionales como el FMI y el Banco Mundial de estar capturados por fundamentalistas neoliberales del mercado. Esta crítica tiene algo de cierto, pero está exagerada.
Es cierto que las reformas estructurales suelen favorecer políticas como la flexibilidad del mercado laboral. Pero no se debe cometer el error de ver estas intervenciones en términos de blanco o negro. Desmantelar mercados laborales duales que excluyen a los trabajadores jóvenes (como ocurre en gran parte del sur de Europa, incluida Italia y, en cierta medida, Francia) es muy distinto de facilitar el despido de todos los trabajadores. Hacer sostenibles los sistemas de pensiones no equivale a volverlos más mezquinos. Simplificar y hacer más justos los sistemas tributarios no es lo mismo que subir todos los impuestos.
Recientemente, quienes se oponen a la reforma estructural han planteado objeciones más inusuales, sobre todo el problema que causa la deflación cuando los tipos de interés oficiales están en cero. Si las reformas estructurales simplemente reducen todos los salarios y precios, puede resultar difícil, efectivamente, contrarrestar a corto plazo la caída de la demanda agregada. Pero podría formularse una crítica similar de cualquier otro cambio de política: si está mal diseñado, será contraproducente. Lo cierto es que el camino a seguir en Europa exige lograr una mayor productividad.
Las lecciones de Grecia y de otros programas de rescate fallidos son aleccionadoras. Si un programa de rescate de deuda exige cambiar por completo el modelo económico, social y político de un país, quizá lo mejor sea dar por perdidas las pérdidas privadas, en vez de inyectar dinero público para cubrirlas. En casos como el de Grecia, los acreedores quizá harían mejor en dirigir su entusiasmo por las reformas estructurales hacia sus propios países, en particular a mejorar la regulación financiera.
La inmensa mayoría de los griegos quiere permanecer en la UE. En un mundo ideal, ofrecer ayuda financiera a cambio de reformas podría ayudar a quienes en el país quieren convertirlo en un Estado europeo moderno. Pero, dada la dificultad que Grecia ha tenido hasta ahora para realizar los cambios necesarios para alcanzar ese objetivo, quizá haya llegado el momento de reconsiderar por completo este enfoque de la crisis. En lugar de un programa que conceda más préstamos al país, quizá tenga más sentido brindar ayuda humanitaria directa, con independencia de que Grecia siga formando parte plenamente de la eurozona.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Kenneth Rogoff es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.
Imagen: Banderas nacionales griegas dispuestas para la venta en una tienda de Atenas, 23 de abril de 2015. REUTERS/Kostas Tsironis – RTX19YY8




