Barry Eichengreen es catedrático de Economía y Ciencia Política en la Universidad de California, Berkeley, y está previsto que participe en la Reunión Anual 2013 del Foro Económico Mundial en Davos.
MANILA – Hace ochenta años, en este mismo mes, Ferdinand Pecora, antiguo fiscal adjunto de la ciudad de Nueva York y fumador de puros, fue nombrado asesor jefe del Comité de Banca y Moneda del Senado de Estados Unidos. En los meses siguientes, las audiencias de la Comisión Pecora sacaron a la luz numerosas revelaciones sensacionales sobre las prácticas que condujeron a la crisis financiera de los años treinta.
Más allá de eso, la investigación de la Comisión dio lugar a una reforma de gran alcance; la más conocida es la Ley Glass-Steagall, que separó la banca comercial de la banca de inversión. Pero Glass-Steagall no se quedó ahí. Creó un seguro federal para los depósitos bancarios. Como se consideraba que la banca unitaria (en la que todas las operaciones se realizan en oficinas independientes) era inestable, los bancos pudieron abrir sucursales de forma más amplia. Glass-Steagall también reforzó la capacidad de los reguladores para frenar los préstamos destinados a la especulación inmobiliaria y bursátil.
Las audiencias también condujeron a la aprobación de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley del Mercado de Valores de 1934. Los emisores y operadores de valores debieron publicar más información y quedaron sujetos a normas de transparencia más estrictas. La idea de que los mercados de capitales podían autorregularse fue rechazada de forma categórica.
El contraste con la actualidad es llamativo. Se puede decir lo que se quiera sobre la Ley Dodd-Frank de 2010, pero es un remedio muy flojo según los estándares de los años treinta. Como respuesta a lo que se considera ampliamente la crisis financiera más grave en 80 años, hace mucho menos para cambiar la estructura y la regulación del sistema financiero estadounidense.
La explicación no es que los banqueros estuvieran peor organizados en los años treinta. La Asociación Bancaria Estadounidense, preocupada por las comisiones que los bancos tendrían que pagar, se opuso con vehemencia al seguro de depósitos. La Asociación Bancaria Estatal, a la que pertenecían muchos bancos unitarios, condenó las disposiciones destinadas a facilitar la apertura de sucursales en todo el estado.
Tampoco es evidente que los banqueros sufrieran una publicidad más adversa. Las audiencias de la Comisión Pecora fueron sensacionalistas, pero es difícil sostener que la indignación pública que despertaron fuera mucho mayor que la que recibieron los magnates de Wall Street cuando testificaron ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en 2010.
De hecho, Pecora examinó solo un banco comercial, National City Bank, antes de la promulgación de Glass-Steagall. El presidente del banco, Charles Mitchell, eludió la cuestión de los conflictos de intereses entre las actividades de captación de depósitos y de suscripción de valores de su banco. En cualquier caso, se prestó más atención a la revelación de que Mitchell había vendido a su esposa 18.000 acciones del banco con pérdidas para evadir impuestos. En la medida en que las audiencias se centraron en unas pocas manzanas podridas, hicieron menos convincente el argumento a favor de una reforma sistémica.
Pecora se centró a continuación en los bancos de inversión. Esta vez, la revelación fue que J.P. Morgan & Co. había concedido acceso especial a las ofertas públicas iniciales a figuras públicas destacadas, entre ellas un antiguo secretario del Tesoro y un futuro juez del Tribunal Supremo. Pero, de nuevo, estas revelaciones no abordaban cuestiones como la conveniencia de las sucursales o del seguro de depósitos. Por muy condenatorias que fueran, estas revelaciones no resultaron más embarazosas que el hecho conocido de que Countrywide Financial concedía hipotecas en condiciones favorables a los «amigos de Angelo» (personas influyentes cercanas al entonces presidente y consejero delegado de Countrywide, Angelo Mozilo), como el antiguo director ejecutivo de Fannie Mae, Franklin Raines, y el antiguo miembro del Comité de Banca del Senado, Christopher Dodd.
Otro argumento habitual para explicar el éxito de la reforma de los años treinta es que el Congreso ya había acordado un diagnóstico del problema y podía basarse en sus esfuerzos previos para abordarlo. El senador Carter Glass llevaba años presionando para que se aprobaran leyes más permisivas sobre sucursales y una supervisión centralizada de los bancos. Ya había presentado en enero de 1932 un proyecto de ley que contenía varias de estas medidas.
Del mismo modo, en los 50 años anteriores se habían presentado más de 100 proyectos de ley sobre seguro federal de depósitos. Uno de ellos, copatrocinado por el representante Henry Steagall, había sido aprobado por la Cámara de Representantes. La idea, en otras palabras, ya estaba en el ambiente.
Pero esto ignora el hecho de que Steagall no era partidario de una expansión más amplia de las sucursales, que perjudicaba a los bancos pequeños. Glass, por su parte, se oponía al seguro de depósitos. El proyecto final solo se aprobó cuando sus promotores accedieron a combinar el seguro de depósitos con una nueva regulación bancaria, creando un paquete con algo para todos.
En algunos casos, los reformadores empujaban una puerta abierta. National City Bank y Chase National Bank ya habían anunciado que liquidarían sus filiales de valores. La suscripción se había desplomado y los bancos estaban más que dispuestos a salir del negocio de valores. La separación de la banca comercial y de inversión que estableció Glass-Steagall simplemente validó una transición que ya estaba en marcha.
En 2009-2010, en cambio, los grandes bancos seguían intentando mantener su gama existente de actividades. Esto hizo que el sector se resistiera con firmeza a los esfuerzos por frenar prácticas como la negociación por cuenta propia.
En última instancia, la explicación de la aprobación de una reforma financiera de gran alcance solo puede ser la gravedad de la crisis. En los años treinta, la Gran Depresión llevó a toda la economía al límite. La necesidad de una reforma radical era innegable. Después de 2008, en cambio, los responsables políticos lograron evitar lo peor, lo que descartó el sentido de urgencia que rodeó las audiencias de la Comisión Pecora. La ironía definitiva es que este mismo éxito condujo a una reforma menor.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con http://www.project-syndicate.org.
Imagen: letrero de Wall Street visto en Nueva York REUTERS/EricThayer





