Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
Por lo menos desde el otoño de 2008, los responsables de las economías más importantes han acordado, en principio, que hay que hacer algo con las entidades financieras que son “demasiado grandes para quebrar”. Se han dedicado grandes esfuerzos a ello, con innumerables reuniones internacionales, documentos de trabajo y comunicados. A principios de este mes, el Financial Stability Board (FSB), con sede en Basilea, anunció, con cierto bombo, la culminación de una etapa importante de este proyecto. Pero el anuncio solo sirvió para subrayar lo poco que se ha avanzado. Los bancos más grandes del mundo siguen siendo demasiado grandes para quebrar, y es probable que esto tenga consecuencias graves en un futuro próximo.
El problema de que algunas entidades sean demasiado grandes para quebrar no es nuevo: la expresión se utilizó por primera vez en Estados Unidos en los años ochenta. Se refiere a cualquier empresa, por lo general del sector financiero, cuyo fracaso tendría graves efectos externos negativos sobre el resto del sistema financiero y sobre la parte real (no financiera) de la economía.
Antes de septiembre de 2008, existían ciertas dudas sobre si las grandes entidades financieras no bancarias serían consideradas demasiado grandes para quebrar. Bear Stearns estuvo a punto de quebrar a principios de ese mismo año, antes de que la Reserva Federal interviniera para facilitar la compra por parte de JPMorgan Chase. Los accionistas de Bear Stearns no salieron bien parados, y gran parte de su alta dirección abandonó la empresa de inmediato, pero los acreedores quedaron totalmente protegidos (de hecho, garantizar esta protección fue un motivo central de la intervención de la Fed).
Cuando Lehman Brothers se vio sometido a una presión severa en septiembre de 2008, reinó la incertidumbre en los mercados financieros (y en la cúpula de Lehman): quizá la Fed volvería a ayudar de alguna manera. Según todos los indicios, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fed sí consideraron prestar asistencia, pero después se contuvieron, preocupados por extralimitarse en su autoridad legal y seguros de que permitir que Lehman quebrara no tendría consecuencias graves para la economía en general.
La segunda postura resultó ser espectacularmente errónea. Menos de 24 horas después de la quiebra de Lehman, las autoridades estadounidenses se apresuraban a evitar las ventas de activos a precios de liquidación, una corrida sobre los fondos de inversión del mercado monetario, el colapso de otros bancos de inversión (como Merrill Lynch, Morgan Stanley y Goldman Sachs) e incluso la desaparición de grandes bancos globales integrados (como Citigroup).
Mientras desplegaban una cantidad sin precedentes de medios para sofocar el incendio financiero, los responsables y legisladores de ambos lados del Atlántico dejaron claro que se trataba de una situación de “nunca más”. En cuanto se apagaran los incendios, se comprometieron a trabajar con diligencia para garantizar que el “próximo Lehman” pudiera quebrar mediante un proceso de “resolución” gestionado por el gobierno que no provocara pánico ni un colapso del crédito.
Esta tarea fue asumida a escala internacional por el FSB, creado tras la cumbre del G-20 celebrada en Londres en abril de 2009. Tras muchos años de estrecha colaboración con las principales autoridades nacionales (incluidas las de Estados Unidos y Europa), el 9 de noviembre el FSB publicó “Removing Remaining Obstacles to Resolvability,” junto con una serie de documentos técnicos relacionados.
Por desgracia, el marco del FSB presenta tres deficiencias que impedirán que se aplique de manera eficaz a los grandes bancos globales.
En primer lugar, por definición, los bancos globales operan a través de las fronteras, y no existe un acuerdo entre las distintas autoridades nacionales sobre cómo responder en una crisis. Posiblemente haya una mejor comunicación que antes de 2008, pero cuando llega el momento decisivo, eso vale poco. Los países implicados tienen normas jurídicas, procedimientos para proteger los activos locales y sistemas judiciales diferentes. Un tratado internacional importante podría abordar todo esto, pero las perspectivas inmediatas de que se firme uno son inexistentes.
En segundo lugar, el FSB propone exigir una Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) para todos los grandes bancos. Pero la TLAC no es más que jerga para decir que estos bancos deberían financiarse con fondos propios y con “deuda susceptible de bail-in”: deuda que puede convertirse en fondos propios (o quedar anulada) cuando se produce un evento oficial de resolución. Todo esto significa, en realidad, que parte de la deuda puede caer drásticamente de valor cuando los responsables oficiales activan el mecanismo.
Esto puede parecer elegante en teoría, pero es completamente inviable en la práctica. En cualquier crisis real, el verdadero temor de las autoridades es que la caída del valor de un activo (el valor de las acciones de los grandes bancos) provoque nuevas caídas en los precios de otros activos, lo que llevaría a una contracción más amplia del crédito. La idea de “deuda absorbedora de pérdidas” es un oxímoron.
En tercer lugar, lo que realmente importa para los sistemas financieros es el alcance de la financiación con fondos propios, incluido cuánto capital deben tener los bancos. Los niveles actuales son tan bajos (la deuda financia alrededor del 95 % de la exposición crediticia total en la mayoría de los grandes bancos estadounidenses, y una proporción algo mayor en los grandes bancos europeos) que los fondos propios de los bancos pueden quedar en gran medida anulados incluso con perturbaciones negativas moderadas.
Lo positivo es que la Fed parece cada vez más dispuesta a asumir este punto y avanza poco a poco hacia requisitos de capital más elevados para los bancos más grandes. Por desgracia, el fracaso del enfoque internacional del FSB significa que la Fed debe actuar en gran medida por su cuenta.
La publicación no implica el respaldo de las opiniones del Foro Económico Mundial.
Para estar al día de la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Simon Johnson es profesor en MIT Sloan.
Imagen: Un cartel de Bank Street y edificios de oficinas en altura en el distrito financiero de Canary Wharf, en Londres. REUTERS/Luke MacGregor.
