La banca global ha entrado en una nueva era en la que cada región, producto y entidad jurídica estará sometida a una regulación estricta.
Para evaluar la situación actual y los efectos futuros de la reforma regulatoria, hemos clasificado todo el espectro de reformas regulatorias y las hemos agrupado en tres categorías: estabilidad financiera, operaciones prudentes y resolución y separación. (Véase el gráfico 1).
Estabilidad financiera: las expectativas superan las intenciones de los reguladores
Desde el inicio de la crisis, establecer y salvaguardar la estabilidad financiera global y local ha sido la máxima prioridad de los reguladores. Como resultado, la estabilidad financiera es el área de reforma más desarrollada. Se han revisado o restablecido requisitos fundamentales, principalmente sobre la base de las normas de Basilea III. Esos requisitos constituyen ahora la base regulatoria global para el capital, el apalancamiento y la liquidez.
Muchos bancos ya cumplen o incluso superan los requisitos más estrictos de capital y liquidez, pero ambos siguen siendo prioridades máximas para los bancos. Esto se debe a que los inversores exigen cada vez más reservas adicionales por encima de los mínimos regulatorios. Cumplir estas expectativas del mercado en materia de capital y liquidez se convertirá cada vez más en un factor competitivo para los bancos.
Los inversores ya esperan que los bancos cumplan plenamente las ratios de capital ordinario de nivel 1 (CET1) de Basilea III, de al menos el 10 al 12 por ciento, aunque los reguladores exigen una ratio mínima de solo el 7 por ciento para 2019. Además, la atención de los inversores se ha desplazado ahora al cumplimiento de las ratios de apalancamiento. Se esperan requisitos mínimos en el rango del 5 al 6 por ciento, claramente impulsados por Estados Unidos y el Reino Unido, lo que eleva el listón en cuanto a los niveles de capital.
Anticipamos una evolución similar para las ratios de liquidez. Debido a la intervención de los bancos centrales, los inversores aún no han considerado que esta cuestión sea crítica. Aunque ya se han finalizado los requisitos de la ratio de cobertura de liquidez, la ratio de financiación estable neta (NSFR) sigue debatiéndose. A pesar de las dudas de algunos bancos, creemos que la intención regulatoria de supervisar la liquidez bancaria a largo plazo es lo bastante firme como para impulsar la implementación de la NSFR.
Los esfuerzos en materia de estabilidad financiera se centrarán en armonizar globalmente diversas normas regulatorias, como las reglas de la ratio de apalancamiento, y en definir medidas técnicas adicionales relacionadas con el capital para abordar las normativas actuales que son insuficientes. Como primer paso, se revisará la medición del riesgo de mercado de las posiciones de la cartera de negociación en el marco de la revisión fundamental de dicha cartera. También se renovará la medición del riesgo de las titulizaciones sobre la base de las normas para implementar el marco de titulización de Basilea III.
Por último, está por ver cómo se hará cumplir la armonización global. (Véase «Desmitificar el debate transatlántico: ¿está nivelado el terreno de juego para los bancos de EE. UU. y la UE?»). También hay cuestiones relacionadas con el desarrollo futuro de los requisitos de liquidez de los pilares 1 y 2, y con el grado en que se ajustarán a la evolución de las normas de capital.
Operaciones prudentes: comienza una nueva partida
Además de establecer la estabilidad financiera tras la crisis, los reguladores también se han centrado en episodios de aparente mala conducta. Las tácticas abusivas de venta, las estructuras de comisiones opacas, la manipulación de índices y los conflictos de intereses han sido algunos de los principales objetivos de las medidas regulatorias para garantizar operaciones prudentes. Los reguladores han hecho hincapié en la protección del consumidor y han proporcionado directrices claras para la negociación, aumentado los requisitos de cumplimiento y endurecido los requisitos de documentación y presentación de informes.
Entre las normativas más destacadas ya vigentes figuran la Directiva y el Reglamento relativos a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II/MiFIR) en la UE, así como el título VII de la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos. Las normas europeas buscan armonizar los mercados financieros europeos y mejorar la protección del consumidor. Entre otros requisitos, han definido la transparencia de los mercados electrónicos, incluidos los «dark pools». En Estados Unidos, el título VII de Dodd-Frank crea un marco para regular los mercados de swaps, por ejemplo, imponiendo requisitos más estrictos para la compensación y negociación de derivados OTC. Entre los temas aún en desarrollo figuran los principios para una agregación eficaz de datos de riesgo y la presentación de informes de riesgo, más conocidos como BCBS 239, publicados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Además, la aplicación drástica de sanciones, el aumento de la responsabilidad personal de las «personas que actúan» (quienes participan activamente en el negocio) y la responsabilidad penal parcial de los ejecutivos y la alta dirección representan un endurecimiento significativo de las normas. Esta parte de la reforma refleja la intención de los reguladores de provocar un cambio cultural en la banca, haciendo que los bancos estén más dispuestos a actuar de forma mucho más transparente y proactiva frente a las autoridades de supervisión y el mercado.
En resumen, creemos que, desde el punto de vista de los reguladores, el modelo objetivo de operaciones prudentes está claro, y ahora corresponde a los bancos implementarlo y, sobre todo, controlarse a sí mismos.
