Cada año hay solo unos pocos temas candentes que marcan tendencia en Davos. Se ha convertido casi en un deporte para periodistas y expertos proponer su propia versión de lo que importa en los días previos al inicio de la reunión. Mi propia opinión, ligeramente tardía, es que el verdadero tema de Davos este año es el papel cambiante del gobierno como facilitador de la recuperación económica.
Se anima a los participantes de Davos a considerar este año como el «año de la sostenibilidad». Los principales temas de debate son los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo más cerca que ha estado el mundo de contar con un conjunto de objetivos adoptados universalmente. También ocuparán un lugar destacado las negociaciones mundiales sobre el cambio climático, que llegarán a un momento decisivo en París en diciembre, donde se prevé acordar compromisos vinculantes que abarquen las emisiones y la financiación.
Sin embargo, los problemas inmediatos hacen que la mayoría de los empresarios y responsables de políticas no se centren en cuestiones a más largo plazo ni siquiera en las oportunidades, especialmente si conllevan costos económicos y sociales. Enero ha ofrecido más que suficiente para que los participantes de Davos lo asimilen; por ejemplo, la drástica subida del franco suizo en un contexto de desplome de los precios del petróleo, el crecimiento desequilibrado de la deflación europea, el crecimiento excepcional de Estados Unidos y las condiciones volátiles en la mayoría de los mercados emergentes. Muchas preocupaciones sociales y políticas son igualmente urgentes: el insuficiente crecimiento del empleo amenaza la estabilidad social, y las preocupaciones de seguridad internacional se suman a la sensación de crisis.
La lógica de la sostenibilidad corre el riesgo de quedar relegada por estos problemas apremiantes, aunque constituye la base de una economía sólida a largo plazo. La prosperidad inclusiva exige que vivamos dentro de los límites planetarios y, además, que garanticemos la equidad cuya ausencia destaca el reciente informe de Oxfam sobre las desigualdades de riqueza. Necesitamos formas de tender puentes entre la agenda a corto y a largo plazo, para superar la «tragedia de los horizontes», término acuñado por Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra.
Los mercados no están tendiendo un puente eficaz hacia el largo plazo. Sin embargo, si los gobiernos tienen que construirlo, hay mucho desacuerdo sobre cómo hacerlo. Los titanes económicos actuales ofrecen análisis y soluciones diferentes. Jeffrey Sachs ha cuestionado la defensa que hace Paul Krugman de la inversión pública financiada con deuda; sostiene que el caso de Japón demuestra que tal enfoque podría no funcionar y dejaría como legado una deuda pública que deberán pagar las generaciones futuras. Lord Adair Turner, ahora investigador sénior del Institute of New Economic Thinking, ha cuestionado los beneficios de la política monetaria expansiva y sostiene que un estímulo fiscal sería más potente y equitativo y, en última instancia, menos costoso para el Estado y sus ciudadanos. Lawrence Summers sigue argumentando que la «estagnación secular», y no los factores cíclicos, sustenta nuestra situación actual, mientras Thomas Piketty mantiene su elegante interpretación de un aumento natural de la desigualdad. Ambos conciben distintos papeles para el gobierno: inversión pública financiada con deuda en el caso de Summers y un impuesto sobre el patrimonio como solución estatal preferida por Piketty.
Las naciones emergentes tienen experiencias convincentes que compartir sobre una intervención gubernamental decidida en pos del desarrollo a largo plazo. La planificación de políticas industriales y económicas vuelve a estar de moda, entre otras cosas por la importancia de la experiencia de China al desplegar una planificación descendente para catalizar y orientar a los actores del mercado. Del mismo modo, cualquier persona interesada en la transición hacia una economía verde necesariamente se interesa por el papel del Estado. Una vez más, las naciones emergentes ofrecen lecciones importantes sobre cómo el Estado puede impulsar nuevas industrias, acelerar el ritmo de la transición e involucrar a los bancos centrales y a los reguladores financieros en la atención de las necesidades de financiación verde.