Resolución y separación: primeros pasos hacia la capacidad de resolución
Aunque las normativas que rigen la estabilidad financiera y las operaciones prudentes están en gran medida establecidas, las reformas de resolución y separación siguen sobre la mesa y aún deben implementarse.
Entre los objetivos centrales de las reformas posteriores a la crisis están encontrar formas de proteger las funciones críticas para la economía real y evitar cualquier necesidad futura de rescates financiados por los contribuyentes. Pero si un banco quebrara hoy, el dinero de los contribuyentes estaría en riesgo: la intención regulatoria aún no se ha alcanzado.
Sin embargo, algunos elementos de la resolución han avanzado, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Reformas de estabilidad financiera relacionadas con la resolución. Los recargos de capital, así como la estructuración en cascada de los balances mediante reglas de bail-in, están a punto de entrar en vigor, pese al debate en curso sobre el nivel absoluto de los requisitos mínimos (como la posible capacidad total de absorción de pérdidas del Pilar 1). También se ha abordado la cuestión de la interconexión. Los límites a las grandes exposiciones para los préstamos intragrupo reducirán la interconexión entre entidades jurídicas de un mismo grupo bancario. La interconexión con otros bancos se deriva principalmente de los derivados y los préstamos interbancarios. La primera se ha abordado mediante la adopción de obligaciones de compensación de derivados estandarizados a través de entidades de contrapartida central y los desincentivos de capital para los derivados no compensados. Los desincentivos de capital también constituyen el principal paso para reducir las interdependencias con estos últimos.
La resolución de la interconexión con entidades no bancarias es, hasta ahora, el área que menos ha avanzado, pero sigue ocupando un lugar destacado en la lista de seguimiento de los reguladores, que pretenden utilizar límites como posible medio para resolver esta cuestión.
Reformas de operaciones prudentes relacionadas con la resolución. Una vez completados, los principios BCBS 239 para la agregación y presentación de informes de datos de riesgo constituirán, desde el punto de vista regulatorio, una contribución importante a la mejora de la capacidad de resolución de los bancos, porque aumentan la transparencia de las carteras individuales. La transparencia se logra mejorando la capacidad de los bancos para agregar y comunicar datos de riesgo de forma precisa, exhaustiva y oportuna.
Un panorama regulatorio complejo no es el único obstáculo para crear y armonizar medidas de resolución. La diversidad de la industria bancaria global también plantea dificultades considerables. Los mecanismos de resolución deben diseñarse para funcionar en circunstancias de emergencia, teniendo en cuenta una multitud de modelos de negocio y perfiles de rendimiento-riesgo y costes de refinanciación fundamentalmente distintos.
Aunque ya se ha exigido a los bancos que diseñen sus propios planes de recuperación y resolución, estos «testamentos vitales» han sido, en muchos casos, parte del problema y no de la solución. Hasta la fecha, en gran medida no han proporcionado a los reguladores la transparencia y fiabilidad necesarias para resolver grandes bancos transfronterizos y proteger funciones económicas cruciales. En cambio, se han visto afectados por supuestos poco realistas y sin suficiente fundamento, por ejemplo, sobre el comportamiento de las contrapartes, los inversores y las entidades de contrapartida central. Los testamentos vitales tampoco han logrado identificar los cambios en la estructura y las prácticas bancarias que serían necesarios para mejorar las perspectivas de una resolución ordenada.
En consecuencia, el debate sobre las reformas estructurales bancarias como medio para reducir la complejidad y proteger la economía es una prioridad creciente. A nivel nacional, ya han entrado en vigor diversas iniciativas, y Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza son los más avanzados. (Véase el gráfico 2).
Se esperan con interés los próximos pasos de los reguladores estadounidenses —que rechazaron los testamentos vitales de varios grandes bancos—, así como los cambios a la propuesta de separación de la UE y los respaldos del G20 por parte de los líderes en la cumbre de Brisbane.
Aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar las intenciones de los reguladores en materia de resolución y separación. En primer lugar, debe garantizarse la implementación de todas las medidas creadas hasta la fecha y supervisarse su eficacia. Muchas de estas medidas solo existen sobre el papel, por lo que aún debe demostrarse en la práctica la eficacia de sus incentivos. Además, quedan cuestiones transfronterizas pendientes de abordar. Entre ellas figuran acuerdos de colaboración selectiva, así como la armonización de los reguladores en torno a un marco global de resolución y normas globales, por ejemplo, para los contratos de derivados.
En las operaciones y transacciones cotidianas, los reguladores se enfrentan a la tarea de supervisar la eficacia de los cambios culturales y de incentivos que han impuesto a los bancos. Y, por último, es probable que el tema de la separación como medio para reducir la complejidad siga vigente. Está por ver si se lograrán nuevos avances hacia ese objetivo, tanto a nivel regional como global.
Este artículo fue publicado originalmente por The Boston Consulting Group. Lea más análisis de BCG en bcg.perspectives. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Gerold Grasshoff es socio sénior y director general de BCG en Frankfurt. Thomas Pfuhler es director de BCG en Múnich. Norbert Gittfried es director de BCG en Frankfurt. Filip Saelens es consultor de BCG en Múnich.
Imagen: Se ve la sede de una empresa francesa en Courbevoie, en las afueras de París. REUTERS.