El control estatal no es, por supuesto, la «solución mágica» para gestionar las burbujas de activos, evitar la estagnación secular o mitigar el cambio climático. Lo que hace falta es un Estado inteligente, debidamente facultado, informado y capaz de actuar de forma coherente: lo que Mariana Mazzucato llama el «Estado emprendedor». Los países desarrollados y en desarrollo comparten una agenda comparable, aunque quizá aborden el problema desde extremos distintos del espectro. Los países en desarrollo buscan liberalizar sus economías y, al mismo tiempo, mantener la coherencia, la estabilidad y una orientación estratégica. Muchos países desarrollados, por otra parte, han atravesado un período intenso de liberalización y ahora se preguntan si ha ido demasiado lejos.
La supervisión del sistema financiero es un ejemplo. Esta semana, en Davos, se publica el tercer informe de progreso de la Investigación del PNUMA sobre el Diseño de un Sistema Financiero Sostenible, «Vías para ampliar la escala». Se centra en el papel de quienes custodian el sistema financiero a la hora de establecer reglas que permitan alinear el sistema financiero con el desarrollo sostenible. Los hechos son claros. Los activos financieros mundiales, de alrededor de US$300 billones, no se destinan hoy de maneras que fomenten los activos reales que crean valor en el presente y en el futuro: el capital humano, social, natural y físico. La economía mundial actual, de US$80 billones, daña el medio ambiente cada año en una suma estimada de US$7 billones. Esta pérdida destructiva de valor se debe a una financiación que sigue aumentando la intensidad de carbono y de uso de recursos naturales. Los bonos verdes han experimentado un crecimiento alentador, aunque todavía modesto, y es importante reconocer que las principales bolsas de valores, los inversores institucionales y los bancos se han adherido a diversos principios voluntarios de sostenibilidad, códigos y compromisos de presentación de informes. Sin embargo, hace falta más, mucho más.
Para reorientar de manera más fundamental el sistema financiero hacia el desarrollo sostenible, quienes lo custodian deben adoptar su propósito más amplio y, por tanto, el propio. La mayoría de los países de la OCDE, por ejemplo, considera que la función de quienes tienen el mandato de supervisar el sistema financiero es mantener la estabilidad monetaria y financiera, así como la integridad y eficiencia de los mercados financieros. Se considera que los objetivos de política más amplios no son compatibles con una supervisión sólida, aunque hay excepciones, como el mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos de actuar en apoyo de altos niveles de empleo.
Los bancos centrales y los reguladores financieros de los países en desarrollo, por otra parte, aunque comparten estos objetivos fundamentales, parten de una posición distinta. En su manera de pensar y actuar, los mercados financieros existen para atender las necesidades de la economía real y, por tanto, del desarrollo nacional. Desde esta perspectiva, la supervisión de dichos mercados es parte integral de un marco de política económica más amplio. Por ello, no sorprende que los responsables de establecer las reglas de los mercados financieros de las naciones emergentes, desde Bangladesh hasta Brasil y desde China hasta Sudáfrica, hayan demostrado mayor apertura a integrar el medio ambiente y la equidad en su marco de referencia y, por tanto, también en sus acciones.
Hay unas pocas excepciones importantes en las que actores de países desarrollados han asumido el liderazgo para conectar los puntos. Standard & Poors, por ejemplo, ha encabezado la incorporación del riesgo climático en las calificaciones crediticias, y el Banco de Inglaterra ha iniciado una revisión prudencial de los riesgos sistémicos que el clima plantea al sector financiero del Reino Unido. Esta visión de futuro es alentadora, y la Investigación del PNUMA busca impulsar la convergencia entre los enfoques de los países en desarrollo y los desarrollados, canalizando ideas y enfoques mediante el diálogo y la participación activa en instituciones y procesos internacionales, como el Foro de Estabilidad Financiera y el G20.
El gobierno o, en términos más amplios, los organismos públicos, junto con las empresas, son fundamentales para encauzarnos por la senda adecuada: salir de la turbulencia económica de los últimos años y avanzar hacia una trayectoria de desarrollo sostenible. Acertar con el gobierno es el arte de una economía exitosa y el desafío que comparten los países desarrollados y en desarrollo. Davos puede centrar provechosamente su atención en este tema.
Una versión de este artículo también se publica en China Daily.
Autor: Simon Zadek, codirector de la Investigación sobre el Diseño de un Sistema Financiero Sostenible
Imagen: Vista general de los edificios de oficinas y del puente Guomao (abajo), en el distrito central de negocios de Pekín, 4 de agosto de 2010. REUTERS/Jason Lee
